En el debate sobre el modelo de financiación autonómica, destaca la tensión entre la supuesta ideología de los partidarios y los intereses que, en muchos casos, justifican sus posiciones. A menudo asociamos la ideología de izquierdas con una mayor igualdad en la distribución de la renta y una mayor solidaridad entre los españoles. Sin embargo, el acuerdo entre los dos partidos que se definen como de izquierdas, ERC y el PSC, se basa, en cambio, en limitar la solidaridad, aplicando el principio de ordinalidad. Este principio, a diferencia de la solidaridad o de la coordinación con la Hacienda del Estado no está ni en la Constitución ni en las leyes vigentes. En la versión del pacto, este principio de ordinalidad implicaría que Cataluña debe recibir más recursos por persona que ninguna otra Comunidad salvo Madrid. Por supuesto, los intereses tanto de ERC como del PSC, que ahora gobierna la Generalitat, están alineados con la idea de que Cataluña disponga de más dinero.

El principal obstáculo no es tanto la ideología de otros, ni siquiera sus intereses, sino los números. El sistema de financiación autonómica es un mecanismo para repartir la recaudación de los impuestos. Si se quiere aumentar la financiación para Cataluña, necesariamente las demás autonomías deberán quedarse con menos. Es posible incrementar los recursos destinados a este sistema, pero deben provenir de alguna parte. Una opción sería aumentar el déficit público, lo que se traduciría en menos recursos para el futuro o en mayores impuestos para los contribuyentes que residan en las demás comunidades autónomas.

Otra alternativa sería que el Estado o la Seguridad Social reduzcan su gasto. Esto implicaría, por ejemplo, recortes en pensiones, o bien la reducción de servicios esenciales en la Administración General del Estado, como orden público, servicio exterior o Fuerzas Armadas. Y sobre esto, es necesario reflexionar: hay servicios nacionales dimensionados de forma centralizada, como la Unidad Militar de Emergencias, que no podría ser replicada por ninguna Comunidad Autónoma, por más rica que esta fuera. En una situación de emergencia, como la vivida en Valencia, simplemente no habría recursos suficientes para mitigar las consecuencias del desastre. Si no se opta por nada de lo anterior, hay que asumir que una mayor financiación para Cataluña implicará, inevitablemente, menos recursos para el resto de las CCAA.

Cerca de tres cuartas partes del presupuesto de las CCAA se destinan a sanidad, educación y otros servicios sociales, destacando la dependencia. El gasto más relevante es el de sanidad, que continuará creciendo en las próximas décadas debido al envejecimiento de la población, lo mismo que sucederá con otros gastos sociales, como la dependencia. Por tanto, la distribución de los recursos del sistema de financiación no es solo una cuestión política -aunque lo sea-, sino que es la garantía financiera de que los servicios públicos de sanidad y educación puedan ser prestados de manera mínimamente equitativa en toda España.

 Si se establece un sistema en el que la Agencia Tributaria de Cataluña gestiona, liquida, inspecciona y recauda todos los impuestos, lo que estamos viendo es un concierto económico

Para justificar la limitación de la solidaridad, los partidarios de esta financiación singular recurren a varios argumentos falaces, como el que Cataluña está infra financiada, lo que simplemente no es cierto, ya que Cataluña percibe del sistema de financiación un 10% más por habitante que la media (sin País Vasco y Navarra). Sin embargo, el argumento más relevante, y el que subyace a toda esta filosofía, es la emulación del modelo de los territorios forales, lo que podríamos llamar la "atracción fatal" del régimen foral. Es cierto que el País Vasco y Navarra tienen muchos más recursos por habitante, pero aquí surge otro problema numérico: ambos territorios cuentan con una población mucho menor. Replicar este sistema de financiación para Cataluña resulta inviable. Un cálculo rápido revela que, en 2021, Cataluña recibió 3.305 euros por habitante a través del sistema de financiación autonómica, lo que totaliza más de 25.000 millones de euros para sus 7.727.029 habitantes. En comparación, el País Vasco, después de pagar el cupo al Estado, tenía una recaudación de impuestos disponible de 14.372 millones de euros para 2.199.751 habitantes, lo que equivale a 6.534 euros por habitante. Intentar replicar el modelo del concierto vasco, como pidió el expresidente Artur Mas, significaría algo parecido a duplicar la financiación de Cataluña, con un coste superior a los 20.000 millones de euros anuales a expensas del resto de los españoles, una suma exorbitante.

Ante la reacción contraria a la idea de extender el régimen de concierto vasco-navarro a Cataluña, ahora se niega que la financiación singular pactada entre ERC y el PSC sea un concierto económico. Sin embargo, no pasa el test del pato: "Si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, probablemente sea un pato." Si se establece un sistema en el que la Agencia Tributaria de Cataluña gestiona, liquida, inspecciona y recauda todos los impuestos, pactando una compensación por los gastos del Estado no asumidos por la Administración autonómica, lo que estamos viendo es un concierto económico. Es cierto que, a diferencia del concierto económico vasco y del convenio navarro, se incorpora una cuota temporal de solidaridad, limitada por el principio de ordinalidad, y siempre que las CCAA receptoras hagan el mismo esfuerzo fiscal. Sin duda, lo que se está proponiendo es un "pato", es decir, un concierto económico, aunque probablemente menos insolidario que los modelos vasco y navarro.

Para lograr un resultado similar al del Concierto Vasco, no basta con ser una Comunidad rica y quedarse con toda la recaudación. También es necesario no contribuir a la solidaridad interterritorial, negociar un cupo irrisorio, y no aportar nada a la parte de las pensiones que no se financia con cotizaciones sociales, sino con impuestos de los contribuyentes de otras regiones, lo que asciende a más de 40.000 millones de euros, además de realizar unos ajustes en el IVA descaradamente favorables a los territorios forales.

Los servicios prestados a los contribuyentes empeorarían y el fraude fiscal aumentaría, tal y como se mide a través de la brecha del IVA
 

Sin llegar a estos extremos, establecer un concierto económico en Cataluña tendría efectos inevitables. El más evidente sería un aumento significativo del coste de recaudación de los impuestos, dado que fragmentaría el sistema de la Agencia Tributaria, algo similar a lo que ocurre en el País Vasco, Navarra y en el único país avanzado que ha descentralizado el cobro de impuestos: Alemania. Lo que es aún peor es que los servicios prestados a los contribuyentes empeorarían y el fraude fiscal aumentaría, tal y como se mide a través de la brecha del IVA, que es la diferencia entre la recaudación esperada y la recaudada efectivamente. Las brechas en el País Vasco, Navarra o Alemania son considerablemente mayores que las de la Agencia Tributaria.

En resumen, el planteamiento de la denominada "financiación singular" no es coherente con una ideología de izquierdas ni con un Estado social que promueva la igualdad de oportunidades, independientemente del lugar de residencia. Más aún, no es coherente con la realidad y con los números, ya que los costes de implementarlo serían muy superiores a los beneficios que algunos catalanes podrían obtener, a costa del resto de los españoles. Aunque a los ciudadanos españoles que no vivimos en Cataluña este planteamiento evidentemente no nos interesa, creo que tampoco lo haría a los catalanes porque, al no dar los números, la financiación singular llevaría a la voladura de todo el sistema de financiación. Con todos sus defectos, y necesitando una reforma, el sistema de financiación es la garantía financiera de la prestación de muchos servicios sociales, y estoy convencido de que su voladura no le interesa a nadie.

Francisco de la Torre Díaz es economista e inspector de Hacienda

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