Pedro Sánchez ha logrado encapsular a Emiliano García-Page como único dirigente socialista crítico relevante una vez que Javier Lambán abandonó la Presidencia de Aragón tras perder las elecciones de mayo, pero eso no le evita que su arranque de legislatura esté generando serias dudas sotto voce, incluso entre cargos públicos, por la “fuerte dependencia” de Carles Puigdemont y Junts per Catalunya que muestra día si día también el PSOE.

Son legión dentro del oficialismo quienes creen que, aunque Page “se equivocó” el miércoles al afirmar que su partido está cada vez más “en el extrarradio de la Constitución” mientras “confraternizaba” (sic) con barones del PP en FITUR -hasta el otrora crítico Ximo Puig le ha reprochado que no sea “leal”-, lo cierto es que está costando articular un relato sobre “por qué hacemos lo que hacemos”. “Y esto no ha hecho más que empezar”, admite con preocupación una de las fuentes con las cuales ha hablado Vozpópuli.

Si hace quince días pareció desfondado con el episodio de la agónica aprobación de los decretos ómnibus, con el Gobierno “cediendo y cediendo” in extremis a las exigencias de Junts para no aparecer derrotado a las primeras de cambio, según reveló su secretario general, Jordi Turull, esta semana ha sido la presentación de unas enmiendas transaccionales de última hora a la Ley de Amnistía -a fin de blindar a los prófugos Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira- la causante de la tensión; esta vez con Page como protagonista porque ha dicho “lo que todo el mundo piensa”, aseguran en su entorno.

La Dirección federal lo sabe y, por eso, no va a ir más allá de acusar al barón socialista más votado de “buscar protagonismo”, como ha hecho la vicesecretaria general y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, pero sin expedientarle ni, mucho menos, sancionarle por sus palabras. Saben que no pueden sin abrir una gran crisis política a favor del PP en caso de que Page, desautorizado, se viera obligado a dimitir.

Las enmiendas fueron otra exigencia del independentismo, en especial de Junts, con la que el PSOE ha tragado pese a que ministros como el de Justicia, Félix Bolaños, o el de Transportes, Óscar Puente, habían asegurado en los últimos días que no se admitiría de ninguna otra forma. “Esto es lo que nos hace daño, decir una cosa hoy y otra mañana”, afean no pocos

Las enmiendas fueron exigencia del independentismo catalán, en especial de Junts, que el PSOE finalmente ha aceptado pese a que ministros como el de Justicia, Félix Bolaños, o el de Transportes, Óscar Puente, habían asegurado en los últimos días que de ninguna forma. “Esto es lo que nos hace daño, decir una cosa hoy y otra mañana”, afea alguno en el Grupo Socialista de las Cortes bajo condición de anonimato.

“Si no hubo terrorismo en Cataluña -razona otra fuente, alto cargo autonómico- y nosotros decíamos hasta la semana pasada que no se incluiría el terrorismo en la Ley de Amnistía, que era una línea roja… ¿Por qué aceptamos ahora que el terrorismo sea amnistiable si no pone en “grave riesgo” derechos humanos? ¿Eso, qué quiere decir?… Si el Tribunal Supremo -no el juez instructor, García Castellón- decide que hubo terrorismo, ¿Le vamos a enmendar la plana al Supremo? Alguien debe explicarlo”. Una reflexión compartida por varios consultados.

Bolaños no supo “anticiparse”

No entienden por qué cuando el Grupo Socialista registró el proyecto de ley en el Congreso no incluyó ya esa matización y ahora se acepte poner el foco ahí solo por exigencia de los socios y después de que el juez García Castellón pida imputar por terrorismo a la trama de Tsunami Democrátic; “Damos impresión de improvisación, de estar cediendo todos los días, y eso nos mata”, reconoce un senador socialista a este periódico.

Esa crítica, da paso a otra más específica contra el titular de Justicia, Bolaños, por no haber sabido “anticiparse” a lo ocurrido en la Audiencia Nacional. Porque el juez García Castellón, recuerdan, lleva varios años instruyendo el sumario contra Tsunami Democrátic y era un “secreto a voces” (sic) que la imputación por terrorismo, no solo por desórdenes públicos, podía caer a la luz de las investigaciones y los informes de la Guardia Civil y de la Policía.

Sánchez ha ordenado cargar contra Page -Santos Cerdán lo hizo en Twitter y Puente llegó a afirmar que está “en el extrarradio del PSOE”-, porque, si no, corría el riesgo de abrir la veda de críticas internas a su entreguismo hacia Puigdemont con tal de seguir en La Moncloa. Y no se lo puede permitir cuando la legislatura apenas ha echado a andar.

Pedro Sánchez ha ordenado cargar contra García-Page -Santos Cerdán lo hizo en Twitter y el ministro Puente replicó que quien esta “en el extrarradio del PSOE” es el barón castellano-manchego, porque, si no, corría riesgo de que se abriera la veda de críticas hacia su entreguismo a Puigdemont con tal de seguir en La Moncloa. Y eso no se lo puede permitir cuando la legislatura apenas ha echado a andar.

Page se ha quedado internamente solo -Felipe González, Alfonso Guerra y la vieja guardia apenas tienen ya influencia- en su estrategia de afear públicamente la Ley de Amnistía y, en general, los pactos con el independentismo, pero Pedro Sánchez sabe que el fondo de sus reflexiones en voz alta es compartido por muchos, que si no le siguen es por aquello del patriotismo de partido.

Es muy significativo, en este sentido, que solo el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero se haya declarado abiertamente “partidario” de la amnistía -el resto, incluso muchos ministros, la defienden con la boca pequeña- como única fórmula para superar la tensión en Cataluña derivada del referéndum ilegal del uno de octubre de 2017.

Básicamente, porque empiezan a no tener claro -los primeros, los dirigentes del PSC- que esa denominada operación Ibuprofeno para desinflamar la política catalana no acabe engordando a Puigdemont en las elecciones autonómicas de febrero de 2025 y pasando factura a ERC por haberse institucionalizado en exceso.