Javier Alvarado Ochoa (Caracas, 1955) trabajó durante 40 años en la industria energética y petrolera venezolana. Llegó a la gerencia de Bitúmenes del Orinoco (BITOR) un año después de que Hugo Chávez llegara al Palacio de Miraflores. Encabezó proyectos en el occidente (Zulia) y oriente (Nueva Esparta) del país. Dirigió el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo y estuvo dos años al frente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), antes de hacerse con el cargo de "vice" en el Ministerio de Desarrollo Eléctrico. En 2011, asumió la presidencia de Bariven, una filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Allí, según la acusación formulada por Estados Unidos, aprovechó para cometer unos 19 delitos de blanqueo de capitales.
El ex alto mando del Gobierno chavista fue detenido el pasado jueves en Madrid por agentes de la Policía Nacional, en virtud de una orden internacional dictada por un juez de Texas que le reclama por delitos de corrupción. El viernes, el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama Teixeira, en funciones de guardia, ordenó su ingreso en prisión provisional.
El caraqueño, hijo de Néstor y Elba, se graduó en 1979 de la Universidad Simón Bolívar como ingeniero electricista. Ese mismo año, según apunta el propio Alvarado en su perfil de Linkedin, ya ejercía la profesión. Y cinco años más tarde, mientras se especializaba en dirección de empresas de Energía en la misma facultad, coordinaba proyectos en la capital venezolana.
Al frente de la crisis eléctrica
Tras 28 años de carrera en el sector, llegó a la presidencia del Servicio Eléctrico de Nueva Esparta. Su gestión coincidió con el nacimiento de la Corporación Eléctrica Nacional, la sociedad anónima gubernamental encargada del sector eléctrico de Venezuela; un ente adscrito al Ministerio para la Energía Eléctrica que aún hoy conglomera las nueve empresas regionales.
En 2010, tras presidir Corpoelec, el entonces presidente Hugo Chávez le nombró viceministro de Desarrollo Energético. El anuncio tuvo lugar en medio de la crisis eléctrica al mismo tiempo que se aprobó un programa de incentivos y sanciones para quienes disminuyeran o incrementaran su consumo eléctrico como parte de un decreto de emergencia eléctrica.
No fue de los hombres más mediáticos de Chávez. A diferencia de otras caras del Ministerio de Energía y Petróleo, como el fallecido Alí Rodríguez Araque o Rafael Ramírez, no abundan las fotografías de Alvarado con el líder del Socialismo del Siglo XXI, como así se autodefinía el exmandatario fallecido en 2013.
Para hacer frente a la crisis eléctrica de 2010, el Gobierno programó la construcción de siete plantas; una de ellas, El Sitio, fue otorgada a la española Duro Felguera por más de 2.000 millones de dólares. La Audiencia Nacional investiga al grupo asturiano, a su presidente y a otras ocho personas físicas y jurídicas por presuntos sobornos en Venezuela y blanqueo de capitales.
El resto de contratos fueron adjudicados a Derwick Associates, la compañía dirigida por Alejandro Betancourt que se dio a conocer en agosto de 2010, después de que el diario venezolano Últimas Noticias publicase una serie de reportajes en los que se denunciaban los vínculos entre los dueños de la beneficiada y el hijo de Alvarado.
El 'saqueo' a PDVSA
Una vez que dejó el cargo de "vice", este ingeniero pasó a dirigir una de las filiales de PDVSA, Bariven. Es precisamente por sus actuaciones durante los tres años de gestión al frente de la petrolera que Estados Unidos le investiga. Según la acusación formulada ante un juez de Texas, adelantada por Europa Press, en 2011 el ex alto mando "se involucró en una conspiración con un grupo de directivos de alto nivel actuales y anteriores" de la estatal petrolera y sus subsidiarias.
"Aprovechando su influencia en los círculos de poder (...) organizaron un sistema de comisiones en relación a contratos públicos de la empresa PDVSA", se lee también en el escrito del Ministerio Público venezolano. El modus operandi consistía en obligar a las empresas que accedían a las licitaciones "a contratar con sus presuntos contratos de asesorías, en contrapartida por sus gestiones con la alta gerencia de la industria, pues el pago era imprescindible para acceder a los mercados públicos de PDVSA y sus filiales".
Los fiscales venezolanos, tras analizar informes de Estados Unidos y del Principado de Andorra, determinaron que gran parte de estos pagos "se efectuaron a través de las cuentas de los encausados y de las sociedades panameñas controladas por ellos a la entidad Banca Privada de Andorra (BPA), por donde transitaron más de 2.000 millones de euros".
