El concurso por el que se adjudicarán seis nuevas licencias para emitir en Televisión Digital Terrestre (TDT) podría no ser el único que se convoque este año. El 23 de junio, el Tribunal Supremo se sentará para decidir sobre el cierre de ocho canales de Atresmedia, Mediaset, Net TV y Veo TV y, a partir de ahí, emitirá una sentencia que se espera que llegue antes del final del verano. Si se certifica la clausura de estas cadenas, el Gobierno tendrá la capacidad, por ley, de volver a sacar a licitación estos permisos de manera inminente.
La solución no es la que le han exigido las televisiones privadas, pues sus deseos pasan porque el Ejecutivo apruebe un Real Decreto que evite que el Alto Tribunal pueda hacer desaparecer nuevos canales. Pero tampoco generaría grandes problemas en Moncloa, pues la entrega de las nuevas licencias se produciría, con toda seguridad, después de las elecciones generales.
Esto significa que el actual Gobierno perdería la potestad de que "sus hombres controlen la adjudicación" de estos permisos de emisión. Pero, a cambio, se aseguraría el mantenimiento de la incertidumbre en las televisiones hasta después de los comicios, algo que podría derivar en que los reproches hacia su gestión y, por extensión, hacia el PP se lanzaran a un menor volumen.
El enfrentamiento entre Moncloa y las televisiones privadas
Precisamente, cuando Soraya Sáenz de Santamaría anunció la apertura de un concurso para repartir seis nuevas licencias de TDT, fueron muchas las voces que se alzaron para denunciar que el procedimiento coincidiera con las elecciones autonómicas y municipales.
Consideraban que, con ello, Moncloa pretendía acallar las críticas de unas empresas audiovisuales con las que ha tenido serios desencuentros en los últimos meses por dar alas a Podemos, así como por otorgar una excesiva presencia en sus informativos y programas de debate a los casos de corrupción relacionados con el PP.
Las televisiones privadas han pedido al Gobierno que evite el cierre de los ocho canales mediante un Real Decreto
La patronal de las televisiones privadas, UTECA, lamentó la apertura del procedimiento para conceder nuevos canales sin resolver la situación de los que penden de un hilo, pero el “decretazo” que proponía chocaba con la legislación europea sobre la gestión del espectro radioeléctrico. De hecho, este periódico informó de que la Comisión Europea estaba preparada para actuar en caso de que el Ejecutivo beneficiara a estas empresas, al igual que hizo en Italia cuando detectó un trato de favor a Mediaset, RAI y Telecom.
Por esta razón, la forma de resolver el futuro de la TDT que –a priori- menos problemas generará al Gobierno, es la de sacar a licitación estas ocho licencias en caso de que el Alto Tribunal declare su nulidad. Moncloa podía haber optado por incluir esta posibilidad en el pliego de bases del actual concurso, pero no lo ha hecho, lo que obligará a convocar uno nuevo, explican a Vozpópuli fuentes jurídicas.
Un nuevo concurso amparado por la ley
Los mismos informantes detallan que la Ley General de Comunicación Audiovisual vigente en España estipula en su Artículo 27 que, en caso de quedar libre una porción del espectro radioeléctrico por el cierre voluntario o forzado de uno o varios canales, el Ejecutivo dispone de un plazo de seis meses para iniciar su reparto. En caso de que no lo haga en un año, cualquier ciudadano tiene la posibilidad de exigir a la Administración la apertura de este procedimiento.
El Tribunal Supremo se pronunciará el próximo 23 de junio sobre el posible cierre de 8 canales de TDT.
Desde una de las televisiones privadas españolas aseguran que, por mucho que Moncloa acorte los plazos para el reparto de estas licencias –en el más que probable caso de que el Tribunal Supremo falle en contra de las empresas-, no podrá resolver este asunto antes de las elecciones generales.
Hace unos años, esto hubiera supuesto un duro golpe para el partido del Gobierno. Pero las últimas resoluciones del Alto Tribunal relacionadas con la TDT han anulado los efectos de los tratos de favor que Moncloa ha concedido en la última década a sus televisiones amigas.
Por eso, el que el fallo de este nuevo concurso tuviera lugar en la siguiente legislatura "no sería especialmente perjudicial para el PP”, en el caso de que no revalidara su mayoría, pues tampoco tendría el poder real para conceder las licencias "a dedo". "Y, si lo hiciera, se podría impugnar el procedimiento". destacan fuentes jurídicas expertas en este sector.
