El PSOE ha protagonizado hoy en el Congreso una espantada de manual al abandonar el inicio de los trabajos sobre la futura Ley de Transparencia. Apenas 20 minutos después de su comienzo, el diputado socialista y ex amo de llaves de Moncloa con Zapatero, José Enrique Serrano, justificó la no continuidad de su grupo en la ponencia aludiendo al lío de los papeles del Bárcenas. Si bien explicó que el apellido del ex tesorero del PP no se había pronunciado dentro, defendió la postura de su formación con el argumento de que "no podemos ignorar lo que está pasando fuera de estas paredes". Así, tras las últimas revelaciones sobre los supuestos sobresueldos del PP, el diputado del PSOE recordó que ya han pedido en varias ocasiones que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en la Cámara Baja sobre este asunto. Asimismo, desde la Izquierda Plural, que se sumó al PSOE, su diputado Joan Nuet, señaló que no seguían en la mesa porque " el PP está de corrupción hasta las cejas y sólo ofrece un diálogo entre amigos". De igual modo, el Grupo Mixto, representado por el diputado de Amaiur Rafael Larreina, optó por el boicot.
Acto seguido, los nacionalistas de CiU y PNV también se levantaron y desfilaron ante las cámaras para basar su decisión más en la "falta de consenso institucional", provocada por la espantada del PSOE, la Izquierda Plural y el Grupo Mixto, que en los acontecimientos que se están produciendo extramuros sobre el 'caso Bárcenas'. Por su parte, UPyD sí permaneció en la sala, bajo la representación de Carlos Martínez Gorriarán, para acercar posturas con el PP.
La ponencia en el seno de la Comisión Constitucional seguirá adelante y mañana celebrará su segunda reunión, según el calendario previsto, subrayó el portavoz popular González Pons
Al término de la ponencia, el portavoz del PP Esteban González Pons lamentó que los socialistas se aliaran con Amaiur en contra de la transparencia. Lo que calificó de "sainete parlamentario". "España necesita transparencia ya y no una transparencia aplazada", enfatizó. En este sentido, el diputado popular criticó que el PSOE no haya estado presente en la aprobación del primer punto del texto de la ponencia, "en la inclusión de la Casa del Rey, los partidos políticos y los sindicatos" en la normativa. No obstante, este primer capítulo ya había sido consensuado entre populares y socialitas. Además, Pons aseguró que la ponencia seguirá adelante y mañana jueves celebrará su segunda reunión, tal y como estaba previsto. Esta cita coincidirá con la Diputación Permanente, donde el PSOE hará alusión a este polémica y exigirá que Rajoy dé explicaciones.
Si había conversaciones bien encauzadas entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, más allá de la postura común ante los Consejos Europeos, sobre una reforma legislativa en ciernes era la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Sin embargo, el lío de los papeles de Bárcenas ha llevado al PSOE a volver atrás en el camino ya andado desde que el pasado febrero el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidiera la dimisión del presidente del Gobierno.
Antes de que acabe el año
La pasada semana se acordó que el texto normativo se debatiera en ponencia en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados durante cinco sesiones los días 10, 11, 16 y 17 de julio antes de aprobar el dictamen y elevarlo al Pleno de la Cámara Baja para que lo ratificase la segunda semana de septiembre. Así, tras negociar más de 400 enmiendas a puerta cerrada -algo que puede resultar chocante si se tiene en cuenta la temática del borrador- y recibir el visto bueno del hemiciclo, de cumplirse los plazos la ley podría quedar definitivamente aprobada, previo paso por el Senado, antes de que acabe el presente año.
Con la negativa del PSOE, expresada a través de su número dos, Elena Valenciano, a seguir avanzando mientras el PP y su presidente, Mariano Rajoy, no “cuenten la verdad” sobre el caso Bárcenas, los socialistas maniobran para frenar en seco el calendario de tramitación de la norma, cuando se cumple casi un año de su aprobación en el Consejo de Ministros, en julio de 2012. El Grupo Parlamentario Socialista llegó ayer a remitir una carta al presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, el popular Arturo García Tizón, en la que pedía un aplazamiento este miércoles de la primera reunión de la ponencia por ser en estos momentos “una paradoja sentarse a hablar de transparencia con el PP”.
"Igual ahora habría que plantear que se incluya en la ley información sobre la contabilidad de todos los partidos políticos", afirman desde la dirección del Grupo Popular
En la misma línea, el Grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) manifestó, tras descolgarse el PSOE, su intención de paralizar las conversaciones hasta que el jefe del Ejecutivo ofrezca explicaciones sobre los supuestos sobresueldos. Sin embargo, fuentes de la dirección del Grupo Popular aseguraron ayer a este periódico que "los trabajos de la ponencia van a seguir para adelante". "Ahora sí que el PSOE tendrá que retratarse en materia de transparencia; igual habría que plantear que se incluya en la ley información sobre la contabilidad de todos los partidos políticos", sugerían las mismas fuentes, después de que Anonymous haya filtrado la del PP desde 1990 hasta 2011.
Las cuentas de la Corona
Los populares también lamentan que el PSOE se enroque a estas alturas después de los esfuerzos realizados por incluir a la Casa del Rey en el listado de instituciones a fiscalizar con esta norma. Precisamente, una de las enmiendas que había unido a PP y PSOE era la elección de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno como el órgano intermediario para dirigir las peticiones de información a la dicha institución de la Corona y tramitarlas.
A partir de aquí, el PP se va a encontrar con la tarea de emplazar al consenso no sólo a PSOE e IU-ICV-CHA, sino a otras fuerzas que ya mantenían sus reservas sobre el articulado como los nacionalistas de CiU y PNV. Por ejemplo, un punto de discordia entre los grupos parlamentarios se halla en el seguimiento de las entidades que reciben ayudas públicas. Mientras el PP pretende que rindan cuentas aquéllas cuyo 50% de los ingresos procede de dichas subvenciones; socialistas y convergentes reducen el porcentaje al 40% e IU y UPyD apuestan por no fijar ningún límite. La formación magente estuvo negociando hoy esta enmienda con el PP.
