El proyecto del Real Decreto de medidas económicas adicionales que maneja actualmente el Gobierno, al que ha tenido acceso Vozpópuli, incluye un apartado que podría beneficiar a los medios de comunicación. En concreto, la norma habilita a las empresas que prestan servicios considerados esenciales durante el estado de alarma a presentar ERTEs por fuerza mayor para “aquella parte de la actividad o aquella parte de la plantilla que no esté afectada por el carácter de actividad esencial”.
Esta medida abriría la puerta a que las empresas de este sector aleguen ante la autoridad laboral causas de fuerza mayor para aquellas áreas de su negocio que se han visto comprometidas por la declaración del estado de alarma. Entre otras cosas, por la paralización de una parte de su actividad y por limitaciones de movilidad de algunos de sus trabajadores -no de los periodistas- que ha impuesto esta situación, que han afectado a su día a día, según explica a este periódico el abogado de CECA Magán, especialista en derecho laboral, Manuel Fernández Fontecha.
La situación que se plantea con los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor es significativamente diferente a la que se registra con los ERTEs por causas económicas, productivas, técnicas y organizativas -añade-. Entre otras cosas, porque los primeros no es necesario negociarlos con los trabajadores -simplemente, se comunican a la autoridad laboral- y porque permiten la exención del pago de hasta el 100% de la cuota a la Seguridad Social durante la crisis de la Covid-19.
Situación actual
La totalidad de los grandes grupos mediáticos que han planteado estas medidas durante las últimas semanas las han negociado con sus plantillas, al no cumplir los requisitos de fuerza mayor. Ahora bien, a partir de la aprobación de la próxima modificación del Real Decreto habrá que ver si alguna empresa periodística puede justificar la existencia de departamentos que no están relacionados, en ningún modo, con el proceso de elaboración y difusión de un periódico.
Cabe recordar que durante las últimas semanas han sido varias compañías de medios de comunicación las que han anunciado ERTEs a sus plantillas. La primera fue Editorial Prensa Ibérica, que ha aplicado duras condiciones en sus periódicos. Le siguieron Vocento, Joly, Godó, Unidad Editorial y Prisa. Estas dos últimas negocian actualmente las condiciones de este recorte.
No hay que olvidar que los medios de comunicación remitieron a Moncloa diversas peticiones una vez se declaró el estado de alarma, ante el empeoramiento de las previsiones de sus negocios. Entre ellas, se encuentra la rebaja del IVA para las publicaciones digitales, la exención de las cuotas a la seguridad social, la posibilidad de que sus anunciantes se desgraven el 30% de su inversión publicitaria; o, en el caso de las televisiones privadas, la suspensión durante medio año de la obligación de financiar a Radiotelevisión Española.
De momento, el Ejecutivo ha concedido una subvención de 15 millones de euros para todas las empresas de la TDT; y, según adelantó El Español, trabaja en un Plan de Publicidad Institucional 2020 que podría estar dotado con 100 millones de euros.
