Se ha jubilado, sí, aleluya, el martes 21 de junio pasado recibió la papela, pero ha costado Dios y ayuda. Lo ha jubilado el ministerio del Interior contra su voluntad, porque “no quería ni patrás”, pero ya está, y una sensación de alivio se ha extendido por amplios sectores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, fieles servidores de lo público, han venido asistiendo entre perplejos y espantados a las andanzas de un comisario que ha hecho y deshecho a su antojo, como un verdadero poder autónomo, con ministros del Interior socialistas y populares, en ese terreno tan delicado que se llama la Seguridad del Estado. Le han jubilado, cierto, pero él lo niega. Ayer mismo, en su declaración como investigado, antes imputado, ante el juez de instrucción nº 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, volvió a hacerlo. Transcripción literal de la misma: “A preguntas del S.Sª se le hace saber al declarante el objeto de la declaración y manifiesta: Que es su deseo declarar; Que es comisario en activo, no es cierto que se haya jubilado”. Genio y figura.
Dos días después, el jueves 23 de junio, recibió también la jubilación el comisario Eugenio Pino, Director Adjunto Operativo (DAO), número 2 del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y figura prominente en los enfrentamientos que, tal que la llamada “guerra de comisarios”, han jalonado la vida de la institución durante los cuatro años en que Jorge Fernández Díaz se ha desempeñado malamente como ministro del Interior. Pino y Villarejo, Villarejo y Pino. “Siempre ha tenido más poder Villarejo que el DAO, pero si cae el uno, cae también el otro”, aseguraba meses atrás una fuente policial. Con la salida de ambos llega una oportunidad, que alguien calificaría de oro, de poner orden, imponer comportamientos democráticos, en institución tan capital para el funcionamiento de un Estado de Derecho como es el CNP. Se trata de una vez por todas de acabar con la corrupción policial y hacer cumplir la Ley, con mayúsculas, a los virreyes policiales que han campado a sus anchas desde hace décadas por las sentinas de la seguridad del Estado. Ni más ni menos.
La amistad entre Martín Blas y Villarejo saltó por los aires con motivo de una investigación abierta por Asuntos Internos a un grupo de agentes, entre ellos un íntimo del segundo, en el marco de la llamada Operación Emperador sobre la mafia china
A las órdenes directas de Fernández Díaz, y al margen o francamente puenteando al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, Pino conformó en torno a la Unidad de Asuntos Internos (UAI), al frente de la cual estaba el comisario Marcelino Martín Blas, un grupo de agentes de su confianza que se iban a dedicar al seguimiento y rastreo de las prácticas corruptas de los padres del independentismo catalán, los del “Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%” de Pascual Maragall. Y Pino no tuvo mejor idea que incrustar en ese grupo como auténtico “experto” al célebre comisario José Manuel Villarejo Pérez, alias Pepe Villarejo, experto en mil batallas de las que ha salido dueño de una considerable fortuna personal. El grupo encontró todo tipo de facilidades para hacer su trabajo en el caso de Pujol and family, pero en otros metió clamorosamente la gamba con informes, sin firma ni sello, de pésima calidad y nula credibilidad, pero que en apariencia satisfacían las magras exigencias éticas de un notable ramillete de “periodistas de investigación” que en estos años han asombrado a todos con su sagacidad investigadora.
La amistad entre Martín Blas y Villarejo saltó por los aires con motivo de una investigación abierta por Asuntos Internos a un grupo de agentes, entre ellos un íntimo del segundo, en el marco de la llamada Operación Emperador sobre la mafia china. Los antiguos aliados se juraron odio eterno, como queda reflejado en la pieza de la Operación Nicolay, que persigue al autor de la grabación ilegal de una reunión celebrada en octubre de 2014 en el despacho de Martín-Blas por éste y dos de sus subordinados con dos agentes del CNI, relativa a las andanzas de ese patético zascandil llamado Francisco Nicolás Gómez, alias “pequeño Nicolás”. En dicha pieza, Martín Blas, que a la sazón trabajaba a las órdenes del juez Zamarriego, apunta directamente a Villarejo como el autor material de la grabación y pide su imputación así como la del DAO Eugenio Pino, la de dos comisarios más y la de un grupo de periodistas de “investigación”. En un intento por acabar con la “guerra entre comisarios”, Interior cesó a Martín Blas como jefe de Asuntos Internos en abril de 2015. Demasiado tarde: Villarejo ya había jurado venganza eterna.
