Como casi todo lo que sale del magín de este Gobierno, la ley bautizada con el apellido de su ministra de educación es maximalista y abiertamente ideológica. Todos los fantasmas y complejos del progresismo educativo se dan cita en ella y, como en todo programa de máximos, termina entrando en conflicto con la Constitución. Pero no nos adelantemos, vayamos por partes. La primera es preguntarse si hacía falta una nueva ley educativa sólo siete años después de que se aprobase la última, la conocida como ley Wert por el ministro del ramo en aquel momento.
Asunto de Estado
Seguramente no hacía falta, pero no hay Gobierno que no sienta la tentación de intervenir en la educación y ponerla a su gusto. Esta es la novena Ley orgánica que afecta a la educación desde 1980, es decir, que, de promedio, cada cuatro años y medio se ha ido remodelando el marco legal para ajustarse a los cambiantes caprichos de cada Gobierno. La educación debería ser un asunto de Estado por encima de banderías políticas, pero, como obedeciendo a una especie de ley no escrita, sucede justo lo contrario. Cada cambio en el Ejecutivo es sinónimo de una nueva ley educativa que invariablemente viene acompañada de polémica y ocasiona malestar y manifestaciones callejeras.
Esta última no ha sido la excepción, ha superado ya el trámite en las Cortes por un solo voto y a su aprobación le siguió una memorable tangana en el hemiciclo con los de un lado aplaudiendo y los del otro abucheando. Toda una metáfora de la enésima ley educativa que, desde su misma concepción, buscó a partes iguales la confrontación y el guiño hacia los socios de investidura de Pedro Sánchez. Lo primero lo ha conseguido, lo segundo no tanto porque varios se abstuvieron o votaron en contra. Sirva de aviso a quien corresponda. El bloque anti-Rajoy no es tan compacto y disciplinado como a Iglesias le gustaría.
El legislador pretende apoyar al que suspende y quitarle el estigma del repetidor, pero solo conseguirá castigar a los que se esfuerzan
El texto incorpora novedades, algunas especialmente polémicas y que traerán cola durante los años que se tarde en modificarla y alumbrar la siguiente reforma. La de las titulaciones con suspensos es una de estas novedades. Los niveles de exigencia han ido bajando en las últimas décadas y la ley Celaá no hace más que poner su granito de arena en este descenso hacia la nada. A partir de ahora se podrá superar la ESO con más de dos suspensos y el bachillerato con uno. El legislador pretende apoyar al que suspende y quitarle el estigma del repetidor, pero lo único que conseguirá será castigar a los que se esfuerzan, desincentivando de este modo los buenos hábitos. Curiosamente la ministra asegura que con esto lo que pretende es fomentar la excelencia. Peculiar idea de excelencia la que tiene Isabel Celaá.
Modelo mixto
Otro de los puntos más controvertidos es el estrangulamiento de la educación concertada. Los conciertos educativos fueron creados por el Gobierno de Felipe González a mediados de los años ochenta para complementar la red de centros públicos. El sistema funciona más o menos bien. En algunas regiones como Madrid o el País Vasco aproximadamente la mitad de los alumnos acuden a centros concertados o privados. El Estado financia mediante un concierto parte de los gastos de los concertados y el resto corre a cargo de las familias. Es un modelo mixto que permite a los padres escoger centro y al Estado le aligera la factura en educación.
Pero entre los partidos de izquierda no ha sido nunca popular a pesar de que muchos de sus líderes sean usuarios de esos centros concertados. La propia ministra envió a sus hijas a un colegio concertado de Lejona. Concertado y, para más inri, religioso. La ley arremete también contra la asignatura de religión, que seguirá impartiéndose, pero ni se evaluará ni contará en la nota del alumno. Vamos, que se convierte en algo parecido a una actividad extraescolar como la esgrima o el cuidado del huerto escolar. No estamos hablando solo de religión católica. En los colegios españoles también se ofertan desde hace años las asignaturas de religión evangélica e islámica.
Esto supone de facto que el castellano desaparezca de los colegios en lugares como Cataluña o Baleares, donde su presencia se limita desde hace años a unas pocas horas semanales
Pero la parte que más polémica ha levantado de la nueva Ley es la eliminación definitiva del castellano en las aulas catalanas, algo que viene a consagrar la inmersión lingüística en catalán. Lo primero no es del todo cierto. El texto reconoce al castellano como lengua oficial del Estado e indica que todos los alumnos deberán alcanzar su dominio pleno. Lo que si se elimina es la capacidad que hasta ahora tenía el Estado para asegurar el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en castellano, es decir, que los inspectores educativos del Estado no podrán meterse en eso dejando este particular a la inspección autonómica. Esto supone de facto que el castellano desaparezca de los colegios en lugares como Cataluña o Baleares, donde su presencia se limita desde hace años a unas pocas horas semanales. Supone en cierto modo dar carta de naturaleza a algo que ya sucedía y que los socios de Sánchez querían ver negro sobre blanco. Esto evidentemente daría lugar a otro debate, el de la inmersión forzosa en las lenguas cooficiales, un controvertido modelo que se aplica en Cataluña y Baleares desde hace años y que se está empezando a implantar en la Comunidad Valenciana.
Al margen de consideraciones legales, la inmersión lingüística no ha conseguido que el castellano deje de ser la lengua mayoritaria de los catalanes según se extrae de las encuestas que, a través del Centro de Estudios de Opinión, realiza la propia Generalidad. En la calle, castellano y catalán conviven pacíficamente y se mezclan en las conversaciones. No sucede lo mismo en la administración o en la escuela, donde impera el más estricto monolingüismo. La nueva ley de educación vendría apuntalar algo que ya existe como guiño a los socios independentistas del Gobierno, a quienes quiere complacer de cara a los presupuestos.
Las cuestiones puramente educativas aquí pintan poco o directamente nada. Se trata de compensar un apoyo parlamentario y no es mucho lo que el Gobierno puede ofrecer a estas alturas. Ya apenas quedan competencias que transferir y lo que realmente ambiciona ERC, un referéndum de autodeterminación, el Gobierno no puede concederlo. Como vemos, todo está sujeto a la permanencia de Pedro Sánchez en La Moncloa y que no se vea obligado a convocar elecciones. Vendrán más leyes polémicas y todas habrá que leerlas en la misma clave. La receta es siempre la misma: ideología y resistencia. En eso se puede condensar el Gobierno de Sánchez desde el primer día.
