Ni espiar sabemos, porque si se hubiese hecho bien como es habitual en cualquier estado democrático no se habrían conocido datos que ponen los pelos de punta a cualquier persona de a pie. Tampoco hace falta el CNI, sabemos que Mr. Google nos tiene bien controlados. Está claro que perseguir las ideas, una ideología, no es de democracias de ningún tipo. Sí lo es perseguir terroristas y para esto están los servicios de inteligencia en una democracia.
Queremos seguridad por ello existen los servicios de espionaje –por ello supimos por Estados Unidos que Rusia iba a invadir Ucrania cuando Vladimir Putin solo hacía públicamente que negarlo-, aunque ojalá hubiésemos podido evitar los ataques del 11M en Madrid, los del 17A en Barcelona, el 11S en Estados Unidos. Se pueden hacer millones de comentarios, declaraciones, denuncias, en aras de lo que debe ser una democracia con garantías para todos como bien recoge nuestra Constitución. Si creemos e informe elaborado por la Universidad de Toronto y publicado por The New Yorker –prestigioso medio- quedaría claro que se ha utilizado el sistema Pegasus como otras democracias europeas han hecho.
El problema no es que se utilice este procedimiento de infiltración en móviles, el problema es para qué, porqué y contra quién se utiliza. Desde el ámbito político se deben dar las explicaciones necesarias,, en el ámbito de la comsión de Secretos Oficiales, para que esto no vuelva a ser un totum revolutum, una excusa para seguir mareando perdices y la pérdida de tiempo. Esto no es una novela de John le Carré sobre el servicio de inteligencia israelí, el Mossad. Esto va de lo que hace el CNI, de proteger al CNI como también de proteger a todos los ciudadanos que políticamente defienden sus ideas. Lo demás es dar argumentos a los independentistas para ir en contra de los cimientos de un Estado de Derecho.
A nadie se le escapa que con esta aventura del espionaje se les da una oportunidad, más bien episódica, a los independentistas, para que recuperen algo de tono, ahora tan perdido
De performances políticas ya estamos algo hartitos No nos caigamos ahora del guindo ni unos ni otros, ni ERC, ni Junts, ni Podemos. También investigan, espían, los mossos, para eso están. Todos pagamos al CNI para que nos proteja, también para que espíe, a una persona, a dos o tres, las que sean conveniente, con el imprescindible aval de la Justicia. No se trata del Gobierno de Pedro Sánchez sino de cómo funciona un pilar fundamental para proteger nuestra democracia. Cuando se espía, ha de hacerse bien, eso está descontado. A nadie se le escapa que con esta aventura del espionaje se les da una oportunidad, más bien episódica, a los independentistas, para que recuperen algo de tono, ahora tan perdido.
Por suerte, la ministra de la que dependen los servicios secretos, Margarita Robles haciendo gala nuevamente de su profesionalidad como jurista y como ministra ya ha anunciado que comparecerá en el Congreso para dar explicaciones y además las ha dado en las últimas horas a todos los medios que lo han requerido haciendo el asunto tan simple, pero a la vez tan complejo: “Todo lo que hace el CNI es secreto y no se puede defender”. Por ello, el presidente Pere Aragonés quizás consiga en el Congreso que le expliquen qué pasó –a puerta cerrada- y pueda seguir defendiendo la mesa de diálogo que tantas ganas tiene de romper su socio de gobierno y con este caso del Catalangate se han vuelto a armar de razones.
Materias clasificadas, asuntos secretos, cuestiones que no se pueden escampar a los cuatro vientos, airear como si se tratara de un anuncio de jabón. Y cuando se haga, que se haga bien. Nadie duda de la profesionalidad del CNI y también es asunto que ha de tenerse muy en cuenta. Suerte que no ha sido a la inversa, que no han sido los servicios de espionaje catalán los que han espiado –que se sepa- a Mariano Rajoy o a Pedro Sánchez. Polémica política servida, nuevo choque de trenes para dos gobiernos de coalición difíciles de sostener, tanto el catalán como el central.
Wesly
Espiar a potenciales delincuentes que, además, avisan públicamente de sus intenciones delictivas no sólo no ha de ser delictivo sino que ha de ser claramente una obligación.