El Gobierno ha estimado que alrededor de 100.000 negocios han visto alterada su actividad por la DANA (70.900 autónomos y 33.869 empresas) y pueden beneficiarse de las ayudas directas. El periodo para solicitarlas arrancó el pasado 19 de noviembre y será el próximo 1 de diciembre cuando empiecen a abonarse. Sin embargo, según los datos que manejan en Moncloa, hasta este miércoles se habían acogido a ellas un total de 18.819 empresarios o autónomos. Es decir, menos de un 20% de los potenciales beneficiarios.
Las ayudas para empresas dependen del volumen de operaciones. En concreto, para aquellas que facturan menos de un millón de euros, las ayudas serán de 10.000 euros; para aquellas que están entre el millón y los dos millones, de 20.000 euros; cuando la facturación oscile entre los dos y los seis millones, la ayuda alcanzará los 40.000 euros; si facturan entre seis y 10 millones, se condecerán 80.000 euros; y cuando el volumen supere los 10 millones, la ayuda subirá hasta los 150.000 euros. En el caso de los autónomos, las ayudas son fijas: 5.000 euros por profesional.
En total se han dispuesto 838 millones de euros para estas ayudas. Aunque la Agencia Tributaria empezará a abonarlas el 1 de diciembre mediante transferencia bancaria, los casi 86.000 empresarios y autónomos que todavía no se han acogido y podrían hacerlo al tener su domicilio fiscal en los municipios más afectados podrán solicitarlas hasta el 31 de diciembre de 2024. Es decir, tienen aún un mes y bastaría con confirmar el número de cuenta bancaria en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, según informan desde el Ministerio de Hacienda.
Las ayudas impiden el despido de trabajadores
Estas ayudas, que se anunciaron en el primer paquete aprobado por el Gobierno el 5 de noviembre, estarán exentas de tributación tanto en el IRPF por actividades económicas, como en el Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, en el segundo paquete aprobado el 11 de noviembre se incluyó el 'escudo laboral' diseñado por el Ministerio de Trabajo, que prohibe despedir a trabajadores a aquellas empresas que se beneficien de las ayudas o se acojan a los ERTE por fuerza mayor. Si lo hacen, el cese se declararía nulo y tendrían que devolver las ayudas.
Esta medida podría estar condicionando a las empresas a la hora de solicitar estas ayudas. De hecho, también las peticiones para acogerse a los ERTE por fuerza mayor avanzan a paso sostenido pero lento. Hasta este miércoles se habían acogido 2.467 empresas, apenas un 8% de las que podrían beneficiarse (alrededor de 30.000). Estos expedientes suspenden temporalmente, total o parcialmente, a 26.773 trabajadores, que representan sólo un 7% de todos los trabajadores que el Gobierno calcula que podrían verse afectados (400.000).
Fuentes conocedoras explicaron a este periódico que muchas empresas han esperado para tomar la decisión ante la duda de si podrán recuperar la actividad y los empleos en unos meses o están abocadas al ERE y al cierre definitivo. Otras fuentes ya advirtieron de la "inseguridad jurídica" que provocó el hecho de que esta y otras medidas laborales no estuvieran incluidas en el primer Real Decreto-ley y tardaran una semana en tener carácter legal pese a que el Ministerio de Trabajo ya lo había anunciado.
El 76% de las solicitudes, al Consorcio de Seguros
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles en el Congreso que se han recibido ya 273.600 solicitudes en total, pero desde Moncloa aclaran que la mayor parte, un 78%, corresponden a las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (213.101). En euros, se han realizado pagos por más de 60 millones, aseguró Sánchez, una cifra reducida si se compara con el presupuesto total (16.600 millones). Sánchez espera elevarla hasta los 160 millones la semana próxima, con los pagos de las ayudas directas a empresas y autónomos, así como a hogares.
En cuanto a las ayudas directas para los 100.000 hogares afectados por la DANA, el Gobierno cifra en 15.805 las solicitudes recibidas hasta ahora. Este jueves el Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobará un tercer paquete de medidas entre las que ampliará los potenciales beneficiarios de estas ayudas. Pedro Sánchez ha avanzado que se va a reconocer que personas distintas a las convivientes puedan obtener las ayudas por fallecimiento, así como la posibilidad de que los familiares del fallecido reciban también las ayudas por daños en la vivienda.
El presidente del Gobierno también adelantó que se aprobarán más medidas para "relanzar la actividad económica". Según dijo, se activará una nueva línea de 1.200 millones de euros para que los autónomos y empresas industriales y turísticas puedan reparar sus instalaciones, equipos y stocks de productos, y puedan realizar nuevas inversiones. Asimismo, se habilitará también una “vía rápida” para la financiación preferente de operaciones de reconstrucción y recuperación de capacidades innovadoras y tecnológicas en las zonas afectadas.
