Impagos en las nóminas, falta de material o crisis de ansiedad. Es sólo parte del infierno que han vivido los trabajadores de Grupo BB Servicios (BBS), una empresa de atención a mayores y dependientes que llegó a contar con más de 3.000 trabajadores y cerca de 80 concesiones en toda España. A esto se suman cierres y embargos de residencias, impagos a la Seguridad Social y a las administraciones y decenas de demandas en los juzgados.
Una historia que se repite
Una de las muchas provincias afectadas es Granada, donde el grupo empresarial gestionaba dos residencias de ancianos y discapacitados que anteriormente pertenecían a otra empresa, concretamente en Fuente Vaqueros. Al hacerse con ellas, absorbió también a la plantilla, que sumaba más de 80 empleados. Más tarde cerraron una de ellas y trasladaron a la otra tanto a los residentes como a los trabajadores.
Marta Marín es una de las empleadas de BBS en Fuente Vaqueros. Cuenta que, al principio, “pensábamos que iba a ser un cambio a bien”. Se respetaba el ratio de personal, había material suficiente, los pagos llegaban a tiempo, se cambiaron horarios y dinámicas de trabajo y los empleados estaban contentos con estas novedades, hasta que en 2011 empezaron los problemas. Primero fue la escasez de material y, más tarde, hacia los últimos meses del año, los retrasos en el pago de las nóminas.
“Nos daban excusas: que la Junta de Andalucía no les pagaba, que tenían más gastos que ingresos…”, cuenta Marta. La última nómina que cobraron, según esta exempleada, fue la de marzo de 2012, abonada en mayo de ese mismo año. Después, los impagos se acumularon hasta deber siete nóminas, la liquidación por despido y, en algunos casos, las pagas extra. También dejaron deudas a los anteriores propietarios de las residencias y a la Seguridad Social.
"Los residentes sufrieron mucho y también se daban cuenta de nuestro sufrimiento"
A esta situación habría que sumar la sobrecarga de trabajo que soportaban los trabajadores. “No se cubrían las bajas ni las vacaciones, y los contratos temporales no se renovaban”. Algunos empleados sufrían crisis de ansiedad o se vieron obligados a coger una baja por depresión. Según Marta, en ocasiones los empleados tenían que realizar funciones que no les correspondían para poder cubrir todas las necesidades de los residentes. “Llegó a juntarse el final del desayuno con el principio de la comida y en una ocasión nos encontramos con sólo dos auxiliares para levantar a cincuenta ancianos”.
Tras varias inspecciones, llegó el cierre cautelar de la residencia, según la Junta porque “ni las condiciones que ofrecía ni el trato que prestaba eran adecuados”. La empresa intentó obtener de nuevo los permisos necesarios para reabrir el centro pero fueron denegados.
BBS tampoco cumplía el contrato que tenía con la Junta de Andalucía por las plazas concertadas. Los residentes subvencionados por la Junta fueron trasladados a otra residencia, y, según cuenta Marta, “sufrieron mucho y también se daban cuenta de nuestro sufrimiento”. “Ya no sólo es el daño económico a los trabajadores; algunos residentes te preguntaban cuándo se iban y adónde. Era muy triste y desolador no poder responderles”. A los empleados se les aplicó un falso ERE para pagarles una indemnización menor que la que les correspondía, pero finalmente fue anulado en los tribunales.
La misma situación se repitió en la residencia Montemar de Cambrils (Tarragona), clausurada en agosto de 2012 por la Generalitat de Cataluña, que además abrió un expediente al centro. Más de 80 ancianos tuvieron que marcharse a otras tres residencias y se aplicó un ERE por extinción a los 45 trabajadores de la plantilla.
El argumento de la Generalitat para cerrar el centro se fundamentaba en un cambio de sociedad. Según BBS, se trataba de una fusión; según la Comunidad, la sociedad no era la misma con la que se contrataron las plazas colaboradas con el departamento de Bienestar Social y Familia y, por tanto, no las podía conservar.
