El Tribunal de Cuentas acaba de publicar un informe en el que denuncia que tanto el Fondo de Compensación Sanitaria (FCS) como el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), dos fondos públicos creados con el objetivo de garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria entre las distintas comunidades, no están cumpliendo con su cometido de manera eficaz.
Los dos fondos fueron creados en el marco de la Ley de Cohesión Sanitaria, una medida que pretendía equilibrar el gasto sanitario entre las distintas comunidades autónomas. Es decir, la idea era la de tener un fondo común con el que compensar a aquellas regiones que daban asistencia sanitaria a ciudadanos que no residían en ellas.
Es el caso, por ejemplo, de Madrid, donde miles de personas acuden a operarse o recibir atención médica de especialidades que no existen en otras CC.AA. Este tipo de derivaciones ha generado muchas tensiones presupuestarias entre comunidades y según el Tribunal de Cuentas, la capital acumula el 66% de los saldos positivos de estos fondos.
El Tribunal de Cuentas advierte de que hay más de 172 millones de euros -correspondientes a los años 2013-2018- que aún no se han compensado entre las distintas comunidades autónomas debido a la falta de eficacia del sistema.
Fondos sin apenas ingresos
En particular, el Fondo de Cohesión Sanitaria -creado en 2001- sirve para pagar a aquellas comunidades que dan asistencia sanitaria a personas no residentes, derivadas desde sus propias comunidades por motivos médicos. Es decir, para que Madrid pueda recibir compensación económica por tratar a un paciente de Castilla y León, dicho paciente tiene que haber sido derivado a Madrid por las autoridades sanitarias, al no poder tratarle en su municipio de residencia.
Por el contrario, el FOGA fue creado en 2012 para compensar a aquellas comunidades que tratan a pacientes de otras regiones que tienen que recibir asistencia médica porque se encuentran allí de manera temporal o por vacaciones, por ejemplo.
Estos fondos tienen problemas de financiación desde la crisis, algo que refleja el Tribunal de Cuentas en su informe. En concreto, el FCS dejó de contar con una partida presupuestaria propia, después de llegar a contar con hasta 150 millones de euros directamente del Gobierno central.
Por este motivo, durante 2017 -año en el que el Tribunal de Cuentas ha centrado su informe- fue el primer año en el que se dejó en mano de las propias comunidades compensarse entre sí los gastos. Algo que tal y como pone de manifiesto la institución, no está funcionando.
Según apuntan en el informe, ninguno de los dos fondos "garantiza la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria pública en todo el territorio español". Es decir, señala que no cumple con el objetivo para el que fueron creados: asegurar igualdad de acceso a todas las prestaciones sanitarias del SNS.
No contemplan todos los servicios
Por otro lado, también apuntan que las compensaciones que incluyen estos fondos no cubren todos los supuestos para los que fueron diseñadas. Señalan que en el caso del FOGA, contemplan la atención primaria en desplazamientos cortos y las recetas que se dispensan a través de las farmacias, pero no la compensación por desplazamientos de larga duración, las recetas que salen de los hospitales o las prótesis, entre otras cosas.
También destacan que a cierre de 2017, han identificado más de 5.900 actuaciones con un coste estimado de 13,5 millones de euros que no se han compensado todavía, al no entrar dentro de estos supuestos.
Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas recoge una serie de recomendaciones al Ministerio de Sanidad dirigidas a impulsar la modificación de la normativa vigente para mejorar la eficiencia de los dos mecanismos y garantizar la igualdad de acceso a la prestación sanitaria en toda España, y en el que se contemplen todas las prestaciones contenidas en la cartera común de servicios del SNS.
Dichas recomendaciones se refieren a “promover el desarrollo reglamentario de la gestión del FOGA; impulsar una armonización legislativa en el ámbito de la atención sanitaria a pacientes en su condición de limítrofes ante la heterogeneidad de la normativa de ámbito autonómico existente; desarrollar un sistema de información que le permita conocer los desequilibrios territoriales en el acceso a la asistencia sanitaria e identificar desigualdades concretas; y promover, junto con el Ministerio de Hacienda, la articulación de las medidas o los instrumentos de colaboración necesarios que permitan compensar a las CCAA la totalidad de los saldos positivos originados desde el año 2013 por la liquidación conjunta del FCS y del FOGA".
