“El coste del almacén submarino de gas situado frente a las costas de Castellón, es uno de los ejemplos más claros de despilfarro de dinero público que se han vivido en España”. La frase pertenece a la organización ecologista Greenpeace, y es parte de un comunicado emitido días atrás, después de que se conociera el contenido el informe encargado al Massachusetts Institute of Technology (MIT) sobre las causas de los terremotos que en el verano de 2013 sacudieron la costa castellonense. La organización recalca la necesidad de “desmantelar la plataforma tan pronto como las condiciones lo permitan y evitar que en el futuro vuelvan a ponerse en marcha proyectos como este que acarrean riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas, y que suponen un gran desembolso para las arcas públicas”.
Decir que es uno de casos más claros de despilfarro de dinero público es decirlo todo o casi nada en un país donde los escándalos económicos se suceden con desesperante regularidad. Es, sobre todo, una nueva demostración de la connivencia dolosa que en España sigue existiendo entre el poder político y el económico, una muestra del poderío de ese “capitalismo de amiguetes” madrileño -siempre dispuesto a prosperar allí donde no existe una separación clara entre lo público y lo privado- que encarna como pocos Florentino Pérez, el capo de ACS, y una evidencia de la falta de respeto de los políticos con el dinero del contribuyente, carencia ligada a un vacío legal que, salvo excepciones, exime de responsabilidades a los gestores de la cosa pública que toman decisiones de gasto a la ligera porque saben que esa responsabilidad terminará diluyéndose en el tiempo, porque ya se sabe que en España “el dinero público no es de nadie”.
Decir que es uno de casos más claros de despilfarro de dinero público es decirlo todo o casi nada en un país donde los escándalos económicos se suceden con desesperante regularidad
Desde principios de siglo, los Gobiernos de la nación han puesto el acento en incrementar las reservas estratégicas del país, dada la casi total dependencia del gas natural importado, principalmente de Argelia y Catar, mediante planes que contemplaban la construcción de nuevos almacenes subterráneos y la ampliación de depósitos existentes. El de gas submarino denominado Castor, proyectado en aguas de Castellón, frente a la costa de Vinaroz, pretendía almacenar gas suficiente para abastecer las necesidades de consumo de España durante 17 días. El Gobierno Zapatero, mediante el Real Decreto-Ley 855/2008, de 16 de mayo, adjudicó la construcción y explotación del silo durante 30 años a la empresa Escal-UGS (controlada en un 66,7% por la constructora ACS, y por la canadiense Dundee Energy en el 33,3% restante).
Ese Decreto, firmado por Miguel Sebastián, entonces ministro de Industria, incluida 14 artículos, el último de los cuales detallaba las condiciones de extinción de la concesión, determinando que si ésta caducaba o se extinguía, el almacén revertiría al Estado, que vendría obligado a indemnizar a la concesionaria con el valor neto contable de las instalaciones, siempre y cuando siguieran activas. En caso de dolo o negligencia, la compensación consistiría en el valor residual de las mismas. En mayo de 2012, el Gobierno Rajoy declaró lesivo para el Estado el citado artículo 14 y lo impugnó, al considerarlo contrario a la Ley de Hidrocarburos, pero en octubre de 2013, la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo falló en contra del Gobierno. En el informe de gestión del ejercicio 2013 remitido a la CNMV, ACS afirmaba que su filial “tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento”, por lo que “el valor de la inversión es totalmente recuperable”. Florentino siempre gana.
Fuente inagotable de empleo y riqueza
El Castor, el mayor almacenamiento subterráneo de gas planeado en España con capacidad para 1.900 millones de metros cúbicos, aprovechaba una planta ya existente a 22 kilómetros frente a las costas de Vinaroz. El proyecto contemplaba la construcción de una planta terrestre en el mismo municipio, y una canalización subterránea hasta la planta marina. Desde el primer momento, el anuncio despertó las alarmas de toda la comunidad costera, donde nunca se creyeron las promesas del CEO de Escal-UGS, un tipo 'echao palante' según el cual aquello iba a ser una fuente inagotable de empleo y riqueza para la zona, y quienes lo criticaban eran unos envidiosos. Lo cierto y verdad es que los estudios geológicos y medioambientales que en Vinaroz y su zona reclamaron con obstinación para evaluar el impacto del silo subterráneo nunca se efectuaron. El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) terminó validando los informes técnicos que la concesionaria presentó a Industria, sin evaluar en modo alguno los potenciales riesgos sísmicos.