Problemas con empleados y administraciones
La historia que cuenta Marta Marín es casi paralela a la de Esther González, portavoz de la Plataforma de Afectados BBS en Lérida. En esta ciudad catalana, BBS tenía la concesión del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento.
Al igual que en Granada, los trabajadores de Lérida comenzaron a sufrir retrasos en las nóminas, hasta que a finales de 2011 la empresa dejó de pagar y el Ayuntamiento tuvo que hacerse cargo de las nóminas. Tras una reclamación judicial, el Consistorio se vio obligado a pagar también las mensualidades atrasadas que debía la empresa. Los empleados cobraron en julio de 2013, con un año y medio de retraso.
Este era el único contrato que el Ayuntamiento de Lérida tenía con BBS, una adjudicación de casi un millón de euros por cuatro años. Pese a los incumplimientos, si la administración rescindía el contrato, tenía que compensar económicamente a la empresa. “El Ayuntamiento decía que sí les pagaba; entonces, ¿dónde iba el dinero?”, se pregunta Esther, que considera que el Gobierno local tendría que haberse asegurado de que BB Servicios pagaba a sus empleados. “No puedo entender que el Ayuntamiento se ponga una venda”, sentencia.
La parte más débil en este conflicto fueron las empleadas, con el agravante de que muchas de ellas se encontraban en riesgo de exclusión social. “Había gente que no sabía leer ni escribir”, recuerda Esther, que define este perfil de empleados como “gente de la cual podían tirar y pedirles cualquier cosa”.
Al igual que en Granada, en Lérida la empresa tampoco pagaba la cuota obrera a la Seguridad Social. Los impagos con la Seguridad Social repercutieron en un embargo al Ayuntamiento, que en su día anunció que emprendería acciones legales contra la compañía.
También el Ayuntamiento de Creixell (Tarragona) tuvo problemas con BBS. En este caso, una de las empresas del grupo, Fiaz, consiguió un contrato para construir dos centros en este municipio que gestionaría BBS. El alcalde de Creixell, Jordi Llopar, cuenta a Vozpópuli que el anterior equipo de gobierno local hizo una concesión a Fiaz de cinco terrenos.
"El Ayuntamiento decía que sí les pagaba; entonces, ¿dónde iba el dinero?"
Al analizar el grupo de empresas, vieron que "la mayoría estaban cerrando y traspasando patrimonio a Fiaz". "Había mucho capital pero todo era inmobiliario", recuerda el regidor. La empresa no tenía liquidez, pero se comprometió a pagar tres millones de euros. Después de dos años de prórrogas buscando financiación, presentaron un aval de BBS que más tarde se descubriría que era falso.
El caso de Creixell acabó en la Fiscalía de Tarragona y la Generalitat de Cataluña revocó la concesión por falsedad del documento. "No nos ha creado ningún perjuicio porque no supuso ningún gasto para el ayuntamiento", reconoce Llopar, aunque los tres millones no pagados se recogen como deuda en las cuentas municipales.
Enfrentamiento en los tribunales
En enero del año pasado, la Plataforma de Afectados BBS presentó una querella contra los responsables del grupo de empresas para que la Fiscalía iniciase una investigación penal por impagos de nóminas desde el año 2010. La querella, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, recoge los delitos de apropiación indebida, estafa, alzamiento de bienes y atentado contra los derechos de los trabajadores de manera continuada y persistente.
Los impagos repercutieron en "importantes perjuicios económicos y personajes" para los trabajadores, según indican desde la Plataforma, además de problemas de salud como cuadros de depresión y crisis de ansiedad, también expuestos en la querella y recogidos en informes médicos.
Esta es sólo una de las acciones judiciales que los antiguos empleados de BBS han iniciado contra el grupo de empresas, entre las que se cuentan demandas por despido improcedente e impagos de nóminas e indemnizaciones por despido. En palabras de los exempleados afectados, “vieron negocio, lo expoliaron, lo explotaron y se llevaron todo lo que pudieron”.
