El nuevo titular de la cartera económica del Gobierno francés, Emmanuel Macron, es un perfil que a priori no se considera de izquierda tradicional, sino "socioliberal". Joven (36 años), millonario, exbanquero, y partidario del liberalismo económico, el hasta ahora secretario general adjunto del Elíseo pasa a formar parte del nuevo Ejecutivo pilotado por el primer ministro Manuel Valls. Sustituye a Arnaud Montebourg, ministro de Economía hasta ayer, expulsado del Gobierno por sus críticas a los recortes previstos por el Gabinete.
Macron ha desarrollado gran parte de su carrera en banca de inversión. Ha sido asesor de Rothschild e incluso socio de esa misma entidad. Fue también asistente del filósofo Paul Ricoeur. Un perfil que contrasta claramente con el de Montebourg, uno de los promotores de gravar al 75% las rentas más altas.
Montebourg se oponía por sistema a las reformas de austeridad que el premier francés intentaba acometer. Probablemente era el ministro más situado a la izquierda dentro del gobierno francés; en varias ocasiones había manifestado su apoyo al movimiento indignado. También ha denunciado públicamente las actividades de la banca y los mercados. Las otras dos voces discordantes con los planes de Valls, los titulares de Educación, Benoît Hamon, y Cultura, Aurélie Filipetti, también han sido relevados.
Con estos cambios Valls pretende encauzar las reformas económicas en la segunda locomotora económica de la Europa continental, y profundizar en las mismas. El tiempo dirá si lo consigue o no. De momento, el primer ministro no descarta someterse a una moción de confianza a finales de septiembre o principios de octubre, presionado por la grave situación de la economía francesa -el PIB se encuentra totalmente estancado y el paro no deja de aumentar, alcanzando la cifra récord del 10,9%-.
Lo que parece si cabe más complicado es hacer entender al electorado francés, que votó en su momento a François Hollande para hacer contrapeso a la austeridad germana, cómo las políticas del candidato socialista son ahora comparables a las de los gobiernos alemán y español. De hecho, dos de cada tres franceses quieren que se disuelva la Asamblea Nacional y que se convoquen nuevas elecciones.
