El Gobierno está trabajando ya en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 sobre la base de los que preparó para el año 2019 y que nunca vieron la luz, pero incorporará además medidas de mejora de la eficiencia del gasto a partir de los informes Spending Review elaborados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional ya le han dicho a España en más de una ocasión que debe tener en cuenta las conclusiones a las que ha llegado la Airef y también sus propuestas de mejora en cada uno de los campos analizados.
Fue en 2017 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro en la cartera de Hacienda, encargó a la Airef que entonces presidía el actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que revisara cómo se distribuye el gasto público en España y "detectara posibles mejoras".
Desde entonces, la Airef ha llevado a cabo dos oleadas de estudio: una primera en la que ha analizado siete áreas de políticas públicas y una segunda fase -cuyos resultados se presentarán este verano- en el que se han estudiado cuatro campos de actuación. En total se ha estudiado la eficiencia de un volumen de gasto público equivalente al 7,5% del PIB (unos 90.000 millones de euros).
Subvenciones
A pesar de que en España no está regulado con claridad qué es una subvención, la Airef señala que si se entiende como subvención cualquier "salida de fondos públicos sin contraprestación directa", el Estado se gasta anualmente 30.000 millones de euros sobre los que no hay un control ni se comprueba luego que hayan cumplido su propósito.
El problema está en la falta de coordinación entre los distintos niveles de la Administración. La Airef propone una reforma de la Ley General de Subvenciones, para establecer claramente qué se considera que son subvenciones, para estipular la obligación de medir la eficacia de sus resultados, potenciar la co-financiación, y que se justifique con más detalle "el importe y la actividad de los beneficiarios" de las subvenciones.
Medicamentos con receta
Cada año España gasta 72.813 millones de euros en salud, de los que 16.264 millones se destinan a medicamentos. De ellos, 10.171 millones de euros se gastan en recetas dispensadas en farmacias.
"Una gestión más eficiente del gasto farmacéutico podría liberar entre 1.000 y 2.000 millones de euros anuales", entre 0,1 y 0,2 puntos de PIB, recoge la Airef en las conclusiones de su estudio, en el que señala como áreas de mejora: la gobernanza para la financiación de medicamentes, su evaluación, el sistema de precios de referencia, el modelo de selección de medicamentos, los modelos de prescripción farmacoterapéutica y la equidad en el copago.
Políticas de empleo
El Gobierno reparte de forma "deficiente" un total de entre 6.100 y 6.500 millones de euros cada año en políticas públicas de empleo, según destacó la Airef al hacer público su estudio al respecto, en el que cuestionó la calidad de ese gasto y su eficiencia.
"La Airef concluye que existen claras deficiencias que ponen en cuestión la calidad del gasto en Políticas Activas de Empleo y considera necesario identificar qué programas, servicios e itinerarios son más eficaces para poder hacer una asignación eficiente de los recursos públicos", concluyen.
Entre sus propuestas se encuentra imitar el modelo de incentivos alemán -donde premian a las Oficinas de Empleo que obtienen mejores resultados y se tiene en cuenta el presupuesto ejecutado-, que el presupuesto se diseñe de forma plurianual, que haya una evaluación a posteriori para saber si las políticas de empleo han surtido efecto y que los cursos de formación se adapten a la demanda de trabajadores.
Becas universitarias
El Estado se gasta unos 800 millones de euros al año en el pago de becas para permitir la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios universitarios. Estas becas se entregan en función de unos requisitos económicos de las familias, pero estos no se han actualizado desde el año 2010.
"Los requisitos económicos no se han adaptado a la realidad económica, los umbrales de renta familiar no se han actualizado desde el curso 2010-2011 y son escasos, la aplicación de algunos de los criterios económicos es cuestionable, hay dificultades en el personal de las universidades para comprobar temas fiscales y económicos en la fase de alegaciones", explican.
Por ello, la Airef propone que se reconsideren los umbrales de renta, se replantee el requisito de patrimonio, aumente la cuantía de la beca de residencia, se adelante la convocatoria y que haya un único portal de solicitud para todas las becas, todo ello redundaría en más eficiencia y posible ahorro para el Estado.
