Cuentan los estudiosos de la Grecia clásica que una mayoría de atenienses poseía al menos un esclavo. Para Aristóteles, una casa merecedora de tal nombre debía tener hombres libres y esclavos, de forma que no contar con esclavos era un signo claro de pobreza. Aristófanes hablaba incluso de ciudadanos pobres dueños de numerosos esclavos. En el discurso de Lisias Sobre el inválido, un enfermo protesta de esta guisa: “Lo que saco de mi oficio es poca cosa; me apena ejercerlo yo mismo y no tengo forma de comprar un esclavo que me sustituya”. Para Platón, que en el momento de su muerte era dueño de cinco, un ateniense pudiente no podía tener menos de 50 esclavos. Atenas practicó la esclavitud por deudas: un ciudadano que no pagaba su deuda quedaba sometido a su acreedor. Aunque afectó sobre todo a campesinos que alquilaban tierras y no podían pagar la consiguiente renta, el fenómeno también se daba en ciudades. En teoría, el esclavizado por deudas era liberado cuando cumplía sus compromisos. Solón puso fin mediante la seisákhtheia a esta práctica, prohibiendo la venta de un ateniense libre. Muchos siglos después, y aunque de la Grecia clásica no quede en la Atenas actual ni las raspas después de siglos de dominación turca, parece una obviedad decir que los griegos del siglo XXI van a quedar para siempre ligados a la UE por una suerte de “esclavitud de la deuda”, aunque bien podría ser que fueran los ciudadanos de la UE los involuntarios esclavos, los paganos, obligados a mantener el nivel de vida de un país que parece no tener remedio.
Asistimos estos días en España a un curioso fenómeno según el cual los culpables del drama griego no son ellos mismos y sus Gobiernos, sino el resto de países de la eurozona que han sepultado en Grecia algo así como 240.000 millones. La izquierda española, y en particular la radical nucleada en torno a Podemos, viene desplegando una dura ofensiva a través de sus altavoces mediáticos para presentar a los socios de la desvalida Grecia como una pandilla de mercaderes sin escrúpulos, entregados de hoz y coz a los designios de unos mercados dispuestos, cual vampiros, a chupar la sangre de los pobres pensionistas griegos. Incluso llegan a sugerir intenciones golpistas en las instituciones europeas. En la cadena SER, a hora de máxima audiencia, se ha podido oír esta semana a una profesora de Derecho Internacional Público decir que “se ha desvelado que lo que había [en Bruselas] es una intencionalidad en un determinado momento de derribar un Gobierno” (sic), afirmación corroborada de inmediato en la misma emisora por un maduro periodista catalán para quien “hay un interés deliberado de hacer caer este Gobierno”. El de Alexis Tsipras, se entiende.
Un no-acuerdo siempre será mejor que un mal acuerdo que nos devuelva a la pesadilla de los Varoufakis
Basta, sin embargo, asomarse a los medios de comunicación de la Unión para darse cuenta de la existencia de una corriente de opinión mayoritaria según la cual no tiene sentido seguir metiendo dinero en un país que no tiene intención de pagar sus deudas; no tiene sentido seguir financiando el estilo de vida de una sociedad acostumbrada a vivir por encima de sus posibilidades que, en algún momento de su reciente historia, se hizo a la idea, merced a su posición estratégica y su condición de cuna de la civilización, de que podía ser posible vivir a cuenta de los demás; no tiene sentido sostener a unos dirigentes que no han mostrado la menor voluntad de cumplir sus compromisos, y que no se recatan a la hora de decir que no van a devolver su deuda y que tampoco van a hacer ajustes, lo que equivale a decir que piensan seguir pidiendo dinero, es decir, quieren seguir viviendo sine die a costa del prójimo sin apretarse el cinturón.
