El Ministerio de Sanidad ha dejado de hacer públicos los contratos sobre la adquisición de material sanitario que ha adjudicado en las últimas semanas, coincidiendo con la publicación de informaciones que cuestionaban diversas licitaciones por contar con empresas opacas o haber incurrido en errores administrativos. Fuentes del Gobierno consultadas por Vozpópuli confirman, no obstante, que la compra de todo este material ha seguido su curso habitual y que se han seguido recibiendo lotes de protección durante este periodo de tiempo.
Este diario ha comprobado cómo desde el departamentos dirigido por Salvador Illa se ha dejado de publicar las adquisiciones de material sanitario que se han aprobado por medida de urgencia. No así en otros Ministerios, que ofrecen información más actualizada en la Plataforma de Contrataciones, de acceso público y constituida como una herramienta de transparencia para conocer dónde terminan los fondos públicos.
La Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), órgano del Ministerio de Sanidad que ha canalizado la adquisición de material de protección por valor de mil millones de euros, publicaba de forma periódica todas las licitaciones en este portal. Todas ellas estaban detalladas con un título alfanumérico: "COVID", en referencia al motivo de la adquisición, y una cifra que detallaba el número de la licitación. El último contrato anunciado fue el 'COVID61' para la adquisición de kits de detección y de extracción por un valor de 2,6 millones de euros, adjudicado a Roche Diagnostics S.L. La formalización se hizo pública el pasado 11 de mayo (este jueves se cumplen diez días).
Sanidad sí que ha publicado otras referencias menores y gestionadas por otros organismos. Por ejemplo, por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. Pero no hay rastro de las licitaciones de INGESA -las más cuantiosas- en este periodo de tiempo. Fuentes del departamento detallan que las compras, no obstante, siguen realizándose y que "todo lleva su ritmo".
"Transparencia"
El propio Salvador Illa ha defendido en varias ocasiones la "transparencia" con la que su departamento está gestionando la crisis sanitaria; también sobre la adjudicación de contratos para la compra de material. Entre finales de febrero y principios de mayo, su ministerio publicó decenas de licitaciones en la Plataforma de Contrataciones -antes de hacerlo, Vozpópuli informó de que Gobierno y comunidades autónomas incumplían la ley si no los revelaban-.
A partir de entonces se conocieron varios negocios con empresas que ocultaban a sus gestores tras un entramado opaco de reciente creación, como HongKong Travis Asia; una sociedad a la que se le adjudicaron compras por valor de 245 millones de euros y cuyos representantes fueron multados por incumplir la ley local de lavado de dinero. Sanidad también encontró severos problemas al adquirir test defectuosos y mascarillas que no cumplían los estándares de seguridad.
Todas estas licitaciones aprobadas por procedimiento de emergencia -justificada en el estado de alarma- se han realizado sin concurso público. Los contratos recogen un párrafo estándar en el que apelan las capacidades de las compañías adjudicatarias a responder a las peticiones del Gobierno, con la reserva de rescindir el acuerdo en caso de detectar su incumplimiento parcial o total.
Asimismo, Illa admitió un cúmulo de "errores administrativos" en al menos una docena de adjudicaciones a empresas cuyas sedes principales estaban en el extranjero. Al anunciarlas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde debían detallar la ubicación y la localidad de las sociedades, el ministerio detallaba "domicilio desconocido". Diversas informaciones apuntaban a una supuesta opacidad en los contratos. Sanidad los corrigió rápidamente en la Plataforma de Contrataciones y en el BOE.
