La Generalitat decidió tras las elecciones municipales del 24 de mayo invertir 1,4 millones de euros en una campaña de publicidad institucional destinada a algo tan etéreo como mejorar el estado de ánimo de los catalanes. La llamó Preparats (Preparados) y la salpimentó con frases como “una nueva realidad se acerca cargada de esperanza y renovada ilusión” o “(Estamos) preparados para hacer una sociedad con más recursos (…) , para hacer un país moderno y de calidad”. Ante las críticas que recibió este anuncio por sus claras alusiones al secesionismo, el Gobierno autonómico pidió al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) que le respaldara. Y su presidente, fiel a Artur Mas y a sus aspiraciones soberanistas, así lo hizo. Aunque sean varios los indicios que apuntan a que este gasto es "completamente ilegal".
La campaña guarda sospechosas similitudes con otra emprendida por una organización pro independentista
Desde el inicio de la legislatura, este órgano se ha puesto de parte de la Generalitat en todas sus decisiones, lo que ha hecho que una parte de la sociedad catalana cuestione su imparcialidad. Principalmente, porque cuando sus miembros han tenido en sus manos un asunto que afectaba a los intereses de CiU, del proceso soberanista o de los medios públicos, siempre se han pronunciado en el mismo sentido.
En esta ocasión, el CAC ha actuado de oficio para dar su visto bueno a una campaña sobre la que pende la sombra de la ilegalidad. De hecho, sus consejeros Carme Figueras (PSC) y Daniel Sirera (PP) han expresado su rechazo a una decisión que han respaldado el resto de los miembros de este organismo. Es decir, los que orbitan alrededor de CiU y ERC.
Una campaña institucional en la que no se publicita ningún servicio público
Daniel Sirera ha emitido un voto particular sobre este acuerdo del Consejo, en el que denuncia abiertamente que la Generalitat haya realizado una significativa inversión en publicidad institucional que es "partidista" y que no ofrece a los ciudadanos información sobre ningún servicio público (esto último, a su juicio, vulnera la Ley 22/2005).
"Cuando la Generalitat de Cataluña inicia su campaña institucional con la frase 'una nueva realidad se acerca cargada de esperanza y renovada ilusión', no está anunciando un nuevo servicio público para los catalanes, sino que está intentando influir en las elecciones convocadas informalmente para el próximo 27 de septiembre que, desde la óptica de algunas fuerzas políticas servirán para culminar el llamado 'proceso' que pretende separar Cataluña del resto de España", expone en su voto.
El consejero -al igual que Carme Figueras- sostiene que esta acción promocional guarda una sospechosa similitud con otra lanzada por la organización pro secesionista Assemblea Nacional Catañana, denominada Estem preparats per ser independents (Estamos preparados para ser independientes). "Se repiten lemas, frases e imágenes" en ambas, lo que hace sospechar de la verdadera intención que tiene la Generalitat con esta campaña, más allá de la que reconoce, como es la de mejorar el estado de ánimo de los catalanes ante la superación de la crisis económica.
Un organismo muy cuestionado
Este último espaldarazo del CAC al presidente de Cataluña no resulta inesperado, pues en los últimos años este organismo se ha caracterizado por moverse de forma paralela a la Generalitat, aunque eso le haya hecho pronunciarse de forma contradictoria en algunas ocasiones. Sirva como ejemplo el que, mientras pidió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que multara con 1 millón de euros al programa Espejo público por unas "desafortunadas" declaraciones contra Artur Mas ("Mas quiere ser víctima de alguien... Lo que le falta es un fusilamiento"), se negó a sancionar a una tertuliana cercana a CiU cuando aseguró que Societat Civil Catalana (SCC) es una "quinta columna" que tiene un discurso "tóxico" que provoca "misericordia".
El CAC no condenó un reportaje emitido en TV3 en el que todas las personas que aparecían respaldaban el secesionismo
Su criterio también ha sido dispar en virtud del medio de comunicación sobre el que tuviera que pronunciarse. De este modo, mientras condenó que en Telemadrid o 13TV se comparara el independentismo con las dictaduras totalitarias del siglo XX, se negó a afear a TV3 por la emisión de ¡Hola Europa!, un documental en el que los 31 entrevistados que aparecían en sus 76 minutos de duración explicaban las ventajas del nacimiento de un Estado catalán, sin incluir ningún punto de vista contrario a la secesión.
Previamente, no consideró que Catalunya Radio y RAC 1 merecieran ser sancionadas porque en dos de sus programas se comparara a Albert Rivera con Franco. Tampoco vio de recibo multar al opinador cercano a CiU, Miquel Sellarès, por denominar "cerebros enfermos" a los votantes del Partido Popular y de Ciudadanos.
Este tipo de decisiones han puesto el punto de mira en su presidente, Roger Loppacher, que lejos de garantizar con su labor la pluralidad en los medios audiovisuales de Cataluña, ha dado su apoyo sistemáticamente a las posturas independentistas e, incluso, ha promovido sanciones excesivamente duras -o amenazas de multa- contra las empresas que han rechazado esta opción política. Contra todos aquellos que no comulgan con la hoja de ruta traza por Artur Mas.