Para nuestros podemitas, el único Gobierno realmente democrático de la UE es el que preside Tsipras. Es como si los votos que llevaron a la coalición izquierdista Syriza al poder fueran de mejor calidad democrática que los de los millones de europeos que en sus países eligieron a los Gobiernos respectivos, como si los 10,8 millones que apoyaron a Rajoy en noviembre de 2011, los 10,3 que votaron a Hollande en mayo de 2012, o los 18,2 que optaron por Merkel en septiembre de 2013, por citar solo algunos de los de la eurozona, nada valieran frente a los 2.264.064 griegos que en enero de este año hicieron primer ministro a Tsipras. Ellos son quienes fijan la norma y deciden lo que la eurozona debería hacer por Grecia. Porque solo ellos tienen razón. De donde se infiere que la opinión de los contribuyentes europeos, de cuyos bolsillos ha salido el dinero bombeado a Grecia, no debe ser tenida en cuenta, porque nada tienen que decir ni que opinar.
España se juega 28.000 millones en la aventura griega
“No estamos dispuestos a poner dinero para arreglar la situación de un país que paga unas pensiones que nosotros no podemos dar a nuestros jubilados”, aseguraba el primer ministro de un pequeño país báltico estos días en un diario alemán. No está en cuestión la legitimidad del Gobierno de Syriza para hacer política. Ocurre, sin embargo, que esa legitimidad tiene unos límites que los helenos traspasan cuando invaden la de otros Gobiernos a quienes reclaman unas condiciones para renegociar su deuda que esos Gobiernos, tan democráticos como el de Tsipras, no podrían defender ante sus electores. La exposición directa total de España a la deuda griega se eleva a unos 28.000 millones (por encima de los 25.300 presupuestados en 2014 para el pago del seguro de desempleo), ello sin incluir la deuda del Banco Central griego a través del sistema de compensaciones interbancarias denominado Target2, que se estima en otros 5.000 millones. ¿Alguna vez fuimos consultados los contribuyentes españoles para asumir tales compromisos? ¿Se puede pedir a un país que ha atravesado una crisis de caballo como la española que siga arriesgando dinero en Grecia?
El referéndum de hoy, planteado como chantaje a la eurozona en un consumado ejercicio de trilerismo populista, manifiesta la voluntad del Gobierno Syriza de seguir obteniendo ventaja de las contradicciones de unas instituciones europeas incapaces de tomar decisiones tan meditadas como contundentes en un tiempo razonable. Se trata de una consulta cuya legitimidad democrática está más que en entredicho, como demostró aquí Juan Pina en un brillante artículo esta semana. Un referéndum con una pregunta confusa, incluso falsa (en tanto en cuanto el segundo rescate ya ha expirado) y que no da respuesta a las incertidumbres que sobre el futuro de los griegos se abrirían en caso de triunfar el “no”. Los de Syriza, expertos en propaganda como sus amigos de Podemos, pretenden, por contra, meter el miedo en el cuerpo de los europeos con las consecuencias que, en su opinión, se derivarían para la UE de la salida de Grecia del euro. Más allá de la volatilidad que cabe esperar en los mercados, lo más probable es que no ocurra ninguna catástrofe en caso de triunfo del “no”. Esto tiene poco que ver la quiebra de Lehman, un acontecimiento que cogió por sorpresa a todo el mundo. Aquí no hay nadie que no haya descontado ya que el Grexit es algo más que una posibilidad, una salida que podría ser buena para el euro en tanto en cuanto serviría para corregir el sinsentido de su entrada en la eurozona y daría a Grecia la posibilidad, devaluación mediante, de poder enderezar su camino hacia el crecimiento, eso sí, a costa de muchos sufrimiento y una aún mayor pobreza.
