El independentismo maniobra desde hace un tiempo para intentar que la ley obligue a las plataformas de televisión bajo demanda a ofrecer a sus espectadores un tanto por ciento de sus contenidos en catalán. Es decir, a que garantice algo que desde el punto de vista el negocio no han considerado excesivamente rentable, toda vez que la presencia en su catálogo de lenguas como el catalán, el vasco o el gallego es reducida.
El último en elevar la voz, en este sentido, ha sido la máxima autoridad de esta comunidad autónoma en materia de televisión y radio, Roger Loppacher, presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña, quien ha presionado al Gobierno español y al regional para que adapten sus normativas a esta exigencia.
Lo ha hecho a sabiendas de que -según los datos del propio Consejo- Netflix llega a 1,5 millones de hogares, frente a los 815.000 de Amazon Prime Video, los casi 400.000 de HBO y los 235.000 de Disney+.
La ley audiovisual de Cataluña (22/2005) apunta a que “la lengua normalmente utilizada por los prestadores de servicios de comunicación” públicos debe ser la catalana. También incide en que la Generalitat puede repartir ayudas públicas para el cumplimiento de esta obligación.
En su artículo 53, expone que las licencias para la televisión local en esta comunidad autónoma obligan a ofrecer “una programación que utilice el catalán como mínimo en el 50 % del tiempo de emisión, incluidos los programas en horario de máxima audiencia, así como las demás obligaciones que establece la normativa sobre política lingüística”.
La omisión de cualquiera de los deberes en lo relativo a la presencia del catalán o de la cultura catalana por parte de los licenciatarios es considerado, por ley, una infracción grave.
El CAC y Netflix
El problema al que se enfrentan los independentistas es que la imposición de estas normas a los nuevos medios de comunicación audiovisual no es una tarea tan sencilla como en los tradicionales. Entre ellos, los de titularidad pública (Catalunya Ràdio y TV3), que la Generalitat ha controlado de forma permanente desde su fundación.
Dadas estas dificultades, el CAC –de mayoría independentista- ha aprovechado para exigir que la nueva ley audiovisual española obligue a las plataformas de televisión bajo demanda a dedicar un porcentaje mínimo de programación en catalán.
Según el anteproyecto de ley, que ya ha pasado la fase de consulta pública, estos servicios deberán garantizar una cuota mínima del 30% de su catálogo en obras audiovisuales europeas y, de esta cuota, el 50% deberá ser en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas de las comunidades autónomas.
El CAC ya reclamó hace unos meses que, del 50% mencionado reservado lenguas oficiales en España, el 50% sea para el catalán, el vasco o el gallego, lo que contribuiría a paliar su situación de “precariedad lingüística” en el panorama audiovisual.
El organismo va más allá y pide incrementar el número de contenidos subtitulados al catalán en estas plataformas. También que la nueva normativa obligue a Netflix, Amazon y compañía a que contribuyan con el 10% de sus ingresos a financiar obra europea, frente al 5% que plantea el anteproyecto de ley.
Precedentes del CAC
Hay que precisar que el CAC es un órgano que surgió con vocación de ser el juez independiente de los medios audiovisuales de Cataluña. Es decir, el encargado de repartir licencias audiovisuales y de controlar que las empresas de televisión y radio –y ahora medios de internet- de esta comunidad autónoma cumplieran con la normativa vigente.
La realidad es que su actual presidente, Roger Loppacher –que ejerce con el mandato caducado- ha defendido frecuentemente los intereses de las formaciones independentistas; y eso ha auspiciado resoluciones como la que exculpaba a Mónica Terribas (expresentadora de las mañanas de Catalunya Ràdio) tras haber apelado a los ciudadanos a revelar la posición de los guardias civiles que trataban de evitar la celebración del referéndum del 1-O.
Tras la consulta independentista convocada en 2014 por Artur Mas, el CAC amenazó a Onda Cero, Cadena SER o COPE con la apertura de un expediente por negarse a emitir las cuñas publicitarias de este ‘plebiscito’, que habían sido prohibidas por el Tribunal Constitucional.
Ahora, Loppacher pone voz a algunas de las alegaciones que el CAC aprobó hace unos meses y se posiciona del lado de las asociaciones independentistas que habían lanzado dardos contra Netflix por la escasa presencia del catalán en su oferta audiovisual.