El 5 de septiembre de 2013, apenas dos meses después de que Escal-UGS empezara a inyectar el gas colchón –que permite la posterior extracción del gas útil- en el depósito, situado a dos kilómetros de profundidad bajo el mar, la costa de Castellón registró el primer temblor sísmico, que sería seguido por cerca de 500, el mayor de los cuales de magnitud 4,2 en la escala Richter. La consiguiente alarma provocada en la zona movió al Gobierno a ordenar la paralización inmediata de la inyección de gas a finales del mismo mes. En julio de 2014, Escal UGS renunció a la explotación del almacén, y unas semanas después y con las vacaciones de verano de por medio, la parlanchina vicepresidenta Soraya anunciaba que el Ejecutivo, Real Decreto-Ley de 3 de octubre de 2014, había acordado dar por finiquitada la concesión de explotación del almacén e indemnizar con 1.350 millones (valoración de la inversión efectuada) a la filial de ACS, sin considerar, que se sepa, la posibilidad de pleitear contra ella o pedir responsabilidades al anterior Gobierno por la escandalosa cláusula comentada. ¿Por qué tanta prisa en pagar?
El Gobierno encargó a Enagás Transporte, la gestora técnica del sistema gasista, la administración y mantenimiento de la instalación, así como el pago a Escal UGS de la cifra mencionada. Los 1.350 millones se repercutirán en el recibo del gas durante los próximos 30 años, de modo que serán los consumidores quienes paguen los platos rotos del desatino y del poder del Florentino Pérez con los Gobiernos del PSOE y del PP. En septiembre de 2013, tras la crisis sísmica, el Ejecutivo pidió informes al IGME y al Instituto Geográfico Nacional (IGN). Ambos concluyeron lo que todo el mundo sospechaba: que hubo relación entre la inyección de gas y los terremotos que se registraron en la zona, aunque no entraron a valorar si la concesionaria actuó con diligencia a la hora de ponderar los riesgos sísmicos, y si calculó correctamente la presión que la estructura geológica podía aguantar por la inyección del gas colchón. El ministro Soria, que tardó meses en hacer públicos los informes a pesar de serle requeridos, se encargó de pedir también un estudio al MIT.
Serán los consumidores quienes paguen los platos rotos del desatino y del poder del Florentino Pérez con los Gobiernos del PSOE y del PP
El pasado 3 de mayo, después de 18 meses de espera y de 600.000 euros, se conoció por fin el dictamen del famoso MIT: "La falla de Amposta, alguna de sus ramificaciones y varias de las fallas del yacimiento próximo a Amposta fueron desestabilizadas de forma significativa por la inyección de gas". Ya tenemos culpable. El informe, sin embargo, escurre una vez más el bulto, no se sabe si a pedido del cliente, a la hora de identificar a los culpables humanos del desastre, que es lo que en última instancia interesaría a los paganos españoles. Toda la explicación que se aporta es que “lo ocurrido no se podría haber previsto con los estándares que se emplean en la industria para este tipo de almacenamientos de gas”, una conclusión que puede ser clave a la hora de determinar en los tribunales quién corre con la cuenta del estropicio.
Entre un fusil y un soldado, se perdió un pan
El almacén seguirá en estado de hibernación en el que se halla desde finales de 2013. Ni desmantelamiento ni reapertura. El riesgo tanto de inyectar gas como de tratar de extraerlo es tan alto, que mejor no meneallo. “Mejor dejar las cosas como están”, en versión Álvaro Nadal, el actual y listísimo ministro de Energía. Dios proveerá. La factura es enorme. Mantener la cosa en estado de hibernación cuesta 15,7 millones al año. A los 1.350 pagados por el Gobierno a la promotora, hay que añadir los 110 que ya había recibido con anterioridad, y otros 295,6 en concepto de "derechos retributivos" por los 27 meses en que el almacén estuvo operando. En total, más de 1.700 millones. A todo ello habrá que añadir el coste del desmantelamiento —143 millones según las previsiones efectuadas en 2008, cifra muy superior a estas alturas-, más los intereses del pago de la indemnización durante los próximos 30 años. La factura, según Greenpeace, podría superar los 4.000 millones. Todo un ejemplo de despilfarro de dinero público.
El episodio entero está judicializado. Hasta en tres instancias: el juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Vinaroz, el Supremo y el Constitucional. Dicho lo cual, urge una comisión de investigación que aclare las responsabilidades contraídas por los altos funcionarios de la Administración, ministros de Energía incluidos, en la concesión al gran Floro de tanto oropel. En esta hora escandalizada por las trapacerías de tanto saqueador de lo público, un asunto como el Castor no puede quedar en agua de borrajas. He ahí un caso donde Ciudadanos debería meter el flequillo sin miedo a despeinarse. El señor Pérez seguirá recibiendo en el palco del Real Madrid a políticos, empresarios y periodistas, todos dispuestos a esconder sus debilidades y a rendir pleitesía al más preclaro representante de nuestro capitalismo castizo. Es evidente que sin Florentino Pérez de por medio, ni el Gobierno Zapatero hubiera incluido esa vergonzosa cláusula, ni el Gobierno Rajoy se hubiera dado tanta prisa en pagar la cuenta. Urge saber quién se dejó convencer por las lisonjas del tycoon, para que pague las consecuencias.
