La Asociación de Vecinos del barrio de Chueca prepara una demanda contra el Ayuntamiento de Madrid por permitir que la Fiesta del Orgullo Gay se celebre sin respetar el límite de emisiones sonoras estipulado en la legislación municipal.
Desde la propia Asociación adelantan a Vozpópuli que presentarán el recurso a lo largo de este año, con antelación a la edición de 2020, si el nuevo equipo de Gobierno municipal no modifica el rumbo fijado por la gestión de Manuela Carmena.
Así, inciden en que respetan que el equipo que dirige José Luis Martínez Almeida no adopte medidas de cara a la edición de este año por "haberse encontrado" ya con una resolución de la Junta de Gobierno municipal de sus antecesores, pero aseguran que no darán "ninguna tregua más".
"Pensamos que solo iba a tener lugar el año del World Pride y en el 2018 nos pilló a contramano, ya que la aprobación de la exclusión de las multas se hizo a último momento, pero vemos que se ha vuelto sistemático"
"Pensamos que solo iba a tener lugar el año del World Pride y en el 2018 nos pilló a contramano, ya que la aprobación de la exclusión de las multas se hizo a último momento, pero vemos que se ha vuelto sistemático", dice un portavoz de la Asociación Vecinal.
Desde la plataforma vecinal entienden que "se está consintiendo una ilegalidad" ya que entienden "que se ha utilizado una excusa excepcional" como el World Pride de 2017 y su impacto para justificar una situación irregular que luego se ha mantenido año tras año.
La misma, esgrimen, se puede resumir en una suerte de trato de favor a los organizadores, fundamentalmente a la Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid y su Comunidad (AEGAL) - que recibe unos 800.000 euros en fondos públicos para la promoción de la Fiesta y afrontar parte de su organización en la semana del Orgullo - ya que estos, ya desde los tiempos del popular Alberto Ruiz-Gallardón en la alcaldía, organizan el evento tras ser autorizados para hacerlo pero sin haber pasado por un concurso, "con un baremo de puntos y una oferta técnica", frente a otros posibles organizadores para recibir el apoyo público que reciben.
"Entendemos que solo las fiestas que han sido declaradas como populares, tanto por el Ayuntamiento como por la Comunidad - el caso de La Paloma o San Fermín, en Navarra, por ejemplo - pueden beneficiarse de no cumplir la normativa. Ese es el camino que se debería haber seguido, y entendemos que, como se ha acabado haciendo todo, es una ilegalidad que favorece a los organizadores", inciden.
Ayuntamiento y AEGAL no se pronuncian
A preguntas de este medio sobre este asunto, AEGAL no ha contestado. Desde el Consistorio evitan también pronunciarse. Ambas partes no se han reunido aún para abordar ningún tema de futuro relativo a la organización de la Fiesta.
Desde la Asociación de Vecinos entienden que el gobierno municipal actual no quiere mojarse públicamente sobre el tema en estos momentos. Aún no han obtenido respuesta a la queja que enviaron por carta al alcalde, José Luis Martínez Almeida.
Advierten de que en el pasado presentaron una demanda en lo Contencioso-Administrativo por vulneración de la normativa de ruido en la Plaza de Chueca - en tiempos del PP - y el juez les acabó dando la razón.
