Existe una tendencia mayoritaria en nuestra sociedad caracterizada por echar la culpa de casi todo a los políticos, que podría resumirse en el popular dicho italiano: “Piove, porco Governo”. Y no es que no hagan cada vez más méritos, unos mucho más que otros, para merecer nuestras críticas, pero con los infames indultos que acaba de conceder el Gobierno a confesos culpables de un golpe de Estado, apelando a una legislación prehistórica, se han producido algunos sorprendentes -o no tanto, como veremos- apoyos que han dejado al desnudo la sociedad civil española con dos grandes ejemplos: la CEOE y la Conferencia Episcopal.
En ambos casos ha sido evidente la mala conciencia de sus portavoces al mezclar de manera confusa e impropia -carente del más mínimo rigor conceptual- la ley, la justicia, la constitución y hasta el diálogo sobre delitos consumados y debidamente juzgados. La posible integridad moral -pensar, decir y hacer lo mismo- cuya carencia es el principal atributo del presidente del Gobierno, de ambas instituciones, debería conllevarles a “dialogar” por ejemplo sobre la existencia de la propiedad privada y el libre mercado por parte de la CEOE y sobre la libertad religiosa, la pedofilia y la eutanasia por parte de la Iglesia.
¿Qué razones, de fondo, justifican tales escandalosos comportamientos? La respuesta es muy simple: la sociedad civil –verdadera– española es muy débil y las citadas asociaciones están muy lejos hoy -no en otros tiempos- de merecer tal apelativo.
El conjunto de instituciones no gubernamentales suficientemente fuertes como para contrabalancear al Estado y, sin menoscabar sus funciones de mantenimiento de la paz y arbitraje de los grandes intereses
¿En que consiste la sociedad civil? Uno de los más acreditados signos distintivos de nuestra cultura y civilización, la occidental, y una de las razones de sus logros y avances económicos y sociales a lo largo de la historia es la existencia de la llamada “sociedad civil”, que, al generar pluralismo ideológico e institucional, previene el establecimiento de monopolios de poder y de verdad y contrabalancea las instituciones centrales de naturaleza política. Podríamos definir la sociedad civil como el conjunto de instituciones no gubernamentales suficientemente fuertes como para contrabalancear al Estado y, sin menoscabar sus funciones de mantenimiento de la paz y arbitraje de los grandes intereses, prevenir su dominio sobre una sociedad atomizada.
John Locke, el primer y gran filósofo político moderno, sostiene en su Segundo tratado sobre el gobierno civil, de 1690, que “los hombres poseen derechos que son anteriores a los gobiernos, siendo estos instaurados para proteger aquellos”.
A partir de la materia prima de los afectos humanos construimos asociaciones duraderas, con sus reglas, cargos, ceremonias y jerarquías que dotan a nuestras actividades de un valor intrínseco. Colegios, iglesias, bibliotecas, coros, orquestas, bandas, grupos de teatro, clubs de cricket, equipos de fútbol, torneos de ajedrez, la sociedad histórica, el instituto femenino, el museo, la partida de caza, la sociedad de pesca. Estas asociaciones son miradas con suspicacia por quienes están convencidos de que la sociedad civil debería ser dirigida por quienes saben más. Cuando el Partido Comunista tomó el poder en Europa, su primera tarea consistió en destruir las asociaciones civiles. Tal es la descripción de la sociedad civil que nos hace Roger Scruton.
Integrada la sociedad civil por las asociaciones libres y voluntarias que puedan constituirse para los más diversos fines en el amplio espacio que existe entre la familia y el Estado, no todas merecen el mismo respeto y consideración.
Deben merecer mayor respeto aquellas que:
- Sean voluntarias, tanto para formar parte de ellas como para dejar de ser miembros.
- Son socialmente representativas, no un mero club de unos pocos y circunstanciales amigos.
- Se autofinancian con aportaciones económicas y materiales libres y voluntarias de sus asociados, sin compromisos de permanencia.
- Se organizan con criterios democráticos basados en estatutos respetuosos de las leyes y votados por sus miembros.
- Persiguen fines explícitos: misión, visión y valores de público conocimiento.
- Actúan con total transparencia hacia la sociedad.
- Respetan las leyes y se someten a ellas.
La consideración social y política de la proyección pública de las organizaciones sociales, debe ser francamente positiva con aquellas que:
- Defienden intereses generales: sus planteamientos y sus logros benefician a la sociedad toda, es de decir, incluso a los que no son miembros.
- Actúan con integridad moral: piensan con libertad intelectual, dicen lo que piensan y hacen lo que dicen.
Si se observan de cerca, una gran parte de las organizaciones –autoproclamadas–de la sociedad civil no responde a los criterios de legitimidad expuestos. Muchas de ellas –quizás la mayoría– apenas si tienen miembros voluntarios, no se financian con sus propios recursos, dependen de subvenciones públicas asignadas con criterios políticos, no tienen comportamientos democráticos, sus fines ni son explícitos ni muchas veces explicitables, actúan sin transparencia y en ciertos casos -Cataluña- no respetan las leyes.
Radicalmente en contra
¿Por qué será que el Círculo de Empresarios se ha manifestado clara y contundentemente en contra de los ilegítimos indultos que cuestionan el sagrado principio de la independencia judicial y la consecuente división de poderes? Muy sencillo: cumplen las anteriores normas -sobre todo, no reciben subvenciones del Estado– y no son condecorados por el poder político.
Que España no haya sido durante largos periodos de tiempo una sociedad abierta y democrática -“el terreno de juego de los deportes cívicos”- ha dificultado la proliferación de las asociaciones duraderas a las que se refiere Scruton, a lo que se ha unido la expansión sin límites del Estado que ha competido con ellas confinándolas cuando no absorbiéndolas y por tanto subvirtiéndolas en su razón de ser.
Los ciudadanos, incluidos los creyentes y practicantes católicos y las empresas tienen que hacer frente a sus responsabilidades sociales participando cada vez más en asociaciones de todo tipo, contribuyendo económicamente a su financiación para garantizar su libertad e independencia de los gobiernos y participando activa y democráticamente en su orientación y proyección pública.
Frente a los gobiernos que se aprovechan de las flaquezas de la sociedad civil para sumarlas dócilmente a sus designios políticos, es la hora de la responsabilidad ciudadana y empresarial no adocenadas actuando y diciendo basta. No solo el Gobierno tiene la culpa, también nosotros los ciudadanos en el ámbito de la sociedad civil.
