Llega la hora de la verdad para los 66 titulares de las tarjetas 'black' de Caja Madrid, que se sentarán en el banquillo a partir del lunes 26 de septiembre. Tras una investigación exprés por parte del juez Fernando Andreu, de poco más de un año, 66 exconsejeros y exdirectivos de la caja madrileña se enfrentan a la acusación del fiscal y de la acusación popular del caso.
Al contrario que en la causa de la salida a bolsa, el fiscal Alejandro Luzón tiene clara la culpabilidad de los titulares de las tarjetas opacas y está determinado a conseguir una condena. Y Luzón, según explican fuentes de Anticorrupción, sólo ha perdido un proceso en juicio oral. Fue el de César Alierta por el caso Tabacalera, en el que el expresidente de Telefónica fue absuelto por considerarse prescritos los delitos, en un tribunal presidido por la ahora alcaldesa Manuela Carmena.
Luzón será, por tanto, el principal obstáculo al que se enfrentarán los antiguos gestores de Caja Madrid para evitar una sentencia en contra, junto a Andrés Herzog, excandidato para el Congreso de UPyD y actual abogado de la acusación popular, el sindicato CIC.
El fiscal Luzón sólo ha perdido un juicio oral, el del caso Tabacalera en el que Alierta fue absuelto al prescribir el delito
Luzón dirige su acusación principalmente contra Miguel Blesa, para al que pide seis años de cárcel, Rodrigo Rato (cuatro años y medio) y los exconsejeros, que como representantes del máximo órgano de control de la caja debían haber protegido sus intereses. Sin embargo, para los exdirectivos pide como máximo 2 años, con lo que de no tener antecedentes se librarían de pisar la prisión. Mientras, Herzog no hace esta última diferenciación entre consejeros y directivos.
Ante este panorama, los procesados han trabajado durante los últimos meses en su línea de defensa, presentando incluso informes periciales de parte, a los que ha tenido acceso este medio. La estrategia procesal para evitar la condena, girará en torno a cinco puntos:
1. Las tarjetas 'black' eran parte del sueldo
Para los titulares de los plásticos, principalmente los directivos, las tarjetas eran parte de su remuneración, que daba a su libre albedrío Blesa. Aun así, todavía no ha quedado acreditado que esta fórmula de retribución quedara registrada en ningún contrato de alta dirección, por lo que podría tratarse de un sobresueldo irregular que no pagó impuestos, según las acusaciones.
En el caso de los consejeros, justifican que se les dio la tarjeta para compensar los gastos de representación que tenían al acudir a eventos, realizar viajes y organizar comidas de trabajo. Aun así, los extractos de las tarjetas han acreditado en la práctica mayoría de los casos que los gastos no tenían nada que ver con su labor en Caja Madrid.
2. No eran opacas: las conocían Banco de España y Hacienda
Una de las grandes estrategias a la que se aferrarán los procesados es que el Banco de España y la Agencia Tributaria estuvieron al tanto de la contabilidad de las tarjetas 'black'. Por tanto, no eran opacas. El informe pericial de parte firmado por el catedrático Jesús F. Santos establece que las cuentas donde se recogían los gastos de las tarjetas fueron revisadas por Hacienda: “Por tanto, cabe concluir que no estaban ocultos los cargos contables de las tarjetas de crédito de los consejeros no ejecutivos en la contabilidad de Caja Madrid”, expone.
Lo mismo respecto al Banco de España: “No consta ningún informe, ni de la auditoría interna, ni del supervisor, ni de la auditoría externa, que evidenciara alguna irregularidad, advertencia, observación u opinión negativa en relación con la codificación y justificantes necesarios”, apunta.
3. Las tarjetas venían de los años 80
Otra de las excusas que emplearán los titulares de las tarjetas 'black', principalmente los consejeros ejecutivos, es que se trataba de una práctica que procedía de la época anterior a Blesa, en la que el presidente era Jaime Terceiro. El juez Andreu y el fiscal Luzón no dieron credibilidad a esta tesis durante la fase de instrucción. En su declaración como testigo, Terceiro señaló que él aprobó unas tarjetas para gastos de representación y que tributaban a Hacienda.
4. Nuevas facturas
Los procesados –principalmente consejeros no ejecutivos- cuentan con un conejo en la chistera. Algunos de ellos argumentarán que daban tan por seguro que la tarjeta era para sus propios gastos que pagaron de su bolsillo otras facturas. Se prevé que incluso presenten comprobantes de dichos costes. Eso les podría servir para evitar la acusación por apropiación indebida, ya que no habrían sabido que lo que gastaban era irregular. Sin embargo, otro debate es la administración desleal, al permitir (en primera persona) una remuneración irregular no aprobada por el consejo.
5. Protección de datos y prescripción
Algunos de los titulares de las tarjetas 'black' tratarán de aferrarse a la letra pequeña de la investigación para librarse de la condena. Por un lado, aseguran que Bankia incumplió la ley de protección de datos en la investigación, lo que enterraría el caso. Aun así, la Sala de lo Penal ha rechazado en un par de ocasiones este argumento. Junto a ello, algunas defensas pedirán que se desestime el caso para su cliente al haber prescrito el delito. El juez Andreu ya archivó la causa para 13 exconsejeros y exdirectivos, pero se lo negó al resto.
Los arsenales jurídicos ya están preparados para la batalla que se librará en los juzgados de la Audiencia a partir de la próxima semana. Durará dos meses y medio y en ella puede llegar la primera gran condena tras el rescate financiero.
