Democracia igual a Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La soberanía nacional reside en el pueblo. Ninguno de esos factores pueden fallar. De lo contrario, la democracia se debilitaría tanto que podría asimilarse a cualquiera de los sistemas autoritarios que habitan en distintos países del planeta tierra.
Imaginemos por un momento que el presidente del Gobierno de España, en cuyas atribuciones reside el poder de disolver las Cortes Generales cuando lo crea conveniente o cuando por imperativo legal deba hacerlo, decide no disolver cuando estuviera obligado a ello. El argumento podría ser algo así: “Como me va bien con la actual composición del Congreso de los Diputados y no sé que pasaría si disuelvo las Cámaras, me niego a hacerlo y continuamos sine die la actual legislatura”. El escándalo sería mayúsculo. Los ciudadanos nos tiraríamos a la calle para exigir que la democracia funcionara de acuerdo a las reglas establecidas. Se convocaría una huelga general y se exigiría que la soberanía nacional decidiera la composición del Congreso y del Senado en unas elecciones generales, libres y secretas. Durante el tiempo en el que las Cámaras estuvieran abiertas sin que el presidente del Gobierno las disolviera de acuerdo a la ley, la democracia española tendría ese nombre pero habría sido secuestrada y eliminada. Un poder del Estado como es el legislativo tiene sus normas y a ellas tiene que atenerse todo el mundo.
Casi tres años en funciones sin que los ciudadanos sintamos la menor necesidad de salir a la calle para exigir que ese poder del Estado sea renovado
Y sin embargo, otro poder del Estado, el Judicial, se encuentra varado sin que haya manera de que su órgano de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, se renueve de acuerdo a lo que establece el artículo 122.3 de la Constitución que obliga a elegir a sus miembros cada cinco años. En 2018, ese Consejo tendría que haber sido sustituido por otro que pudiera ejercer todas las funciones que las leyes le atribuyen. Todos sabemos que no se está cumpliendo la Constitución. La composición actual del Consejo caducó el 4 de diciembre de 2018. Casi tres años en funciones sin que los ciudadanos sintamos la menor necesidad de salir a la calle para exigir que ese poder del Estado sea renovado y que la democracia española pueda seguir llamándose así.
El Poder Judicial es uno de los tres poderes fundamentales de un Estado que se pretenda democrático. Y como hemos quedado en que la soberanía nacional reside en el pueblo, somos los ciudadanos los que tenemos la obligación de elegir a los componentes de ese poder del Estado. En el Congreso y en el Senado están los representantes que hemos votado libremente y son ellos quienes tienen la capacidad de elegir al presidente del Poder Ejecutivo y también la capacidad para elegir al órgano del gobierno del Poder Judicial.
Pero sí cabe que los jueces, que no sus sindicatos, a través de sus Tribunales Superiores territoriales, elaboren una lista de juristas para ser designados componentes del CGPJ
Está claro que los grupos parlamentarios no están siendo capaces de cumplir el mandato constitucional. En consecuencia, se está poniendo en peligro el sistema democrático español. Los jueces no deben elegir a los jueces, porque a los jueces no los ha elegido nadie. Pero sí cabe que los jueces, que no sus sindicatos, a través de sus Tribunales Superiores territoriales, elaboren una lista de juristas que, como dice la ley, gocen de suficientes años de antigüedad y de reconocidísimo prestigio para ser designados componentes del Consejo General del Poder Judicial.
Acreditado prestigio profesional
Los grupos parlamentarios han demostrado durante tres años que no se encuentran capacitados para conformar la lista de todos los miembros que se incorporarían al órgano de gobierno de los jueces. Cuando esa incapacidad pone en peligro el sistema democrático es necesario acudir a quienes, desde su independencia, puedan facilitar a los grupos parlamentarios la lista ordenada para su votación en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Quienes pueden hacer ese trabajo son aquellas personas que tengan un acreditado prestigio profesional que les permita seleccionar a los mejores currículos de quienes hayan sido propuestos por jueces y magistrados.
Ese papel, desde mi experiencia, solo lo podría hacer el Consejo de Estado. Está facultado profesional y reglamentariamente para hacerlo. El Reglamento de funcionamiento del Consejo de Estado permite que el Consejo, motu proprio, remita un informe al gobierno según se dice en el artículo 2, 2: “El Consejo de Estado realizará por sí o dirigirá la realización de los estudios, informes o memorias que el Gobierno le solicite o que el propio Consejo juzgue oportuno para el mejor desempeño de sus funciones”.
En el Consejo de Estado se dan cita juristas de un enorme prestigio y de una garantizada independencia, lo que permitiría que los ciudadanos supiéramos que quienes aspiran ocupar asiento en el Consejo General del Poder Judicial lo harían por su valía profesional y no por su cercanía o lejanía al gobierno o a la oposición a ese gobierno. Los jueces y magistrados que diariamente realizan su trabajo no se merecen que uno de los tres poderes del Estado esté en la picota poniendo en riesgo la autenticidad de nuestra democracia. Y la ciudadanía no debería mirar para otro lado mientras la democracia española se deteriora.
