Cifras de record en la segunda fase de la ‘Operación Edu’. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han comenzado esta mañana a tomar declaración a más de 3.000 personas que figuran como alumnos en cursos para parados de la Junta de Andalucía bajo sospecha de haber sido utilizados para defraudar cerca de 25 millones de euros. Durante tres semanas, los policías interrogarán a estas personas en siete provincias andaluzas en relación con otras tantas convocatorias que implican a 200 empresas. Sólo en Sevilla, donde el caso se encuentra paralizado en la Fiscalía Anticorrupción, no se realizarán diligencias, según ha podido confirmar Vozpópuli con fuentes cercanas a la investigación.
Sevilla será la única provincia donde la UDEF no interrogue alumnos por la negativa de la Anticorrupción a judicializar allí la investigación
En la primera fase de la ‘Operación Edu’, desarrollada sólo en la provincia de Málaga y sobre 17 empresas acusadas de malversar 1,5 millones de euros, los agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF tomaron declaración a 215 alumnos en abril. Semanas después, fueron citados en comisaría 34 profesores de esos cursos. Los testimonios de ambos grupos permitieron confirmar las sospechas que arrojaban la documentación ya intervenida, por lo que a mediados de julio la Policía detuvo a 42 empresarios por las supuestas irregularidades cometidas en estos cursos. Ahora, los responsables de la investigación pretenden repetir el mismo esquema de actuación.
Así, en los próximos días sólo se realizará la toma de declaración de los parados que asistieron a los cursos de la Junta investigados. Los agentes han elegido una convocatoria por provincia para no hacer inabarcable este segundo paso en las pesquisas. Con el resultado de sus testimonios, los agentes pretenden avanzar en los próximos meses con el interrogatorio de los profesores que figuran como responsables de impartirlos. Finalmente, y si todos estos testimonios y la documentación incautada confirman la sospechas, la UDEF pedirá a los siete juzgados que instruyen las causas las órdenes de detención de los responsables y administradores de las empresas presuntamente implicadas.
Cuatro provincias con 600 interrogatorios
Una investigación metódica y sistemática que desde este lunes y durante las próximas semanas será más intensa en Jaén, Córdoba, Almería y Granada. En cada una de estas provincias el número de alumnos que han sido citados a declarar a comisaría rondan los 600 en cada una. En Cádiz, Huelva y Málaga la cifra será menor, alrededor de 300, según las fuentes consultadas. Con estos interrogatorios, los agentes intentarán saber si recibieron realmente los cursos, si las enseñanzas que recibieron cumplían los requisitos mínimos en cuanto a contenido y si se cumplieron los compromisos de contratación que fijaban las convocatorias por las que se concedieron las subvenciones.
La única provincia en la que no se realizarán actuaciones será Sevilla, donde la Fiscalía Anticorrupción mantiene retenida la investigación ante sus dudas sobre a qué magistrado de la capital hispalense corresponde hacerse cargo de la misma: si al titular del Juzgado de Instrucción número 16, quien se ha hecho cargo de las diligencias por reparto en primera instancia, o a su compañera Mercedes Alaya, que ha empezado a reclamar sumarios sobre los cursos de formación a otros juzgados en un intento de centralizar en el suyo todas las pesquisas sobre este multimillonario fraude en Andalucía. De este modo, la de esta provincia es la única pieza de la 'Operación Edu' que sigue parada.
Pese a este traspié, las pesquisas han dado pasos de gigantes en los últimos meses gracias, en parte, a la colaboración ciudadana. Fuentes cercanas a la investigación aseguran a este diario que numerosos alumnos y profesores de cursos han acudido a comisarías y juzgados a denunciar irregularidades de las que habían sido víctimas tras conocer por la prensa la existencia del fraude. Además, la Junta de Andalucía ha cambiado su actitud ante las pesquisas. Así, el Gobierno de Susana Díaz ha pasado de negar las irregularidades y denunciarlas como un montaje de Madrid tras destaparlas Vozpópuli el pasado mes de abril, a dar instrucciones a las delegaciones provinciales de las que dependían los cursos para que faciliten la máxima colaboración a la Policía. Incluso, ha iniciado sus propias pesquisas.
Las siete trampas
En la única adjudicación sobre estos cursos investigada hasta ahora en profundidad, la de Málaga que dio pie a las 42 detenciones, los agentes encontraron incumplimientos de ley de manera "sistemática", según reflejaban los informes policiales. En concreto, la UDEF localizó hasta siete irregularidades graves. Así, algunas empresas habían cometido falsedad en la documentación que habían presentado junto a las solicitudes para acceder a las ayudas con el fin de simular la experiencia en formación que se exigía en la convocatoria.
Las irregularidades detectadas hasta ahora van desde las facturas falsas a la suplantación de personalidad, pasando por contratos simulados
En otras ocasiones aparecieron facturas falsas con las que algunas empresas investigadas justificaron gastos no realizados, que iban desde nóminas de algunos docentes hasta la "contratación o subcontratación de ciertos servicios". De hecho, "un altísimo porcentaje" de los propietarios de las empresas se declararon a su vez monitores o tutores de los mismos, cuando no lo eran "familiares directos". También hubo falsedad en la adjudicación de contratos de las subcontrataciones declaradas ya que, pese a superan los 12.000 euros, no se hicieron con la obligatoria concurrencia de al menos tres presupuestos. En otros casos, las otras dos ofertas eran realizadas por personas o empresas del entorno familiar del empresario.
También se detectaron falsificaciones en los partes de asistencia de los alumnos e, incluso, se dieron casos de suplantación de personalidad de algunos de los monitores que debían impartir la enseñanza "con el fin de inflar ilícitamente el gasto justificado en docencia". La UDEF también detectó que "en casi la totalidad de los expedientes se incumplía sistemáticamente el compromiso de contratación exigido en estos cursos" por ley. Para ello, se cometían una serie de irregularidades que iban desde la contratación por periodos inferiores a los 6 meses contemplados hasta presentar contratos en sectores que no tienen nada que ver con la materia impartida en el curso o simular otros en empresas vinculadas a los administradores. En otros casos el fraude fue más allá y a los parados se les dió "de alta en contratos simulados a cambio de pasar posteriormente a la percepción de alguna prestación por desempleo".
Por último, los agentes detectaron falsedad en el cumplimiento por parte de las empresas de las obligaciones posteriores a la realización del curso, ya que la mayoría de las empresas adjudicatarias no presentaron la documentación requerida "para la liquidación y justificación". Además, cuando sí se hizo, estos papeles se entregaban "después de varios requerimientos por parte de la Junta y en el último día de la ampliación del plazo concedido". De hecho, la Policía duda de la veracidad de parte de estos documentos. Fuentes cercanas a la investigación muestran su convencimiento de que en la segunda fase de la 'Operación Edu' que se ha iniciado este lunes las irregularidades serán idénticas.