Un regalo envenenado de Villarejo
De modo que ayer, precisamente ayer, Pepe Villarejo dejó un regalo envenenado al ministro Fernández Díaz y al propio Gobierno en funciones que preside Mariano Rajoy. En su declaración ante el juez Zamarriego como investigado en el caso Nicolay, el ya ex comisario, que se define a sí mismo como “agente encubierto”, denunció la existencia de una “Operación Cataluña” destinada a frenar el proceso independentista catalán. El diario La Vanguardia abría ayer con grandes titulares su edición digital: “Villarejo ha reconocido que hasta 2012 trabajó intensamente con Martín Blas para frenar el proceso independentista en Catalunya. La existencia de un presunto grupo oculto para buscar información comprometedora de políticos independentistas fue destapada por varias informaciones periodísticas, aunque Interior siempre lo haya negado. El caso de Francisco Nicolás precisamente destapó las dudosas actividades de Asuntos Internos y su participación en estas supuestas unidades ocultas”. Aire para el victimismo. Gasolina para el independentismo. Más madera para un incendio que había perdido su resplandor. Y todo un Estado inerme ante la estulticia manifiesta de tanto servidor inane.
Todo está perdido. La única solución podría consistir en que la Guardia Civil protagonizara una fusión por absorción del CNP, cuyas funciones quedarían reducidas a la gestión del DNI, el pasaporte y la violencia de género
Una declaración que deja a Martín Blas a los pies de los caballos y que envía un mensaje explícito, porque a estas alturas de su vida Villarejo es poco amigo de las sutilezas conceptuales, al ministro del Interior (“para el cobarde, el cuchillo nunca tiene filo”) y al resto del Gobierno: andaos con ojo, porque sabéis de sobra que sé mucho de todos vosotros y puedo empezar a largar de lo lindo, de modo que un respeto. Un aviso a navegantes. “Villarejo ha puesto el ventilador y trata, en primer lugar, de acollonar al ministro”, asegura una fuente policial, “una pretensión ilusoria porque su tiempo, se ponga como se ponga, ya pasó. Desde el día 22 pertenece a clases pasivas, y desde el 26 de junio su suerte está echada, porque el futuro Gobierno no tendrá más remedio que poner en la calle a la actual cúpula policial de Interior, y naturalmente a quienes le están protegiendo en Interior, como una exigencia de los partidos que apoyen la investidura de Mariano Rajoy”.
“¿Quiénes se hacen fuertes en la cúpula policial?”, se pregunta la fuente. “Los que se pliegan a los designios del poder. Fue el PSOE, en particular Pérez Rubalcaba, quien descubrió que los comisarios se vendían por un sillón. El político de turno puede hacer DAO por libre designación a un corrupto, a un imbécil o a alguien que es ambas cosas a la vez. El comisario ambicioso se posiciona a favor del poderoso, y los que conservan su dignidad van quedando relegados, cuando no desprestigiados y su buen nombre difamado”. Todo está podrido. Todo está perdido. La única solución podría consistir en que la Guardia Civil protagonizara una fusión por absorción del CNP, cuyas funciones quedarían reducidas a la gestión del DNI, el pasaporte y la violencia de género. En marzo de 2014, el ministro Fernández Díaz condecoró a Pepe Villarejo con una medalla pensionada en agradecimiento a los servicios prestados. El problema no es Pepe Villarejo, que también. El principal problema es la existencia de Jefes de Gobierno capaces de situar en puestos clave de la Administración del Estado a sus amiguetes políticos, gente amoral que a la ineptitud une la desvergüenza más absoluta. El problema, para qué negarlo, es la capacidad de los ciudadanos para soportar este tipo de humillaciones colectivas. El resultado es el de siempre: la pésima calidad de la democracia española.
