Economistas de distinto pelaje se lo habían advertido hasta la extenuación: no pueden gastarse 3.000 millones, como poco, en actualizar las pensiones, porque eso es puro populismo cuando resulta que han tocado ustedes el IRPF, han congelado sueldos, suspendido extras, subido el IVA y tantas otras desgracias como han caído sobre el bolsillo del ciudadano, y ello porque esa suma pondrá en grave riesgo la consecución del objetivo de déficit, aspiración ya de por sí complicada.

Las administraciones pueden ahorrar hasta un 70% del coste destinado a la instalación y mantenimiento de aplicaciones informáticas sólo con recurrir a programas 'libres'. Algunos organismos públicos, como los ayuntamientos de Múnich y Helsinki y el Ministerio de Justicia finlandés ya han optado por esta alternativa. En España, el País Vasco, Extremadura, Asturias y Andalucía son algunos ejemplos de este tipo de apuesta.