El caso de los coroneles Manuel Sánchez Corbí y Diego Pérez de los Cobos, cesados en sus cargos por el ministro Fernando Grande-Marlaska, ha llegado hasta el Tribunal Supremo. El recorrido judicial ha levantado una polvareda en el seno de la Guardia Civil; no sólo por la ascendencia que los dos mandos tenían en la Unidad Central Operativa (UCO) y en la Comandancia de Madrid, respectivamente, sino por el sentido de una sentencia que fijará un criterio sobre los puestos de libre designación en el Instituto Armado. Cerca de 4.000 agentes que entre sus funciones asumen la investigación sobre la corrupción política están en la misma situación administrativa. Y temen que sus puestos estén sujetos a una mayor volatilidad en función de la decisión judicial.
Cada uno de los casos atiende a unas circunstancias y un contexto distinto, pero guardan ciertos paralelismos. El coronel Sánchez Corbí fue cesado en sus funciones al frente de la Unidad Central Operativa poco después de que Fernando Grande-Marlaska tomara las riendas del Ministerio del Interior. Tras toda una trayectoria dedicada a la lucha antiterrorista, se le encontró un puesto al frente del Servicio de Protección y Seguridad del Instituto Armado. Poco después dio el salto a la actividad privada.
Por su parte, Pérez de los Cobos fue cesado en plena investigación sobre el papel del entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al permitir las manifestaciones del 8-M de 2020 cuando el coronavirus comenzaba a manifestarse con especial virulencia. El entorno del coronel sostiene que sus superiores le pidieron el informe una vez lo había entregado a la juez, pero que éste se negó en consonancia con lo que establece la ley, que sólo debía rendir cuentas ante la magistrada.
Ambos fueron destituidos de sus cargos en medio de un gran revuelo mediático. El motivo que se alegó desde el Ministerio del Interior fue la "pérdida de confianza" al ocupar puestos de libre designación, sin mayores explicaciones sobre ninguno de los dos casos. Los dos coroneles, cada uno por su cuenta, recurrieron a la Justicia. Tras un largo recorrido, el Tribunal Supremo deberá decidir si sus ceses estuvieron lo suficientemente motivados.
Los puestos de libre designación
"No se trata únicamente de dos casos, sino los de todos los guardias civiles que también ocupan puestos de libres designación", señalan a Vozpópuli fuentes internas de la Guardia Civil. Entre ellos se encuentran algunas de las áreas más sensibles del Instituto Armado, como la Jefatura de la Policía Judicial. Cerca de 4.000 agentes se integran en sus diferentes ramas, ordenadas en la ya citada UCO, la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) y el Servicio de Criminalística.
Entre otras funciones, investigan los casos de corrupción política. Las mismas fuentes internas detallan la inquietud que hay entre los agentes por la resolución del Tribunal Supremo. Temen que la sentencia corrobore la decisión del Ministerio del Interior y que baste con el argumento de "pérdida de confianza" para cesarles en sus funciones. "Es una volatilidad muy peligrosa, porque las esferas políticas podrían influir directamente en una investigación en curso sobre un caso que no sea de su agrado".
Los guardias civiles consideran que deben tener una mayor estabilidad y defensa ante "intromisiones" en espacios tan sensibles como la Jefatura de Policía Judicial: "La sentencia del Tribunal Supremo abrirá las puertas a que se cese a alguien en un puesto de libre designación con un solo argumento, el de la pérdida de confianza, sin justificar los detalles específicos. Quedaríamos en manos de los políticos, independientemente del color de su partido".
Además de los agentes destinados en la Jefatura de Policía Judicial, hay otras áreas de la Guardia Civil que engrosan sus filas con agentes en la misma situación administrativa. Es el caso del Servicio de Información, con especial incidencia en materia de terrorismo; los Centros Operativos, comúnmente conocidos como COs, el cerebro bajo el que se coordinan las comandancias o zonas; o los mismos jefes de comandancias. En total hay unos 10.000 puestos de libre designación, como contó El Mundo.
"Satisfacer al político de turno"
La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) considera que los "10.000 puestos de trabajo de libre de designación en la Guardia Civil necesitan estar debidamente motivados para su adjudicación". También para sus ceses. Y que el argumento de la "pérdida de confianza" no es suficiente para apartar a los agentes de sus puestos: "Se pretende convertir a los guardias civiles en funcionarios de segunda".
La asociación destaca la inestabilidad a la que se abocarían los puestos de los agentes destinados en estos puestos: "La permanencia en nuestros destinos puede depender de conseguir satisfacer la esperanza que el responsable político de turno tenga depositada en nosotros, pero una esperanza que, como hemos visto en estos casos, no se atiene a criterios profesionales, sino al interés político del partido del ministro de turno". Algo que, a su juicio, "supone un tremendo ataque a la separación de poderes y la antesala de la arbitrariedad".
APROGC no sólo recuerda los casos de Sánchez Corbí y Pérez de los Cobos, cesados por Marlaska; también los audios recientemente conocidos con conversaciones entre María Dolores de Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo, en las que la dirigente popular habla del cese del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil Martín Alonso.
"Están en juego las garantías en el ejercicio, entre otras cosas, de nuestra labor como guardias civiles al servicio de Jueces, Fiscales y de la ciudadanía; en definitiva, al servicio de nuestro Estado de Derecho", concluyen desde la asociación de guardias civiles.