El Grexit es algo más que una posibilidad, una salida que podría ser buena para el euro
Las consecuencias del “no” las pagarían, sin la menor duda, los ciudadanos griegos, el 72,9% de los cuales prefiere seguir en el euro, frente a un 20,3% que sería partidario de volver al dracma, según una encuesta de Kapa Research. Hay muy pocos argumentos a favor del abandono de la eurozona, más allá de las ventajas que supondría contar con una política monetaria propia y del estímulo de las exportaciones que se lograría vía depreciación de la nueva divisa. A partir de ahí, todo son adversidades. Empezando por las económicas (la caída del PIB dejaría en mantillas lo ocurrido hasta ahora; las importaciones se reducirían al ser más caras, lo que provocaría un empobrecimiento general de la economía limitando el crecimiento exportador; la previsible inflación -salarial y de bienes de consumo- causaría aumento de intereses, recorte de salarios y depresión aún más acusada de la demanda doméstica). Siguiendo por las sociales (la vuelta al dracma traería pérdida de la confianza y caos; sería preciso cambiar a la nueva moneda todo tipo de contratos denominados en euros –cajeros, sistemas de pago, etcétera-; la renta real disponible se reduciría significativamente). Y terminando por los estructurales (la debilidad institucional, fiscal, burocrática, de capital humano y de infraestructuras, caparía el crecimiento de las exportaciones).
Un problema humanitario de dimensiones “africanas”
En realidad hay quien piensa que Grecia podría estar abocada a una crisis humanitaria de dimensiones “africanas” fuera del euro, entre otras cosas, por una simple cuestión de incompetencia técnica de los Varoufakis de turno a la hora de abordar el cambio de moneda, cambio que, en caso de que a partir del martes la eurozona aceptara volver a sentarse a negociar, podría ir precedido por la emisión de pagarés capaces de funcionar como moneda doméstica paralela (IOUs en inglés), un medio de pago que terminaría inundando el sistema y que se depreciaría constantemente, ahondando en la bancarrota del Estado (el Gobierno ya tenía a primeros de mayo algo así como 5.200 millones de letras impagadas). Esto es lo que ofrece Tsipras al pueblo griego: miseria y caos. Para muchos, la UE está condenada a seguir ayudando a Grecia y ello tanto por razones humanitarias como geopolíticas. Lo dijo ayer el ministro alemán Schäuble, el malo malote de Syriza: “Habrá ayudas a Grecia, pero a cambio de reformas”. Volvemos al punto de partida de esta interminable crisis: la necesidad de que Grecia aborde de una vez sus problemas de fondo: una administración pública demasiado grande, un sector privado excesivamente regulado y una corrupción galopante, consecuencia de esa idea instalada en el inconsciente colectivo griego según la cual es posible vivir a costa de los demás.
Será difícil que, si hoy triunfa el “no”, los representantes de las instituciones europeas se sienten a negociar un tercer rescate con un Gobierno que se ha dedicado a condicionar el voto de sus ciudadanos mediante informaciones falsas o simples mentiras, cuando no groseras manifestaciones de desprecio hacia sus hasta ahora socios, ello a pesar de las eternas dudas de la señora Merkel, temerosa de que la salida de uno de los socios del Club pueda poner en peligro la irreversibilidad del euro. Un no-acuerdo siempre será mejor que un mal acuerdo que, a la vuelta de unos meses, nos devuelva a la pesadilla de los Varoufakis. Bruselas lleva demasiado tiempo enredada en la mortaja que Penélope teje de día y desteje de noche para su suegro Laertes. La construcción europea necesita cuanto antes dar carpetazo al mito griego para dedicarse a lo capital: salir del marasmo institucional y de crédito por el que atraviesa el proyecto, hoy en el impasse más peligroso de su existencia. Una cosa buena podría tener “lo” de Grecia: la necesidad ineludible que tanto la UE como la propia eurozona tendrían entonces de dar un paso adelante de gigante en la armonización de sus políticas económicas y fiscales y en la senda de la construcción de un verdadero Gobierno europeo. Europa ni se puede parar ni mucho menos volver al punto de partida. Con todas sus luces y sombras, la Unión es un proyecto maravilloso que, entre otras cosas, ha dado 70 años de paz a un viejo continente acostumbrado a matarse durante siglos con tanta regularidad como saña. No parece haber otra salida.
