Los fondos que pueden ser declarados ilegales por el Tribunal Constitucional serán retenidos por las administraciones públicas que los cobran. El PP, que ha recurrido al Constitucional, asegura que no puede forzar a una administración de su mismo color político como la de Madrid a devolver los fondos y que “los mecanismos de devolución deben ser articulados por las autonomías que instauraron el cobro”.