La ofensiva del Gobierno contra los medios de comunicación críticos con su gestión ya no es un proyecto, sino un hecho. Bajo la rimbombante denominación de 'plan de regeneración y calidad democrática' -¿quién tendría arrestos de oponerse, dicho así, tan bonito?-, Pedro Sánchez ya ha desvelado parte de su proyecto de ahogamiento económico a lo que denomina 'pseudomedios'. La reforma impondrá a todas las administraciones públicas, y todas son todas, incluidas las autonomías o ayuntamientos en manos del PP, un tope o un porcentaje máximo de inversión en publicidad institucional.
El primer golpe, en la línea de flotación de pequeños medios que, en efecto, si sobreviven al caótico modelo de negocio periodístico es porque la publicidad institucional les salva parte de las nóminas. Vivir exclusivamente de los lectores es una entelequia hoy en España, y sobrevivir con publicidad institucional no es la mejor alternativa para cualquier purista de la independencia periodística, a qué engañarse, pero tampoco es dinero sucio ni una compraventa de favores políticos. La evidencia es que el propio Gobierno de Sánchez ha multiplicado exponencialmente en sus seis años de poder la inversión en publicidad institucional, por encima ya de los 225 millones de euros anuales. El argumento es simple: si Sánchez financia a medios de prensa digital con estas campañas, sólo es en beneficio del interés general. Y si lo hace la Comunidad de Madrid, ese dinero es fango para financiar manipulación informativa, difamaciones, bulos y mentiras. El viejo 'adaggio' de un eterno automatismo: la izquierda es buena por ser izquierda, y la derecha mala por ser derecha.
El segundo golpe de Sánchez a los medios de la 'disidencia' ideológica tendrá otro noble objetivo, naturalmente. La transparencia. Todos los medios deberán ser transparentes en cuanto a su accionariado, inversores y anunciantes (atentos al intervencionismo sobre anunciantes privados, sí). Con el argumento de la transparencia se maquilla la realidad de una persecución y una coacción. Se trata de retratar y estigmatizar a propietarios o inversores cuya comprobación, por otro lado, puede hacerse ya hoy con una simple consulta al Registro Mercantil. Es la transparencia como coartada de una finalidad digna que en realidad esconde este otro mensaje: "Cuidado, que en La Moncloa sabemos lo que haces con tu dinero. Tú sabrás". Le tomó la idea a Puigdemont… 'Transparencia nostra'.
El tercero será una nueva regulación de delitos como las injurias o las calumnias, del derecho de rectificación o de los derechos al honor, a la propia imagen y a la intimidad, de modo que se facilite la eliminación de la impunidad periodística y del "fango" gratuito. Más allá de despreciar toda la amplia y riquísima doctrina constitucional sobre la libertad de prensa, de expresión y de opinión, el ahogamiento económico llegará acompañado de normas restrictivas impropias de una democracia. Hoy en día, una información reputadamente falsa, obtenida de forma ilegal, abordada sin rigor profesional o deontológico, y lesiva sin causa justificada para alguien ya acarrea a cualquier mal periodista sanciones penales, civiles o laborales. ¿Sánchez solo quiere endurecerlas? No. En realidad quiere reinventarlas a medida de su vaga concepción de las libertades. El tufillo de la censura, de la prohibición y de la persecución empieza a adquirir el color sepia y la musicalidad del NoDo.
El cuarto golpe. La justificación. La ausencia de públicos objetivos para justificar el estrangulamiento y asentar la teoría de que en realidad no se crean nuevos medios de comunicación, sino 'chiringuitos' de encargo político financiados de modo encubierto por opositores al Gobierno para la demolición de la imagen pública del presidente o la de su familia con invenciones, sesgos y falsedades. Hay ingentes cantidades de dinero en campañas institucionales de publicidad en medios "que no tienen lectores", sostiene Sánchez. Bien… ¿quién decidirá en su plan de 'calidad democrática' cuántos lectores mínimos son necesarios para ser beneficiado con una campaña institucional? ¿Un funcionario de 'regeneración'? ¿Un responsable de comunicación del Gobierno? ¿Un censor a la vieja usanza? ¿Un Fernando Simón del periodismo? ¿Un comité de la verdad? ¿Una comisión de expertos convenientemente instruida para distinguir el bien del mal? ¡Ah… los expertos!, el eterno recurso de Moncloa cuando se pretende presentar un escaparate idílico para ocultar una realidad malintencionada.
Y quinto. El argumento. Europa nos lo impone… como aquella falacia de que era imperativo derogar la sedición para unificar criterios con países de la UE. Veamos lo que realmente dice la normativa europea. Sánchez siempre se remite a una normativa de Bruselas que aconseja, si no impone, aplicar restricciones a medios de comunicación. Según la pantomima, no es él quien las desea, sino Europa quien las exige. Pero una simple lectura de esa normativa demuestra que en realidad establece básicamente lo contrario de lo que plantea Sánchez. Primero, porque el Reglamento (UE) 2004/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de abril de este mismo año (37 folios de extensión), que tiene su origen, o continuación, en la Directiva 2010/13/UE, lo primero que hace es distinguir entre "plataformas en línea" y "medios de comunicación". Europa no deja lugar a la duda sobre la definición, identificación y distinción de cada uno de esos dos ámbitos. En cambio, lo que hace Sánchez es idear un argumento distorsionado, mezclar unos y otros, utilizar torticeramente los documentos europeos generando una confusión deliberada, y crear una realidad virtual que dé amparo a su pretensión de asfixiar a algunos medios de Prensa.
