El escándalo de la Plataforma Logística de Zaragoza-Plaza crece según avanzan las investigaciones que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital aragonesa, José Ignacio Martínez. Los primeros análisis de la documentación intervenida realizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han detectado ya el presunto desvío de 10 millones de euros, aunque la ingente cantidad de facturas incautadas en la operación apunta a que la cifra del supuesto desfalco será al final muy superior, según reconocen a este diario fuentes de la investigación. ¿Cuánto? Cerca de 80 millones de euros, que fue la cifra que el actual gerente de la plataforma, Jesús Andreu, hermano de un magistrado de la Audiencia Nacional, transmitió a la Fiscalía Anticorrupción cuando denunció el caso el pasado mes de mayo. De confirmarse esta cantidad, la supuesta trama autora del saqueo habría desviado a sus bolsillos uno de cada tres euros del coste final del proyecto.
La investigación trata de aclarar de dónde procede el dinero en metalico con el que uno de los directivos de Acciona pagó un vehículo de alta gama y lo que le restaba de hipoteca
En un principio, la obra había sido presupuestada en 54 millones de euros y se debía ejecutar en 28 meses. Sin embargo, finalmente salió por 238 millones y se demoró hasta los diez años. La investigación apunta a que gran parte de ese sobreprecio fue presuntamente a parar a los bolsillos de los cinco imputados: el ex gerente de la Plataforma, Ricardo García Becerril; su director técnico, Miguel Ángel Pérez; el ingeniero de la consultora que debía velar por el desarrollo de las obras, Nico Groenveld; y José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, dos directivos de Acciona, la principal empresa de la UTE que realizó las obras. De hecho, los investigadores creen tener ya numerosos indicios de que parte del dinero desviado acabó engordando las cuentas de los imputados o financiando viajes, coches de lujo y costosas reformas de sus casos. En los interrogatorios a los que han sido sometidos, tanto la Policía como el juez han preguntado con insistencia a los cinco sobre varios gastos sospechosos que han realizado en los últimos años.
Así, Miguel Ángel Pérez y Nico Groenveld fueron interrogados sobre tres viajes al extranjero que, aparentemente, estaban relacionados con el desarrollo de las obras. En concreto, las investigaciones intentan aclarar qué hubo realmente de trabajo en los desplazamientos que hicieron a San Francisco (EEUU), con excursión a Las Vegas incluida, a Brasil y a Susáfrica. Según fuentes conocedoras del testimonio que ambos prestaron ante los agentes que los detuvieron el pasado mes de agosto, los dos reconocieron únicamente el viaje al país africano, aunque insistieron que estaba justificado ya que acudieron a visitar una plataforma logística existente en este país para tomarla como ejemplo de la que estaban levantando en la capital aragonesa.
Un piso, un ocche y muchas dudas
En el caso de Miguel Ángel Bretón, uno de los dos directivos de Acciona imputados en la causa, los interrogatorios se dirigieron, sin embargo, hacia gastos personales. En concreto, hacia la compra de una vivienda y un vehículo de alta gama. Las pesquisas han determinado que este exgerente de la UTE pagó en metálico hace sólo unos meses los 90.000 euros que le restaban de la hipoteca de una vivienda que tenía en Jaca. Sus explicaciones sobre el origen de este diario no convencieron al instructor de la causa como tampoco las que dio para explicar la compra de un automóvil de lujo también en efectivo. En este último caso, el directivo imputado se refirió a un préstamo realizado por su madre, que la Policía intenta aclarar ahora si existió realmente.
Uno de los imputados tenía 415.000 euros en efectivo ocultos en uno de sus domicilios. Él asegura que es el dinero que ganó hace cuatro por unos trabajos en Brasil
También bajo sospecha están las costosas reformas que otros dos supuestos integrantes de la trama, Ricardo García Beerril y Nico Groeneveld, hicieron en varias viviendas de su propiedad. El primero, en concreto, hizo obras en el lujoso atico que tiene en la localidad costera de Salou (Tarragona) y en una vivienda en San Mateo de Gallego, una localidad situada a 24 kilómetros de Zaragoza. A esta última la dotó de piscina y un amplio comedor. Por su parte, Groeneveld incorpó a la vivienda unifamiliar en la que vive de un amplio sótano abovedado de más de cien metros. En ambos casos, la sospecha de los investigadores es que supuestamente utilizaron facturas falsas emitidas por la empresa Lexton, dedicada a la fabricación de componentes para el automóvil, para endosar a la plataforma logística los costosos gastos de dichas reformas. Esta compañía que no tiene nada que ver con la construcción facturó más de un millón de euros a la UTE por el suministro de material de obra. García Beceril reconoció en su declaración ante la Policía que el propietario de Lexton es amigo suyo, aunque negó que las facturas fueran falsas.
La mujer, las hijas y 415.000 euros
La UDEF también investiga qué hay realmente detrás de otras facturas cuya veracidad ofrece numerosas dudas. En concreto, las emitidas por sendas sociedades ligadas a familiares directos de García Beceril. En algunas de ellas figura el nombre de la empresa Pulsar Consultoría e Inversiones, propiedad de sus dos hijas y cuyo objeto social es la explotación de guarderías y geriátircos. Pese a ello, su nombre aparece ligado en el escándalo de Zaragoza Plaza a varias facturas, una de ellas de 58.000 euros más IVA que, con fecha de julio de 2007 emitió por "un estudio de adecuación ambiental para la estabilización y regeneración de taludes", El juez investiga si realmente hicieron ese trabajo o fue simplemente otra artimaña para desviar dinero. También intenta aclarar si parte del dinero pudo acabar invertido en un yate que García Becerril tiene amarrado en Salou y que estaba registrado a nombre de la empresa de sus hijas.
Algo parecido ocurre con la empresa Leónica Promociones, sociedad que impulsó varios negocios de venta de suelo y naves en el polígono logístico zaragozano. Se da la circunstancia de que la mujer de García Becerril forma parte del accionariado de la misma. Supuestamente, esta compañía efectuó movimientos de tierra dentro de los trabajos de urbanización subcontratada por la UTE. El exgerente de Plaza no ha explicado convincemente el papel de esta empresa en las obras como tampoco el origen de 415.000 euros en efectivo que la Policía encontró ocultos en uno de sus domicilios. El exgerente se ha limitado a decir quer era el dinero que había ganado hacía más de cuatro años por unos trabajos que supuestamente realizó en Brasil. Los investigadores no le creen y sospechan que, como con el resto de gastos de sus compañeros, es parte del botín presuntamente obtenido con el saqueo de la empresa pública.
