La fiscal María Isabel Neira Campos, que investiga el caso de la desalinizadora de Escombreras (Región de Murcia), considera que el Gobierno de la Región de Murcia (PP) y dos empresas privadas, una de ellas Cobra, filial de ACS (el grupo de Florentino Pérez), planificaron las estructuras societarias que provocaran un agujero de 600 millones de euros en la planta construida en 2005, pero que nunca ha generado agua potable, según consta en un informe del ministerio público de 13 de julio, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
"Desde la recepción provisional y puesta en marcha de la desaladora de Escombreras en abril de 2009, se ha mostrado como una fuente de gastos imponentes para el Gobierno de la Región de Murcia que se mantiene nueve años después", explica la fiscal, que consideran que las firmas privadas y el Ejecutivo murciano, entonces presidido por Ramón Luis Valcárcel, ahora eurodiputado del PP, pudieron haber amañado el contrato de la desaladora de Cartagena.
La representante del ministerio público, que ha sucedido en la investigación de la causa denominada 'Operación La Sal' al ex fiscal superior de Murcia Manuel López Bernal, llega a esta conclusión basándose en el informe de la UDEF de 29 de enero de 2018 y en las declaraciones de los investigados, pero también en la propia sucesión cronológica de las estructuras societarias que se crean tanto en el plano privado y público.
Planificación coordinada
"Apuntan a que se planificó coordinadamente entre el Ente Público del Agua (EPA) del Gobierno de Murcia y las sociedades mercantiles privadas investigadas (Hidromanagement S.L. y Grupo Cobra/ACS) todo un esquema de contratos y sociedades constituidas cronológicamente según un orden aparentemente disociado entre lo público y lo privado, aunque en realidad parecen obedecer a un diseño único, para conseguir que se construyese una planta desaladora en el valle de Escombreras", especifica el escrito del pasado 13 de julio.
Y los contratos que suscribieron las empresas privadas y el Gobierno de Murcia, y el modelo de financiación determinaron que el erario público murciano asumiese obligaciones y costes, "de tal envergadura que resulta injustificable" este modelo de negocio, completa la fiscal Isabel Neira Campos en su informe dirigido al juzgado murciano, en el que apunta a los delitos de malversación de caudales públicos continuado, cohecho continuado, fraude, falsedades documentales continuadas y delito societario.
Además, la fiscal concluye que existen "plurales indicios" de que los responsables del Gobierno murciano se apartaron de los principios de "objetividad", "publicidad" y "concurrencia" en la actuación de las sociedades autonómicas creadas en lo relativo a contratación y control contable y financiero, ya que los dirigentes del PP murciano se ampararon en el derecho privado: "Que paradójicamente acabó cargando a la parte pública todo el peso económico del proyecto y sus contratos", explica el informe del ministerio público.
Contratos "muy lucrativos"
Por el contrario, los empresarios actuaban sin que sus decisiones pudieran afectar a sus accionistas: "Garantizándose por 25 años sendos contratos muy lucrativos, que se hayan cumplido o no en cuanto al pago, son legalmente ejecutables", concluye la fiscal, que alude a la millonaria reclamación del Grupo ACS, que en virtud de este contrato percibirá un total de 600 millones de euros.
En el escrito, la fiscal reclama también a la juez que investiga los hechos en el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, que llame a declarar como imputados al director general de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, José Alfonso Nebrera García; al consejero delegado de Tedagua S.A. y director general de Proyectos Integrados vinculado al Grupo ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A, Ramón Jiménez Serrano; y al director financiero del Grupo ACS industrial y consejero de Hidromanagement S.L, Cristóbal González Wiedmaier.
Excargos imputados
El ministerio público también solicita la citación como imputados de los integrantes de la empresa pública murciana Ente Público del Agua (EPA) Juan José Beltrán Valcárcel, Diego Manuel Pardo Domínguez, Miguel Ángel Ródenas Cañada y Diego Cola Palau, así como del empresario José Caballero Sevilla, persona vinculada a Hidromanagement SL, "a la vista de los documentos encontrados en su ordenador o presuntamente atribuibles al mismo".
La Fiscalía incluye también entre las personas que deben ser imputados a María Antonieta Fernández Cano, secretaria del consejo de administración de Desaladora de Escombreras S.A, hasta su despido en mayo de 2007: "Quien será preguntada por los hechos que provocaron el despido (presunto apoderamiento de fondos públicos en cantidad de 45.019 euros)", concluye la funcionaria pública.
