Ni los más optimistas del lugar pudieron imaginar que llegarían a ver el día en que el polémico comisario José Manuel Villarejo Pérez fuera puesto a disposición de la Justicia. Tal era/es su poder, tal su capacidad para desestabilizar a jueces, fiscales, políticos, empresarios, periodistas y colegas del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Una bomba racimo hecha a base de tiempo, de Gobiernos de distinto signo, de ministros del Interior indignos y acollonados, y de acumulación de información sensible. En pleno temporal provocado por la revuelta del independentismo catalán, al día siguiente de que Junqueras y sus siete enanitos durmieran en la cárcel de Estremera, saltaba la noticia: Pepe Villarejo había sido detenido dentro de una operación llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, siguiendo órdenes de la Fiscalía Anticorrupción. Se le acusa de haber recibido supuestos cobros “a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia, y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español”. El hombre que durante décadas pareció intocable, máximo exponente de las llamadas “cloacas policiales”, había sido trincado a la manera en que lo fue el famoso Capone: por un delito menor, comparado con la categoría de los que se le atribuyen.
Una operación preparada con mimo, que despide el aroma de la mano inocente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de su adorable responsable jerárquica en el Gobierno de la nación, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Ha sido necesario encontrar una acusación (una denuncia anónima llegada a Anticorrupción el pasado mes de abril) que no pusiera en riesgo la seguridad del Estado; que no implicara daño al prestigio, ya muy disminuido, del CNP; que no significara una amenaza para ningún peso pesado, pasado o presente, de la política española; que no pusiera de nuevo en evidencia las vergüenzas del PP; que no afectara a la Casa Real y a los escándalos del rey Emérito; que no tuviera nada que ver con Cataluña y los Pujol… Una operación “limpia”, en suma, un simple caso de policías corruptos cogidos in fraganti. A la cárcel con ellos, y a tapar cuanto antes un relato que pone en evidencia las frágiles costuras de nuestra democracia: la existencia en la sombra de una policía paralela actuando al margen de las estructuras del Estado de Derecho.
Resultaría ocioso, por reiterativo, aludir aquí a las fazañas de Pepe Villarejo y su grupo, sobre las que se han vertido ríos de tinta. En realidad, no ha habido en los últimos años un gran escándalo en el que no haya estado presente el famoso comisario: el informe Veritas; los casos Al Kassar y Gao Ping; el ático en Estepona del ex presidente madrileño Ignacio González; su declaración de guerra al general Sanz Roldán, responsable del CNI; su enfrentamiento con Sáenz de Santamaría; su pulso con el también comisario Marcelino Martín Blas (la “guerra entre comisarios”); su cortejo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en busca de información sobre los negocios conjuntos de la princesa y el rey Emérito, con la que presionar a Zarzuela y al propio Gobierno en busca de ventajas judiciales; su relación con Victoria Álvarez, novia de Jordi Pujol jr., para rastrear los viajes a Andorra del citado; la filtración de las conversaciones entre el ex ministro Fernández Díaz y el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña; su participación en el affaire del empresario Javier Gómez Madrid y la doctora Elisa Pinto; la grabación, y posterior filtración (caso Nicolay), de una reunión celebrada en el despacho de Martín Blas por éste y dos agentes del CNI, relativa a las andanzas de ese patético zascandil apodado el “pequeño Nicolás”…
Fernández Díaz anunció la apertura de una investigación al respecto, pero rápidamente plegó velas y la guardó en un cajón, no sin antes elogiar al susodicho"
La lista sería interminable. El ahora detenido hizo fortuna con la creación de empresas tapadera destinadas a encubrir determinadas operaciones policiales, algunas en el exterior, empresas que funcionaban con fondos reservados y que Villarejo puso a su nombre porque alguien lo consintió y que a su nombre han quedado. Javier Ayuso dio cuenta en 'El País' de una relación detallada de dichas empresas que hacen del comisario un hombre muy rico, con una fortuna que algunas voces cifran entre los 35 y los 40 millones. Ningún policía en ningún estado democrático hubiera resistido 24 horas la prueba del nueve de semejante revelación. Villarejo la superó con holgura. Fernández Díaz anunció la apertura de una investigación al respecto, pero rápidamente plegó velas y la guardó en un cajón, no sin antes elogiar al susodicho recordando "los relevantes servicios por él prestados en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado". De modo que el famoso comisario podía presumir de tener al Estado, en realidad a pésimos servidores del Estado, bien atados por el ronzal de sus miedos.
Trabajos sucios para grandes empresarios
Tras abandonar el CNP e instalarse temporalmente como detective privado, Villarejo (1951, El Carpio, Córdoba) volvió al Cuerpo con renovados bríos dispuesto a montar su gran negocio personal: un entramado societario que tenía/tiene más de lobby de influencias que de otra cosa, con el que se ha dedicado a prestar servicios de información/investigación a grandes empresas y empresarios, personajes con dinero bastante para pagarlos (el caso López Madrid es emblemático), mediante lo que en el CNP llaman “grupo de gestión de crisis” (policías, abogados, periodistas, incluso jueces y fiscales a quienes pagaba jugosas minutas por presuntas conferencias), actuando siempre al margen de la Policía pero en cierto modo gozando de cobertura policial, esquema en el que resultaba clave contar con acceso directo a la UDEF. Una situación que pareció siempre escandalosa a una mayoría de agentes: “Él nunca ha trabajado como policía: él ha utilizado a la policía como cobertura, que es distinto”. Sería interesante conocer en detalle los “trabajos sucios” que el grupo Villarejo realizó para esos empresarios, todos capos del Ibex 35, a cambio de grandes sumas de dinero.
