La frustración que cunde entre los miembros de la Unión Federal de Policía (UFP) al toparse con personas que desde la infancia se dedican continuamente a delinquir, poseen cientos de antecedentes policiales y continúan en la calle, les ha llevado a solicitar "un cambio legislativo y una mayor contundencia a nivel penal".
"Confiamos en el cambio, por eso realizamos este llamamiento, sabemos que en el borrador de reforma del Código Penal se halla este tema y esperamos que no sea mera publicidad política y se aborde realmente el problema, voy a decirlo, con la dureza que se merece", declara Serafín Giraldo, miembro de la UFP.
Asimismo, Giraldo no duda en señalar al propio sistema judicial como uno de los culpables de que delincuentes como 'El Rafita', uno de los cuatro autores del asesinato de Sandra Palo, a quien llevaron a un descampado en el que la violaron, atropellaron y quemaron tras rociarla con gasolina, se burle de un sistema judicial permisivo y continúe aumentando su trepidante historial delictivo.
"La justicia tiene parte de culpa en esta cuestión, los jueces deben saber que estos individuos han destrozado familias y han violado a personas inocentes", subraya Giraldo añadiendo que "deberían ajustar la dureza de sus sentencias al caso y pensar en las víctimas, verdaderas olvidadas de nuestro sistema jurídico-penal".
Profesionales del delito
En mayo de este mismo año se ha cumplido una década del asesinato de Sandra Palo, considerado por el Ministerio Fiscal "uno de los crímenes más desproporcionados, viles, inhumanos y sangrantes que existen". A tres de sus cuatro asesinos, de 14 y 16 años en el momento del suceso, se les aplicó la Ley del Menor, con penas de entre cuatro y ocho años de internamiento y otros tres y cinco de libertad vigilada respectivamente.
Sin embargo, hace tiempo que están en la calle y lejos de haberse reinsertado socialmente, "hacen del delito su medio de vida, son depredadores sociales y viven de sus abusos a una sociedad que les soporta, a la que continuamente atacan y no encuentra forma de defenderse", señalan desde la Unión Federal de Policía.
"La justicia tiene parte de culpa en esta cuestión, los jueces deben saber que han destrozado familias", señala Giraldo
Sin ir más lejos, Rafael Fernández García, alias 'El Rafita', volvió a prisión tras ser detenido el pasado viernes en los caminos de acceso a la Cañada Real Galiana, después de que los agentes de la Policía local de Getafe (Madrid) le pillaran in fraganti cuando estaba tratando de quemar un vehículo robado. Se encontraba en busca y captura desde octubre de 2011 y sobre él pesaba además una orden de ingreso en prisión por un juzgado de Madrid.
"El Rafita es un delincuente que ni quiere ni desea ser reinsertado socialmente y se burla de un sistema permisivo", denuncia la UFP. Y es que lejos de dejar "limpio" su historial delictivo –tal y como establece la Ley del Menor, que elimina los antecedentes- cada día añade nuevos episodios "en una sociedad que soporta su inadaptación hasta con vidas humanas".
Antes de junio de 2010, fecha en la que Rafael Fernández García cumplió la pena de cuatro años de internamiento y tres de libertad vigilada que le fue impuesta por el asesinato de Sandra Palo, 'El Rafita' quebró esta medida tras ser detenido en 2009 acusado de un robo con fuerza en Málaga. Desde que alcanzó la mayoría de edad la Policía le ha arrestado en 12 ocasiones y se le atribuyen un total de 13 delitos, la mayoría relacionados con la sustracción de vehículos.
"El Rafita es un delincuente que no quiere ni desea ser reinsertado socialmente", denuncia la UFP
Sin embargo, el caso de 'El Rafita' no deja de ser uno más. En 2011, casi 100.000 de los 264.000 delincuentes detenidos entre enero y noviembre en toda España tanto por cometer delitos como faltas, tenían dos o más antecedentes. Muchos eran multirreincidentes con largos historiales a sus espaldas y pocos ingresos en prisión. Además, ni siquiera los robos en casas o comercios tuvieron respuesta penal: sólo el 5 por ciento de estos ladrones terminó entre rejas.
"Frustración evidente"
"Valoramos nuestro trabajo pero sentimos frustración con estos casos, profesionales del delito que delinquen una y otra vez, y que una y otra vez son detenidos pero continúan en la calle", destaca Giraldo, haciendo énfasis no sólo en el daño que causan "sino también en la cantidad de recursos policiales que son necesarios para llevar a cabo su detención". "La frustración es evidente", zanja.
"Pedimos mayor contundencia penal con multirreincidentes, especialmente para delincuentes que comenten delitos contra las personas", expresa Giraldo, subrayando por otra parte el hecho de que nuestra Constitución obliga a reinsertar delincuentes y a reeducar a menores transgresores.
"¿Por qué no podemos defendernos de estos individuos que desean vivir al margen de las leyes básicas de convivencia?", se pregunta la UFP
Pese a ello, desde la UFP plantean que en estos casos se tenga en cuenta si es posible su adaptación a la sociedad y si realmente desean ser adaptarse y cumplir con las normas básicas de convivencia. "La sociedad ha intentado su resocialización pero ellos no lo han querido, ¿por qué tenemos que soportar más víctimas? ¿Por qué no podemos defendernos de estos individuos que desean vivir al margen de las leyes básicas de convivencia?".
Protección para las víctimas
La Unión Federal de Policía, además de exigir leyes más contundentes con los delincuentes reincidentes, no se olvida de las víctimas.
"Creemos que la sociedad está concienciada del peligro que suponen estos individuos pero hace falta la concienciación política", matiza Giraldo, incidiendo en que en España este tipo de delincuentes sólo va a la cárcel en casos extremos y por tiempo definido.
"Quizá si nuestros legisladores y jueces fuesen más realistas y pensaran que a quien debe proteger el derecho es a las víctimas podría cambiar su actitud", sostiene el policía, quien por otra parte, pone de manifiesto los logros cosechados: "Se ha conseguido mucho desde el punto de vista de la investigación como la posibilidad de realizar bases de datos de ADN que permiten identificar a delincuentes con mayor facilidad y fiabilidad, pero en el terreno legislativo se piensa más en los derechos del delincuente que en los de la víctima y no se pone remedio para evitar nuevas víctimas".
"El Derecho debe proteger también a las víctimas, grandes olvidadas, no a los delincuentes, grandes beneficiarios de un sistema demasiado legalista", concluye.
