Societat Civil Catalana (SCC) ha presentado este jueves ante el Tribunal de Cuentas una demanda contra Carles Puigdemont y otra decena de exaltos cargos del Gobierno catalán, en forma de acción pública, para que "devuelvan los gastos del 1-O y la acción exterior de la Generalitat".
La asociación reclama hasta 5,3 millones de euros a Puigdemont (3,3 millones), Oriol Junqueras (2,5 millones) y Artur Mas (1,8 millones). Según fuentes de SCC, la entidad ha decidido presentar esta demanda ante el Tribunal de Cuentas por "deber cívico, de pedir que se reintegre y devuelva lo que se malversó".
La ofensiva de SCC no se limita a España. Llevan meses señalando a los exaltos cargos de la política catalana en las instituciones europeas
SCC acusa a los exmiembros del Gobierno catalán de haber malversado 5.309.807,02 "en gastos relativos al referéndum ilegal del 1 de octubre y a la propaganda internacional del procés al margen de las competencias estatutarias de la Generalitat".
Los incausados en la demanda son Carles Puigdemont (3.303.000 euros) , Oriol Junqueras (2.515.000 euros), Artur Mas (1.840.000 euros), Raül Romeva (617.000 euros), Dolors Bassa (1.301.000 euros), Francesc Homs (1.936.000 euros), Toni Comín (1.134.000 euros), Clara Ponsatí (900.000 euros), Jordi Turull (505.000 euros), Neus Munté (338.000 euros) y Lluis Puig (238.000 euros), a los que se acusa de uso de locales públicos para la consulta ilegal, gastos de difusión e infraestructuras digitales para promoción del referéndum, encargo de papeletas, pagos de viajes a "observadores" de la consulta ilegal o contratos de lobbies para promoción de la causa independentista con el dinero de todos los ciudadanos.
Única acción pública en la causa
Elda Mata, vicepresidenta de Acción Territorial y Judicial de SCC, ha asegurado ante el Tribunal de Cuentas que la asociación actúa cumpliendo su "deber cívico" para "defender a los millones de ciudadanos que pagan sus impuestos y cumplen las leyes". "Durante años el gobierno catalán ha destinado millones de euros a acciones ilegales para las que no tenía competencia ni legitimidad. Pero se ha acabado el tiempo de la impunidad. A cada actividad ilegal responderemos con una acción judicial", sostiene.
La vicepresidenta de SCC ha remarcado que en una democracia moderna no corresponde sólo a los poderes públicos velar por el buen uso de los fondos públicos, sino que "la ciudadanía debe ejercer una labor de fiscalización activa del dinero que pagamos con nuestros impuestos". "Societat Civil Catalana será la única acción pública en esta causa, en la entidad y los miembros de su Junta Directiva se juegan centenares de miles de euros en costas", explican desde la asociación.
Mata ha agradecido "el empeño" de Manuel Miró, responsable jurídico en la Junta de SCC, que ha coordinado en nombre de la entidad la preparación de esta acción judicial. Además, Societat Civil Catalana ha abierto una campaña de crowdfunding para ayudar a sufragar los gastos de este proceso judicial.
Ofensiva en Bruselas
La ofensiva de SCC no se limita a España. Llevan meses señalando a los exaltos cargos de la política catalana en las instituciones europeas. El pasado 9 de diciembre, el eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá y la cúpula de Sociedad Civil Catalana se reunieron el comisario de Justicia de la Unión Europea. En aquel encuentro, la entidad contraria al independentismo advirtió al comisario Reynders de "la deriva iliberal que ha seguido la Generalitat de Cataluña estos últimos diez años, incluyendo las campañas de desprestigio del Estado de Derecho, la permanente apología de la desobediencia y el clima de coacción a las instituciones judiciales".
Sánchez Costa, presidente de SCC, entregó al comisario un informe sobre "la desertización de la planta judicial en Cataluña y su relación con el acoso que sufren jueces y fiscales con motivo del proceso independentista". Reynders también fue informado sobre "la grave vulneración de derechos en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana por querer hablar y estudiar en español". El comisario se comprometió a supervisar "personalmente" el caso de acoso contra la familia del niño de Canet de Mar que pidió un 25% de clases en castellano.
Respuesta de Puigdemont
Puigdemont respondió solicitando una reunión con el mismo comisario y, tal y como adelantó Vozpópuli, dirigió una batería de preguntas a la Comisión Europea vinculando a Sociedad Civil Catalana con la extrema derecha española, Vox y la Fundación Franco. Solicitan respuestas por escrito.
"El 9 de diciembre de 2021, el comisario Reynders se reunión con la organización española Societat Civil Catalana (SCC) para tratar la situación política de Cataluña. Esta autoproclamada 'plataforma cívica', fundada en 2014 en contra del movimiento independentista de Cataluña, dista mucho del movimiento popular que dice ser. La SCC fue fundada y financiada por políticos e importantes empresas con el objetivo específico de crear la apariencia de una movilización popular contra la independencia en Cataluña", arrancaba el escrito de Puigdemont.
