La detención de Carles Puigdemont en Italia ha sorprendido al Gobierno en pleno cambio de estrategia con el expresidente de la Generalitat. La aprobación de los indultos, la solidez de la alianza con ERC —una petición expresa del PSC— y la llegada de Pilar Llop al Ministerio de Justicia han dado un giro a la forma a la que el Ejecutivo aborda el caso. El Gobierno es partidario de dilatar la hipotética entrega de Puigdemont a España, que La Moncloa da por hecho se producirá tarde o temprano. Y por eso, entre otras razones, Pedro Sánchez ha congelado las reformas de los delitos de sedición y rebelión.
El arresto de Puigdemont en Cerdeña y su posterior liberación pone en jaque toda esa estrategia, según explican diversas fuentes a Vozpópuli. Por un lado, porque se produce antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la cuestión de las euroórdenes. Por otro, el jaleo que rodea el caso vuelve a tensionar a los partidos separatistas en un momento en el que el Gobierno negocia con algunas de estas formaciones los Presupuestos del 2022.
"Este proceso puede no venirle nada bien a España. Vuelve a poner el foco en este debate que alimenta el independentismo sobre si hay o no una persecución contra Puigdemont. Y los jueces que tienen que decidir en Luxemburgo no son insensibles a lo que leen en los medios", dicen estas fuentes. "¿Qué pasaría si por ejemplo Italia entrega a Puigdemont y un año después el Tribunal mantiene su inmunidad?".
Cambio de estrategia con Puigdemont
El debate jurídico en torno a la inmunidad y la negativa sistemática de Bélgica a cumplir con las órdenes de entrega emitidas por el Tribunal Supremo es una de las cuestiones clave para dirimir esta batalla. La palabra es "prudencia". Así lo ha reclamado por ejemplo el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, que preside el Comité Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo que debatió y aprobó retirar la inmunidad de Puigdemont.
Pero políticamente hay otras cuestiones en juego. La estrategia del Gobierno socialista con Puigdemont ha dado un giro con los indultos. Puigdemont ha pasado a un segundo plano. Y la mejor prueba es la decisión de posponer las reformas de los delitos de sedición y rebelión. Esta modificación se considera clave para facilitar su regreso a España.
Otra de las novedades es el relevo en el Ministerio de Justicia. Llop ha reemplazado a Juan Carlos Campo, el ministro de los indultos. Y los mensajes que Llop ha trasladado en privado es que no tiene intención de favorecer al expresidente catalán en nada. Sin embargo, el Gobierno también es reo de sus acciones anteriores.
ERC y los Presupuestos
El Gobierno se manifestó en el proceso de la Eurocámara que retiró la inmunidad de la que gozaba Puigdemont como eurodiputado. El escrito de la Abogacía del Estado venía a decir que cualquier orden europea de detención quedaba suspendida hasta que el Tribunal europeo resolviera la cuestión de fondo. El episodio de Cerdeña ha evidenciado que para el Tribunal Supremo y el juez instructor Pablo Llarena esa orden está en vigor desde el 2019.
Toda esta atención que ha recuperado Puigdemont de repente llega en un momento especialmente sensible para el Gobierno, que se está jugando la aprobación de los Presupuestos. La presión es ahora para ERC, socio preferente de Sánchez en la negociación presupuestaria y el partido que preside la Generalitat.
La formación republicana no tiene intención de poner fin a la legislatura ni a romper los puentes con Sánchez. Pero todo dependerá de si Italia entrega finalmente a Puigdemont. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha exigido la "puesta en libertad inmediata" Puigdemont y la retirada de todas las euroórdenes de detención contra los líderes huidos del procés. Aragonès ha acusado al Estado de no haber actuado "de buena fe" ante la Justicia europea, lo que a su juicio "no ayuda a la resolución del conflicto" catalán.
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