UGT y Comisiones Obreras, tras el descuelgue del sindicato mayoritario de los funcionarios, CSIF, han convocado huelga general en España para el día 14 bajo el pretexto de la negativa gubernamental a convocar un referéndum que someta a consideración de los ciudadanos sus políticas económicas. Mientras tanto desarrollan distintas movilizaciones en la calle en la que constituirá, sin duda, una de las legislaturas con mayor conflictividad social desde las primeras reconversiones de la etapa de Felipe González . Pero aunque la apariencia es que el diálogo está dinamitado entre sindicatos y Gobierno se abre una pequeña brecha que permitirá mantener la interlocución al menos en todo lo que se refiere a la función pública.
UGT, Comisiones Obreras y CSIF de un lado, y PP y Grupo Parlamentario Popular de otro, constituirán este mes seis mesas de diálogo sobre Administración General del Estado, Sanidad, Educación, justicia, Policía Nacional e Instituciones Penitenciarias. La idea es dotar de estabilidad a cada una de estas mesas para que se pueda debatir bien sobre el futuro de la carrera funcionarial e, incluso, sobre la reforma de las Administraciones Locales, que parece bloqueada por los desacuerdos entre Hacienda y la FEMP, de modo que no prevé un acuerdo, como pronto, hasta finales de año.
Estas mesas estarán compuestas por representantes de los tres sindicatos mayoritarios además de por aquellos de carácter sectorial con fuerte implantación. Por ejemplo, a la mesa sobre Policía Nacional se sumarían SUP y CEP. Por parte de los populares estarán los portavoces de comisión del Congreso y del Senado además del responsable sectorial del partido. Una vez constituidas, cada una organizará sus trabajos y la periodicidad de sus reuniones como quiera.
El PP niega que intente suplantar al Gobierno en la interlocución con las organizaciones sindicales, pero allana el camino
El secretario de Organización y número tres del PP, Carlos Floriano, remitió el pasado 24 de septiembre una carta a los sindicatos que fue respondida afirmativamente por éstos, el primero, UGT. Desde el PP niegan que se trate de suplantar al Ejecutivo, aunque lo cierto es que Génova y los Grupos Parlamentarios populares pueden actuar a modo de cabeza de puente con el objetivo de mantener abierta una vía de diálogo que no se dinamite, al menos, no del todo.
El pasado 12 de septiembre ya se dio un paso en este sentido con la cita que reunió en la sede nacional del PP a la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, a Floriano, y al portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Merino, con los representantes sectoriales de la función pública UGT, CC.OO. y CSIF. Los sindicatos fueron escépticos respecto a los resultados reales que pueda tener esta iniciativa, aunque la pretensión del Ejecutivo de poner en marcha el Estatuto Directivo de la Función Pública, viene a llenarlo de contenido.