Programa de promoción del talento y la investigación
El Estado ha dotado con 305 millones de euros el Programa de promoción del Talento y su empleabilidad en I+D+i, pero la Airef ha constatado que no está alineado con los retos del sector privado. El nivel de cobertura en las ayudas a la investigación a lo largo de la carrera investigadora no es homogéneo y las cuantías no se actualizan.
Propone modelar completamente este sistema con 19 propuestas, entre las que figura diseñar un sistema de financiación basado en la excelencia y el rendimiento, orientar la oferta de ayudas a centros de excelencia y fomentar la finalización del doctorado en tres años.
Sugiere también revisar la cobertura y generosidad de las ayudas, aumentando el número de ayudas en la etapa postdoctoral y ajustando la cuantía de las ayudas al coste de la vida en función de diferencias regionales.
Programa de Reindustrialización y competitividad
Este estudio es uno en los que la Airef llega a conclusiones más claras: el programa de reindustrialización y competitividad no mejora la competitividad empresarial, y sin embargo tiene un coste financiero y de morosidad muy elevado, por lo que propone "no seguir desarrollándolo" y redefinir uno nuevo
En el programa RCI, "el coste público de cada puesto de trabajo es casi cinco veces mayor que el subsidio por desempleo máximo y, por cada euro invertido, la Administración tiene un coste de 55 céntimos de euro".
Correos
El Estado cada año destina 180 millones a Correos, una compañía deficitaria que incurre en pérdidas año a año. Por esa razón, la Airef propone un sistema para reducir el número de días de reparto y a la vez privatizar parte de la red, lo que permitiría un ahorro para el Estado.
Propone también que se revise el servicio de compensación, ya que no todos los países que tienen empresas públicas de servicio postal las compensan por no ser rentables. De hecho, de los 32 países analizados solo 12 lo hacen y, de esos 12, para la mayoría el coste no es tan elevado como en España. Antes de compensarla, Correos tiene un déficit anual del 14,59%.
Beneficios fiscales
El Gobierno parece que tiene muchas expectativas en el estudio de la Airef sobre la eficacia de 13 beneficios fiscales analizados, ya que suprimirlos -en caso de no ser eficientes en su propósito- reportaría al Estado un ahorro de 57.187 millones de euros.
Se trataría de los descuentos en el Impuesto de Sociedades que se hacen para incentivar la I+D+i los tipos reducidos de ese impuesto, beneficios por donaciones; deducciones del IRPF -como arrendamiento de vivienda, por tributación conjunta, de carácter social...; y en el IVA -tipos reducidos, exenciones sociales y de los servicios financieros.
Gasto hospitalario
La Airef ha analizado el gasto anual de 7.400 millones de euros en gasto farmacéutico hospitalario (6.200 millones) e inversión en bienes de equipo (879).
"Dada la relevancia de ambas partidas parece necesario afrontar una revisión del gasto público en este ámbito, en la que se analicen los procedimientos de decisión, planificación y adquisición, con el objetivo de identificar palancas que permitan mejorar la eficiencia y la calidad del gasto, así como garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud", señala la Airef en la memoria del proyecto, del que aún no se conocen los resultados.
Incentivos a la contratación e infraestructuras al transporte
En el estudio sobre incentivos a la contratación, la Airef está estudiando siete tipos de incentivos que podrían desaparecer en caso de que se confirme que son ineficientes. Aportarían al Estado 2.000 millones de euros al año. De ellos, se estima que se podrían llegar a ahorrar 500 millones de euros al año si se mejora su eficiencia y se acaba con aquellos que no cumplen su función.
La Airef ha analizado también la eficiencia de la inversión de infraestructuras de transporte en España en los últimos 25 años, equivalente a unos 13.500 millones al año y un acumulado de 420.000 millones de euros.
A lo largo del mes de julio, la institución presentará los resultados de estos últimos cuatro estudios que constituyen la segunda fase del Spending Review.
