La legislatura nacida en las elecciones de noviembre de 2019 ha empezado a encoger desde el amanecer del pasado miércoles 10 de marzo. Los acontecimientos, mejor dicho, los sucesos políticos ocurridos con el anuncio de la presentación de una moción de censura en Murcia han acortado los plazos y descubierto las intenciones. La maniobra para desalojar al PP del poder autonómico se frustró en Madrid con un cortocircuito que interrumpió de golpe la corriente que desde la Moncloa se suministraba al ya cuasi fallido proyecto político de Ciudadanos.
La convocatoria del 4-M en Madrid será para el presidente del Gobierno una cata de las siguientes elecciones generales. La salida de Pablo Iglesias del Gobierno, donde ya no hay más que agitar, confirma la hipótesis. El líder de Podemos ha consumido su tiempo en el Gobierno ante el inminente choque con la Comisión Europea. España vive asistida por el dinero fácil y barato del Banco Central Europeo. El ritmo de engorde de la deuda no se podrá mantener más allá del año que viene y ni siquiera. Que la nueva vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insista en la demolición de la reforma laboral aprobada por el PP en 2012, acerca todavía más el final de un Gobierno de coalición que nació de la improvisación y de la ayuda mutua de dos náufragos que ahora se separan ante el peligro desaparición de Podemos en el parlamento de Madrid.
Mientras España se enzarza en otra campaña electoral y desde la Moncloa se juega a cambiar presidentes autonómicos, las listas del paro se alargan
La actual legislación laboral lleva el sello supervisor de la Unión Europea. Al contrario de lo que pretende la ministra, en Bruselas opinan, de momento se quedan ahí, que debería reformarse en la dirección que indican los cambios realizados entonces bajo presión de los mercados financieros, entre ellos la decisiva descentralización de las negociaciones de los convenios colectivos. La legislación de febrero de 2012 fue el auto-rescate de España, completado después con el préstamo europeo para privatizar el sector de las cajas de ahorro quebrado tras la gestión de los políticos de todos los colores disfrazados de banqueros y consejeros delegados.
Mientras España se enzarza en otra campaña electoral y desde Moncloa se juega a cambiar presidentes autonómicos, las listas del paro se alargan. Hay casi un millón de personas en el limbo de los ERTE. La realidad se ha congelado con un sistema que sin la ayuda del dinero de la Unión Europea no hubiera sido posible prorrogar hasta en cuatro ocasiones. Mientras con una mano, la ministra de Trabajo coge el teléfono para convocar a empresarios y sindicatos a desmontar la reforma laboral del PP que la Unión Europea hace suya, con la otra se acusa recibo del siguiente cheque del fondo europeo SURE, creado para el pago de los ERTE. Otros 2.870 millones, esta semana, de los 21.300 millones de este rescate pequeño a España, solo superado por Italia, donde han puesto a Draghi, salvador del euro (julio 2012) y de su propio país, al que mantuvo con respiración asistida, sin que se notara, desde Frankfort respaldando su deuda pública con el cañón del BCE.
El dinero europeo, fresco y sonante, mantiene la liquidez en la caja de los pagos del SEPE, un servicio público del Estado que se ha visto desbordado, un cuello de botella irresoluble por la avalancha de solicitudes. El asalto de los piratas informáticos al sistema ha demostrado su vulnerabilidad, al caso se suma ahora el colapso. ¿Por qué nadie asume una responsabilidad en el desastre? Los datos de miles de personas secuestradas por unos delincuentes. Aquí no pasa nada.
Dudas sobre la capacidad de gestión
El dinero de los fondos de reconstrucción no ha llegado todavía, pero las dudas sobre la capacidad de gestión y el sistema de control en manos de la Moncloa, y no de un gestor independiente, alimentan las inquietudes entre los gobiernos europeos. El Gobierno de coalición no se diseñó para la gestión. Un caso contrario al de Rajoy que con mucho más caudal político (mayoría absoluta) tras las elecciones de 2011 se dedicó en exclusiva a cuestiones que a Sánchez e Iglesias han incomodado desde el primer día, incluso antes del comienzo de la pandemia.
La crisis de la covid-19 ha desbaratado el plan inicial que aun así no ha se ha visto frenado por completo. Las leyes de educación y de eutanasia, dos ejemplos de Gobierno solo para una parte y no para la mayoría, se han aprobado sin esos complejos que atenazan al centro derecha cuando gobierna. A pesar de los 100.000 muertos y los seis millones de parados, empleados en ERTE y autónomos sin actividad, el Gobierno de Sánchez-Iglesias ha desplegado en un año la colonización no solo del Estado con miles de asesores sino también de la sociedad. La crisis económica emerge y se deja la solución en manos de la Unión Europea.
Iglesias ha encontrado en Madrid un refugio provisional. Con su pirueta para salvar Podemos de la desaparición en Madrid evita que su salida del Gobierno sea una condición no negociable para recibir desde la Unión Europea el fondo de reconstrucción que camufla el rescate grande.
