En tiempos de penumbra democrática, siempre es recomendable acudir al prestigioso filósofo francés Claude Lefort (1924 – 2010), quien advirtió de "la fragilidad del sistema democrático" por el propio carácter inestable de la democracia, siempre expuesta a ser confrontada o sustituida por otro tipo de orden político.
El artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante, TC) dice que los miembros del TC "deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos o Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función". Y en el artículo 19 se explica que el cargo de magistrado del TC es incompatible con el de Defensor del Pueblo, con el de diputado y senador, con cualquier cargo político o administrativo, con el ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de la carrera judicial o fiscal, con empleos de todas clases en los tribunales y juzgados de cualquier orden jurisdiccional, con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y con toda clase de empleo al servicio de los mismos.
Los nombramientos de Juan Carlos Campo y Laura Díez como magistrados del TC ahondan en el proceso de destrucción de la confianza en las instituciones. Estamos hablando de políticos nombrados por su propio partido para integrar el órgano encargado de analizar la constitucionalidad de las leyes promovidas por ese partido. Las costuras de las democracias empiezan a deshilacharse con esos detalles.
No parecen haber sido elegidos por ser juristas de reconocida competencia, sino por ser políticos de reconocida competencia. Y ese tipo de méritos, perfectamente lícitos en otros ámbitos, no son aceptables para integrar el TC. La buena voluntad de los nombrados, algo de lo que no existe duda, no es suficiente argumentación para hacer decaer la falta de apariencia de independencia. ¿Acaso no hay personas capaces sin vinculaciones partidistas que puedan desempeñar las altas magistraturas sin comprometer la imparcialidad de la institución?
Un mensaje descorazonador para los verdaderos juristas de reconocida competencia, que no participan de las bambalinas políticas".
Este tipo de decisiones lanza un mensaje descorazonador para los verdaderos juristas de reconocida competencia, que no participan de las bambalinas políticas. Parece que la excelencia siempre queda detrás del amiguismo. Algo que, sin ser novedoso, hiere forzosamente los sentidos.
Atravesamos tiempos de trincheras en las que renta colocar en las instituciones del Estado a los suyos, por encima de los idóneos. Las consecuencias son evidentes: un progresivo declive de la calidad técnica, apreciable por cualquier observador imparcial. Y es que no se puede dejar de recordar la importancia del TC en su posición de legislador negativo, única institución con capacidad para expulsar una norma del ordenamiento jurídico. El reflejo de la pluralidad política está garantizado con la elección de candidatos de competencia profesional y reputación contrastada que permitan embridar la influencia inevitable de los sesgos ideológicos, como en su día dijo Mariano Bacigalupo (Buenos Aires, 1968).
Lo que a corto plazo puede parecer una victoria estratégica, terminará convirtiéndose en una derrota de la democracia.
Abandonemos la trinchera por el bien común.
Sergio Oliva. Magistrado, miembro del comité nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).
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Si eres un mentiroso perderás a tus amigos, si consigues un trabajo falseando tu currículum, te despedirán, Si mientes a tu familia, dejarán de hablarte y te apartarán. Si mientes no tendrás reconocimiento de nadie y serás un paria. Si eres Candidato todo lo anterior no cuenta, podrás mentir a tus votantes y será válido, legal. El sistema Democrático Español no lo tendrá en cuenta y te nombrará Presidente del Gobierno.