El Grupo Salazar
En las pesquisas, las autoridades del Principado detectaron cuentas bancarias a nombre de una veintena de personas, entre las que destacan los dos ex altos mandos chavistas encarcelados en España: Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa. Ambos formarían parte del denominado Grupo Salazar, conformado por otras cuatro personas: José Enrique Luondo Rotundo, Elías Salazar, Diego Salazar Carreño y Luis Mariano Rodríguez Cabello.
Desde el Ministerio Público venezolano se denunció una serie de contrataciones y comisiones otorgadas por PDVSA a varias empresas vinculadas al ya mencionado Diego Salazar, primo del también exministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez. Las pesquisas en Venezuela comenzaron el 1 de diciembre de 2017, después de que la Policía Nacional Contra la Corrupción analizara los informes de la oficina anticorrupción de la Policía de Andorra y del departamento crímenes económicos del Tesoro de Estados Unidos.
En dichos informes se acredita la apertura de cuentas, al mismo tiempo que se da cuenta de extractos bancarios de las operaciones realizadas "desde o hacia cuentas externas a la Banca Privada de Andorra" o "traspasos entre cuentas de empresas que eran controladas por un grupo de ciudadanos venezolanos, vinculados entre sí para defraudar a empresas del Estado venezolano".
Organización criminal
Según el Ministerio Público de la República Bolivariana, la investigación desarrollada en Andorra demuestra la existencia de una "organización criminal que, de manera directa y continuada, opera a nivel nacional y se vale de un conglomerado de estructuras, poco transparentes, que permitieron la creación de una serie de sociedades mercantiles nacionales e internacionales".
Los acusados, según los informes de Andorra y Estados Unidos citados por los fiscales venezolanos, crearon sociedades en paraísos fiscales como Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas para operar su entramado.
El dinero que circulaba en el BPA iba a parar a cuentas de empresas propiedad de los distintos integrantes del Grupo Salazar; compañías constituidas entre 2004 y 2016, durante los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quien asumió el poder en 2014 tras la muerte del líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La investigación internacional demostró que ninguna de las empresas presentaba "ningún tipo de operatividad o actividad" y se llegó a demostrar que un gran número de ellas "operaban en el mismo domicilio fiscal": la Torre Edicampo, en la urbanización Campo Alegre, en el municipio Chacao, al este de Caracas. De hecho, se acreditó que 28 de ellas tenían su domicilio en el piso siete y otras 11 en el piso nueve.
"Así tenemos, que el grupo de empresas antes señaladas, pese a no poseer un domicilio fiscal real (...) adquirieron diferentes activos (...) que se encontraban en posesión de los ciudadanos hoy acusados. Ello nos lleva a determinar que la creación o constitución de las mencionadas empresas, no fue otra que su utilización para ocultar bienes de fortuna; y enmascarar a través de ellas a los verdaderos propietarios", señalan los fiscales venezolanos en su escrito.
Andanzas en España
Tras abandonar la presidencia de la filial de PDVSA, Alvarado continuó con sus asesorías en el sector privado y, según consta en su perfil de Linkedin, en 2014 trabajó como coordinador de desarrollo en Energías Alternativas Zaragoza, empresa radicada en España.
Desde 2014 y hasta 2017 figuró como administrador único de la compañía Catalufa Inversiones Inmobiliarias S.L., de acuerdo a la información recogida en el Registro Mercantil. Esta es una de las empresas que los excargos chavistas utilizaban para blanquear dinero en España, según ha detectado el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
El 12 de diciembre de 2017 la Fiscalía venezolana solicitó a los Juzgados del Área Metropolitana de Caracas que decretaran orden de aprehensión, entre otros, contra el que fuera presidente de la Corporación Eléctrica Nacional. Según publicó en su propia cuenta de Twitter, en febrero de 2018 Alvarado aún mantenía su residencia en la capital española. "No había visto esto en Madrid desde hacía años", dijo.
Saliendo de casa!!!! ???? no había visto esto en Madrid desde hacía años!!! pic.twitter.com/WvQ7sjfDnK
— Javier Alvarado (@JaochoVienna) February 5, 2018
El 5 de noviembre de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela pidió la extradición del exviceministro por la presunta comisión de delitos de corrupción pasiva simple, tráfico de influencias y legitimación de capitales.
Alvarado fue detenido en Madrid el 9 de mayo, en virtud de una orden internacional dictada por un juez de Texas. Permanece en prisión preventiva, a la espera de que se determine si será extraditado a Estados Unidos o si responderá ante los Juzgados madrileños.
