“¿En qué momento se había jodido el Perú?”, se preguntaba Mario Vargas Llosa en el arranque de ‘Conversaciones en la Catedral’, un duro retrato de la corrupción moral y la represión en su país bajo la dictadura de Manuel Odría. Más de medio siglo después, conviene hacerse la misma pregunta -¿en qué momento se jodió España?- en la semana en la que el Congreso culminaba varias décadas de dejación de funciones de los Gobiernos de PSOE y PP y sentenciaba el castellano como lengua vehicular en las aulas de toda España.
Mientras los tertulianos patrios dedicaban jornadas maratonianas a criticar el sistema electoral de una de las democracias más antiguas del mundo y se llevaban las manos a la cabeza porque el granjero de Iowa seguía apoyando a un loco como Donald Trump –más de 60 millones de votos en plena pandemia es para que todos nos lo hagamos mirar-, en la moderna España se certificaba la defunción del uso del castellano en las aulas al mismo nivel que el catalán, el euskera o el gallego.
El tiro de gracia se lo han dado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, empujados por la necesidad de los votos de ECR y Gabriel Rufián, pero la dejación de funciones comenzó hace cuarenta años con Adolfo Suárez, se intensificó con Felipe González y José María Aznar –ambos necesitados de los apoyos de nacionalistas vascos y catalanes, el uno en el ocaso de sus mayorías absolutas y el otro antes de lograrla- y lo remató José Luis Rodríguez Zapatero con su afán de pasar a la historia como el hombre que solucionó “el conflicto catalán”.
Ningún traspaso de competencias ha sido más nefasto para España que el de la Educación que inició Suárez en 1980 y culminó Aznar en 1996, necesitado de los votos de los Pujol y los Arzallus de turno
Todos, uno detrás de otro, fueron transfiriendo a las CCAA –primero a las históricas, luego al resto, aunque muchas de ellas ni las querían- las competencias en financiación, justicia, sanidad… Las consecuencias de haber transferido esta última lo estamos sufriendo ahora con la pandemia. Pero ninguna ha sido más nefasta para España que el traspaso de las competencias en Educación que inició Suárez en 1980 y culminó Aznar 1996 dejando también la educación no universitaria en manos de los Gobiernos autonómicos.
Porque como han venido denunciando, en los tribunales y en cualquier tribuna a su alcance, desde políticos a profesores e intelectuales constitucionalistas, los Gobiernos nacionalistas han usado esta transferencia para adoctrinar a varias generaciones contra la idea de España, generaciones que hoy, 24 años después, forman el censo electoral dispuesto para ese referéndum de autodeterminación que anhelan los independentistas.
Y mientras en las aulas, los Gobiernos nacionalistas difunden el mantra del ‘España nos roba’, señala a los hijos de los “cuerpos represivos del Estado español”, se gastan millones de euros públicos en difundir que Colón, Leonardo o Cervantes en realidad eran catalanes, pero Madrid lo ha ocultado, y finalmente eliminan la necesidad de que el castellano sea idioma vehicular y lo rebajan al nivel del francés o el chino, los distintos Gobiernos españoles han preferido mirar para otro lado –en esto no hay color-, ignorar las sentencias del Constitucional de 1994 –ahora el PP anuncia que va a recurrir al alto tribunal- y no ejercer el deber de inspeccionar lo que se enseña y cómo se enseña en las aulas de media España.
El Estado, en dejación de funciones permanente, dejó la supervisión del sistema educativo catalán a un cuerpo de inspectores… gestionado por la propia Generalitat. La zorra cuidando el gallinero
El Estado, en esa dejación de funciones, dejó la supervisión del sistema educativo catalán en manos de un cuerpo de inspectores… gestionado por la propia Generalitat. La zorra cuidando el gallinero. El 80% de esos inspectores que deben “evaluar y supervisar las escuelas e institutos catalanes para garantizar que se cumplan las leyes” son funcionarios seleccionados por el propio Govern en comisión permanente de servicios.
El elefante en la habitación
Esta semana España se ha hecho, con la rúbrica de PSOE y Podemos y el aplauso de sus socios nacionalistas e independentistas, un nudo más a la soga que lleva años poniéndose al cuello: ¿alguien imagina que en la jacobina Francia se permitieran 17 programas educativos, con el francés marginado mientras se alienta el odio a París o a la República?
Aquí, sin embargo, preferimos llevarnos las manos a la cabeza por el ‘atrasado’ sistema electoral en Estados Unidos, entristecernos por el voto ‘trumpista’ de la América Profunda o avisar del riesgo de perder el trascendental condado de Maricopa, Arizona… Mejor mirar fuera con tal de no ver el incómodo elefante que lleva desde hace años en nuestra habitación.
PD: Este artículo ha sido enviado preventivamente al nuevo Ministerio de la Verdad y está a la espera de ser visado por Iván Redondo, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, el CNI y el Consejo de Seguridad Nacional en cumplimiento de la nueva normativa contra la desinformación...