Piedra angular del “negocio” era su capacidad para intimidar a los enemigos de sus clientes con filtraciones envenenadas en los medios, efectuadas a través de una red de periodistas, particularmente en diarios digitales, a los que él mismo define como “mis periodistas infiltrados”, plumillas que en los últimos años se han venido beneficiando de las exclusivas de ese “periodismo de investigación” consistente en pasarse por su despacho y salir a la calle con un puñado de folios bajo el brazo. El personaje, en efecto, se hizo célebre por su condición de “expendedor” de buena parte de los dossiers que en los últimos tiempos han alfombrado las exclusivas de una serie de periodistas conocidos, dispuestos a echarse al coleto y sin el menor rubor informes de una redacción que a menudo rozaba lo burdo de puro pedestre. Uno de los trajes salidos de esa sastrería fue el llamado “informe PISA” (Pablo Iglesias S.A.), un texto que, a base de recortes de prensa, versaba sobre la financiación de Podemos. Dos de los periodistas más notorios de esa cuadra llegaron a prestase como coartada de Villarejo en el caso de Elisa Pinto, asegurando encontrarse con él en el momento del apuñalamiento de la doctora. El 30 de julio pasado, el comisario renunció a dicha coartada después de que ambos rectificaran bajo amenaza de falso testimonio.
En realidad Villarejo se había convertido en una amenaza continua para el Estado, como cabeza visible de una estructura policial paralela ajena a cualquier control"
Una información muy reciente de Ayuso, que ha pasado desapercibida en plena vorágine catalana, resulta capital para entender la operativa de este supuesto grupo parapolicial. En efecto, el pasado 1 de noviembre El País adelantó que el hasta hace poco director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, y su jefe de gabinete, José Fuentes Gago, ambos notorios miembros de la cuadra Villarejo, adquirieron en julio de 2014 equipos de escucha electrónica clandestina a la empresa israelí Raizone Group, con los que presuntamente se efectuaron las grabaciones ilegales al ministro Fernández Díaz y al exjefe de la Oficina Anticorrupción de Cataluña, así como de la reunión en el despacho del comisario Martín Blas entre éste y dos agentes del CNI. La información da cuenta de la existencia de dos cartas con membrete del DAO, en las que figuran la propuesta económica de la compra y un informe sobre correos electrónicos remitidos entre las partes. La cúpula policial disponía pues de la tecnología necesaria para poder interceptar y grabar conversaciones e información de teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos sin autorización judicial.
En realidad Villarejo se había convertido en una amenaza continua para el Estado, como cabeza visible de una estructura policial paralela ajena a cualquier control, no ya judicial, sino político del Gobierno de turno, perfecta representación de esas “redes secretas de poder coactivo” sobre las que ya advirtió Constant en el XIX, tejidas por políticos -o policías especiales- dispuestos a utilizar la fuerza delegada del Estado en beneficio propio. La línea de opacidad es tan gruesa, las posibilidades de vulnerar la ley son tantas, que a menudo esas policías derivan en simples mafias en manos de personajes que se convierten en intocables por mor de la información que han ido acumulando sobre todo el mundo, susceptibles de hacer temblar las estructuras del Estado si a alguien se le ocurre llamarles al orden. “Me sobra dinero para llevar a los tribunales a todo el que se me ponga por delante”. Y de hecho pleiteaba contra todo aquel que osara incomodarle, caso de quien esto suscribe. Le sobraba dinero y le sobraban también abogados a su servicio.
Un rayo de luz entre tanta sombra
Villarejo ha ido a dar con sus huesos en la cárcel por el que quizá sea el menor de los escándalos en los que se ha visto involucrado. Con él ha sido detenida su mujer, Gemma Isabel Alcalá (se supone que como aviso a navegantes), y el comisario jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal, Carlos Salamanca, otro prominente miembro de la cuadra Villarejo. Según la nota distribuida por Anticorrupción, “la operación tiene por objeto el desmantelamiento de una organización criminal cuyo principal objetivo es la reintroducción en España, y otros países de la UE, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios” (…) “Prevaliéndose de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, especialmente sensibles para la seguridad nacional, los detenidos habrían recibido elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia, y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español”.
Para quienes desde hace tiempo venimos luchando por acabar con la corrupción en todas sus variantes y por la regeneración de las instituciones, la detención de Pepe Villarejo es una gran noticia que, sumada a la entrada en prisión de los golpistas catalanes, devuelve la confianza en la Justicia como poder independiente capaz de hacer realidad el Estado de Derecho. La existencia en la sombra de grupos parapoliciales dispuestos a actuar a su antojo y al margen de la estructura jerárquica correspondiente, es motivo de escándalo en cualquier democracia parlamentaria que se precie. Los países serios reprimen con dureza y depuran casos como los descritos cuando los descubren, porque no hay democracia capaz de soportar la existencia en su seno de fuerzas policiales operando sin control, razón por la cual resulta inadmisible la tolerancia mostrada por los sucesivos ministros del Interior (Villarejo ha trabajado hasta con 9) con las tropelías, reales o supuestas, del personaje. Por fortuna, la Justicia parece decidida a tomar cartas en el asunto. Este país aún puede tener arreglo. Un rayo de luz entre tanta sombra.
