El Gobierno ha aprobado este viernes un proyecto de ley que permite que las comunidades autónomas decidan si mantienen una televisión pública en su región o no. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo elevó al Consejo de Ministros un anteproyecto de Ley de modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual que permite la privatización de las televisiones autonómicas, una información adelantada esta mañana por Vozpópuli y que la ministra de la Presidencia y Portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
Las comunidades que mantengan su televisión pública habrán de elegir entre sacarla a concurso y privatizarla o mantener en sus manos la gestión de forma directa. En cualquier caso, la gestión privada o pública de cada televisión autonómica deberá equilibrar ingresos y gastos, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La vicepresidenta aseguró que se trata de una "importante medida de austeridad al servicio de las comunidades autónomas", dado que flexibiliza el modo de gestión de sus televisiones. La nueva norma, ha añadido, amplía la capacidad de gestión y decisión de las comunidades en su marco de autogobierno para decidir cómo prestan la actividad de televisión autonómica, informa la agencia EFE.
El texto, en la exposición de motivos, pone de manifiesto que la medida busca “flexibilizar la gestión de los canales públicos de televisión autonómica” ante la “situación económica” y la necesidad por parte del conjunto de las Administraciones de “acometer actuaciones que faciliten la consolidación presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas”, por lo que se “aconseja dotar a las comunidades autónomas de mayor flexibilidad en la prestación de su servicio de comunicación audiovisual”. Según las cifras que maneja la patronal de las televisones privadas UTECA el coste de las 13 televisiones públicas autonómicas anual es de unos 2.000 millones de euros.
Especifica la propuesta del anteproyecto, en este sentido, que “las comunidades autónomas que vinieran prestando el servicio público de comunicación audiovisual podrán transferirlo a un tercero de acuerdo con su legislación específica”. En consonancia con estos cambios, se introducen modificaciones en el régimen limitativo que tienen los prestadores del servicio público en la participación en el capital social de otros prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual. Expone, por ello, que cuando se acuerde una gestión indirecta u otros instrumentos de colaboración público privada, las comunidades autónomas podrán participar en el capital social del prestador de su servicio público.
Autorización para externalizar los informativos
El texto recoge que las comunidades autónomas podrán atribuir a un tercero la gestión indirecta de la producción y edición de los distintos programas audiovisuales, además de poder poner en marcha cauces para una colaboración público-privada, un aspecto que abre una vía para que los servicios informativos de las distintas televisiones autonómicas sean producidos por empresas privadas, al igual que el resto de programas.
Colaboración entre regiones
Como medida adicional de flexibilidad, se permitirá a los prestadores de servicio público de ámbito autonómico que establezcan acuerdos para la producción, edición y emisión conjunta de contenidos con el objeto de mejorar la eficiencia de su actividad. Estas modificaciones de la Ley General de la Comunicación Audiovisual no son aplicables a la Corporación de Radio y Televisión Española, ya que tiene su propia ley específica.
