La unificación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en un nuevo cuerpo de policía civil es una de las reivindicaciones “históricas” del SUP, que entienda que la misma “atendería la demanda histórica de la mayoría de los profesionales de ambos cuerpos”. Una decisión que, en su opinión, reduciría costes, evitaría duplicidades y conflictos competenciales, acabando así con la descoordinación, e impulsaría la modernización de todas sus estructuras y el reconocimiento de algunos derechos civiles negados hasta ahora a la Benemérita, en alusión al derecho de sindicación. En este planteamiento, la Guardia Civil actual, con carácter militar, quedaría reducida para realizar únicamente funciones de vigilancia de fronteras y misiones exteriores en procesos de paz.
Se conseguiría así, dice el sindicato, “una policía auténticamente civil, regida exclusivamente por criterios técnicos y profesionales” que aspira a ser el mejor servicio público de nuestro país, “en el que sus profesionales se sientan integrados en una organización limpia y ajena a cualquier atisbo de corrupción o sometida a los intereses de ninguna formación política”.
El documento entregado a los partidos sostiene que la convergencia de ambos cuerpos en uno de nueva creación debe ir acompañado de una nueva Ley de Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado que establezca con claridad la distribución de competencias de las distintas policías. Y vuelve a reclamar que se superen “las discriminaciones profesionales, económicas y laborales de los distintos cuerpos policiales”, en especial la “gravosa desigualdad retributiva y de acceso a recursos profesionales del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en comparación con las policías autonómicas”.
El sindicato policial dice que la unificación "atendería la demanda histórica de la mayoría de los profesionales de ambos cuerpos"
El resto de las solicitudes del SUP a los partidos tienen que ver con cuestiones estrictamente profesionales relativas a la promoción y ascensos, al reconocimiento de méritos/condecoraciones, y a los procedimientos en la asignación de puestos de trabajo. En el primer aspecto, el sindicato pide que los procesos de ascenso se sustenten exclusivamente “en pruebas objetivas y mensurables”, evitando las prácticas actuales, que permiten “la abierta y completa discrecionalidad de los miembros de los tribunales, que son designados libremente por la dirección política” de la Policía.
En cuanto a la concesión de medallas, el SUP reclama que se sometan a la legislación en vigor, con criterios de “igualdad de oportunidades, mérito y capacidad”. Dicha legislación tiene en cuenta el riesgo corrido por el funcionario en el desempeño de su función, e incluso haber sido herido en algún caso, que podría modificarse, dice el sindicato, para contemplar también algunos servicios que no conllevan riesgos físicos pero que requieren una gran implicación y preparación técnica.
Por último, el SUP pide que se reduzcan o eliminen los puestos de trabajo que se cubren por el procedimiento de libre designación en los que, dice, ni siquiera se está cumpliendo la ley. Esta establece que los mismos sean convocados expresando cuáles han de ser los méritos requeridos a los aspirantes, y en su adjudicación han de atenerse sus méritos y capacidades. “En ningún caso, tal como han estimado nuestros más altos tribunales, la libre designación puede utilizarse como una prerrogativa discrecional”.
Para evitar la politización de la Policía, el sindicato propone dotar de una mayor seguridad jurídica a los integrantes de la Escala Superior (comisarios) en sus puestos de trabajo, sobre todo a los que desempeñan jefaturas de unidades especializadas, “sujetos actualmente a un procedimiento de libre designación de aquellos que ejercen el poder político en el seno del Cuerpo Nacional de Policía y que utilizan este sistema de adjudicación como un instrumento para adherir lealtades espurias o castigar a quienes no se someten a sus intereses”.
