“Votar nunca puede ser delito”, dijo el líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre el referéndum ilegal. “No hay ningún tipo de arrepentimiento, lo volveremos a hacer”, secundó el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. “El 1-O no fue violento”, añadió el exresponsable de la ANC, Jordi Sànchez. “Me mantengo fiel a mis ideales, no creo que esto sea delito”, declaró el exconseller de Interior, Joaquim Forn. “No lo pudimos hacer de otra manera”, concluyó el ex dirigente de ERC, Raül Romeva.
Su excompañero en el Gobierno de la Generalitat Jordi Turull avisó de que “Cataluña no conoce la palabra resignación”. El exconseller Josep Rull vaticinó una futura república independiente donde nadie sea encarcelado por sus ideas. Y así, uno a uno, los doce líderes independentistas procesados hicieron uso de su turno de última palabra en el Tribunal Supremo con la que se puso fin al cuatro meses de juicio al desafío separatista que tuvo su punto álgido en el otoño de 2017.
Sus intervenciones eludieron la autocrítica, salvo el caso de Junqueras o Forn, quienes reconocieron en abstracto la posibilidad de haber cometido errores, pero no precisaron cuáles. Salvo el díscolo exconseller Santiago Vila, quien reivindicó que él dimitió al no estar de acuerdo con la declaración de independencia, el resto eludió mostrar arrepentimiento. Apenas se refirieron a ello en sus exposiciones finales y se centraron en la votación del 1-O sobre la que negaron cualquier carácter violento como les achaca la Fiscalía, que pide para ellos hasta 25 años de cárcel por rebelión en el caso de Oriol Junqueras.
Oferta de diálogo
En los últimos cuatro meses han sido juzgados por encabezar un proceso que arrancó en 2012 con el incumplimiento sistemático de sentencias judiciales incluyendo la que suspendía la celebración de referéndum. También por delegar en la ANC y Òmnium la labor de fagocitar la calle en favor de la independencia asumiendo incluso la violencia como herramienta. Así hasta llegar al 27 de octubre cuando declararon la ruptura de forma unilateral.
A pesar de esas acusaciones, todos los acusados enmarcaron sus acciones en la vocación de diálogo. Turull acusó incluso al Gobierno de responder sentándoles en el banquillo de los acusados. Jordi Sànchez fue más allá y denunció a los poderes del Estado de haber “socializado” el dolor en Cataluña. En es sentido, la mayoría de los procesados insistieron en su última intervención en tratar de poner el balón en el tejado de la política y no en los tribunales.
Dicen que su situación es el resultado del fracaso de la política y por tanto ahí es donde debe volver. “Al terreno de la buena política de donde nunca debería haber salido”, precisó el primero de todos, Junqueras, quien esta vez eludió presentarse como preso político.
Tampoco negó la legitimidad del tribunal como hizo al inicio del juicio ni empleó las palabras de su abogado en la previa al tachar la investigación como una causa general. Pero sí insinuó que los políticos le han trasladado al tribunal la “necesidad de dictar sentencia”. En ese sentido, los líderes independentistas apelaron a que el fallo -que se prevé para el próximo otoño a la espera de ver cómo se resuelve la condición de europarlamentario de Junqueras- sea el principio de la solución. “Ustedes que pueden, avancen”, le dijo a los jueces la exconsejera Dolors Bassa.
Apelan a la vía emocional
Varios de ellos sí han insistido en que han sido perseguidos por sus ideas políticas. “Por ser quien soy”, se quejó por última vez la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. También hubo constantes alusiones a la cuestión emocional a la hora de destacar su situación personal y el sufrimiento de sus familiares. Rull habló de su mujer y acusó al tribunal de haberle privado de ver crecer sus hijos de dos y cuatro años de edad. Cuixart alegó que su pareja está embarazada. Turull se tuvo que detener cuando habló de sus allegados y no continuó.
Junqueras se presentó como “padre de familia”. “Hay quien dice que este juicio ha sido largo, más de 50 sesiones. A toda esa gente les invito a pensar cómo es de largo 604 días encerrado en una prisión”, terció Jordi Sànchez, también al borde del llanto. Mientras, su abogado, Jordi Pina, tenía mirada inundada en lágrimas. Bassa también citó a sus nietas antes de recordar al tribunal con la manos entrelazadas casi a modo de súplica que tenga en cuenta que esta sentencia marcará a las siguientes generaciones.