Sirva para el lector que a continuación se reproducen, textualmente, algunos de los principales puntos de ese reglamento emanado de directivas europeas al respecto, y que están vinculadas inequívocamente a "terceros países", a cuestiones de seguridad nacional e, incluso, al espionaje ilegal para tratar de dañar y poner en peligro los sistemas democráticos. Nada que ver con el ejercicio libre del periodismo. Es simple textualidad sin añadiduras:
“La Unión debe ayudar al sector de los medios de comunicación para poder aprovechar esas oportunidades dentro del mercado interior, protegiendo al mismo tiempo los valores que son comunes a la Unión y a sus Estados miembros, como la protección de los derechos fundamentales”.
“Las diferentes normas y enfoques nacionales en relación con el pluralismo de los medios de comunicación y la independencia editorial, la insuficiente cooperación entre las autoridades u organismos reguladores nacionales y la opacidad y falta de equidad en la asignación de los recursos económicos públicos o privados dificulta que los participantes en el mercado de los medios de comunicación funcionen o se expandan a través de las fronteras y conduce a unas condiciones de competencia no equitativas en la Unión. (…) El buen funcionamiento del mercado interior de los servicios de medios de comunicación se ve puesto en peligro por prestadores, incluidos los controlados por determinados terceros países, que practican de forma sistemática la desinformación, o la manipulación de información y la injerencia, y utilizan las libertades del mercado interior con fines abusivos, lo que impide el correcto funcionamiento de las dinámicas del mercado”.
“Los destinatarios de servicios de medios de comunicación en la Unión, a saber, personas físicas que son nacionales de Estados miembros o que se benefician de los derechos que les confiere el Derecho de la Unión, y personas jurídicas establecidas en la Unión, han de poder disfrutar de contenidos de los medios de comunicación pluralistas producidos de acuerdo con la libertad editorial en el mercado interior. Ello resulta fundamental para fomentar el discurso público y la participación ciudadana, ya que disponer de una amplia gama de fuentes de información fiables y de periodismo de calidad capacita a la ciudadanía para tomar decisiones con conocimiento de causa, también sobre el estado de sus democracias”.
“Se reconoce el derecho a recibir o comunicar informaciones y la obligación de respetar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, con arreglo al artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que reafirma la importancia de respetar la diversidad nacional y regional de los Estados miembros. No obstante, los Estados miembros deben tener la posibilidad de adoptar normas más detalladas o más estrictas en ámbitos específicos, siempre que dichas normas aseguren un nivel de protección del pluralismo de los medios de comunicación o la independencia editorial más elevado, de conformidad con el presente Reglamento y respetando el Derecho de la Unión”
“La definición de publicidad estatal no debe incluir anuncios oficiales que estén justificados por una razón imperiosa de interés general, como los mensajes de emergencia de las autoridades o entidades públicas cuando sean necesarios, por ejemplo en casos de catástrofe natural o crisis sanitaria, accidente u otros incidentes repentinos que puedan causar daños a los individuos”.
“También debe garantizarse el acceso a estos servicios evitando los intentos de silenciar a los periodistas, que van desde las amenazas y el acoso hasta la censura y la supresión de opiniones discrepantes, lo que podría limitar la libre circulación de información hacia la esfera pública reduciendo la calidad y la pluralidad de la información”.
“La protección de la independencia editorial es una condición previa para el ejercicio de la actividad de los prestadores de servicios de medios de comunicación y su integridad profesional en un entorno mediático seguro. La independencia editorial es especialmente importante para los prestadores de servicios de medios de comunicación que ofrecen noticias y contenidos sobre asuntos de actualidad, dado el papel social de estos como bien público”.
“Existe un grado creciente de injerencia en las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación en varios Estados miembros. Dicha injerencia puede ser directa o indirecta, del Estado o de otros agentes, incluidas las autoridades públicas, los cargos electos, los funcionarios gubernamentales y los políticos, por ejemplo para obtener una ventaja política. (…) Es necesario poner en marcha salvaguardias eficaces que permitan el ejercicio de la libertad editorial en toda la Unión, de modo que los prestadores de servicios de medios de comunicación puedan producir y distribuir de forma independiente sus contenidos a través de las fronteras y los destinatarios de los servicios de medios de comunicación puedan recibir esos contenidos”.
“También resulta crucial (…) salvaguardar el papel de ‘guardián público’ de los prestadores de servicios de medios de comunicación y, en particular, de los periodistas de investigación en las sociedades democráticas, y para defender el Estado de Derecho”.
“Los programas informáticos de vigilancia intrusiva —incluidos, en particular, los denominados comúnmente «programas espía»— representan una forma especialmente invasiva de vigilancia de los profesionales de los medios de comunicación y sus fuentes”.
“Se trata de proteger el mercado interior de servicios de medios de comunicación de fuera de la Unión, con independencia de los medios por los que se distribuyan o se acceda a ellos, que se dirigen o llegan a audiencias de la Unión cuando, por ejemplo, en vista del control que sobre ellos podrían ejercer terceros países, podrían perjudicar o plantear un riesgo de perjudicar la seguridad pública. Un riesgo de perjudicar la seguridad pública podría referirse a una provocación pública para cometer un delito de terrorismo como se establece en el artículo 5 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo y a campañas sistemáticas e internacionales de manipulación de información e injerencia por parte de agentes extranjeros con vistas a desestabilizar a la Unión en su conjunto o a determinados Estados miembros”.
El resto… el resto es mezclar churras con merinas con un único objetivo: restringir la libertad de prensa en España. Y así, restringir tu libertad acotando la mía. Eso es lo que también está en juego como elemento esencial de nuestra democracia.

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