Carpetazo judicial a la causa de la tragedia militar de Hoyo de Manzanares, del 24 de febrero de 2011, en la que murieron cinco militares heridos y tres resultaron gravemente heridos tras explotar una mina caducada en el transcurso de unas maniobras militares. Un tribunal considera que el caso está prescrito y, por tanto, ha dictado su sobreseimiento. Lo hace reconociendo el mal proceder en el uso de la munición, pero sin dictar ninguna condena, y sugiere al Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, que abra el consiguiente procedimiento para indemnizar a los implicados en el suceso.
El episodio tuvo lugar en las instalaciones militares del Ejército de Tierra en Hoyo de Manzanares, cuando varios efectivos del cuerpo militar y de Infantería de Marina ensayaban la desactivación de artefactos explosivos antes de marcharse de misión al Líbano. Una mina estalló en el transcurso de las maniobras y la explosión alcanzó de pleno a los militares que intervenían en el operativo, con consecuencias fatales para cinco de ellos. Otros tres lograron sobrevivir, aunque con graves secuelas físicas y un rosario de operaciones por delante.
A partir de entonces se inició un proceso judicial abrupto, marcado por los cierres y las reaperturas, con extremos como el doble de imputación de una de las víctimas y la recusación de la juez que llevaba el caso. Una década de procedimiento que ahora, el Tribunal Militar Territorial Primero, cierra por sobreseimiento, al entender que la causa ya está prescrita.
En el escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli, no obstante, admite que hubo actuaciones que no se ajustaron al reglamento en el transcurso de las citadas maniobras. En concreto, admite la inexistencia de documentos durante 25 años que acrediten pruebas de vigilancia sobre las minas 'caducadas' que se emplearon en el ejercicio, admitiendo que no cumplían la normativa de los reconocimientos preceptivos. También recuerda que un informe del Ejército de Tierra, fechado en diciembre de 2010 -dos meses antes de la tragedia-, ya declaraba las municiones como inútiles: "Se disipan todas las dudas respecto del estado de las minas", asevera el tribunal.
¿Se podían utilizar las minas en el ejercicio a pesar de estar 'caducadas'? En ningún caso. Así lo considera la sala, al recordar que la catalogación final de la munición era "PTE" ("pendiente" de realización de pruebas para determinar su peligrosidad), lo que obligaba a bloquearlas automáticamente en las instalaciones hasta someterlas a las debidas comprobaciones: "Existen directivas [...] sobre la tajante prohibición de emplear en prácticas y ejercicios este tipo de material", detalla el auto.
El tribunal considera que hubo "incumplimientos reiterados y sistemáticos de la cadena de mando" al permitir que se emplearan las municiones. Sin embargo, no se derivan responsabilidades particulares sobre la tragedia y se declara el sobreseimiento del procedimiento, contra el que cabe recurso.
Indemnización a las víctimas
Asimismo, abre las puertas a que el Ministerio de Defensa indemnice a las víctimas de la tragedia por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración; una opción a la que deberá responder el departamento dirigido por Margarita Robles: "Los hechos probados [...] no debieron acaecer y, en ningún modo, a nuestro entender, tener los implicados deber de soportar dichas consecuencias, pudiendo ser calificadas de antijurídicas y atribuibles al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y, por tanto, pudieran estar dichos actos lesivos sujetos a la necesaria reparación patrimonial por la Administración".
El teniente de Infantería de Marina José Manuel Candón, uno de los heridos en la explosión, manifiesta a Vozpópuli su "sorpresa" por el "modo en que se ha archivado la causa": "Queda demostrado que se utilizó material inútil y obsoleto, sin embargo no hay ninguna responsabilidad penal", afirma. E incide en que tuvo que "soportar" dos procedimientos que pedían su imputación a pesar de que los hechos -como detalla la actual sentencia- ya estarían prescritos. "Nosotros nunca iniciamos esto con la intención de criminalizar a nadie -añade el teniente Candón-. Queríamos esclarecer lo sucedido, cosa que no ha sucedido durante 12 años. Eso sí, el tribunal reconoce que nuestra argumentación es verosímil, creíble y con fundamento. Han tardado 12 años en decirme esto".
Candón lamenta que la tragedia de Hoyo de Manzanares "parezca un tema tabú" y que durante todo este tiempo no haya tenido la "oportunidad" de reunirse con los sucesivos ministros de Defensa o se les haya invitado a los actos de homenaje a los caídos de los Días de la Fiesta Nacional o de las Fuerzas Armadas: "¿Acaso somos heridos de segunda?".
El brigada Raúl González, otro de los heridos en el episodio, manifiesta su malestar con la decisión. Afirma que el tribunal les da "la razón" pero "se lava las manos": "Dice que nuestros argumentos son coherentes, pero tenemos la sensación de que 12 años después nos encontramos en el mismo punto". Y añade: "Han pasado tres gobiernos y nadie ha decidido hacer nada, porque eso supondría reconocer que hay cosas que se han hecho mal, y eso no interesa".
