Una de las principales razones esgrimidas por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para anteponer la movilización en la calle al trabajo parlamentario es la facultad de veto que posee el Gobierno y que ya ha empleado en distintas ocasiones para impedir la tramitación de iniciativas de su grupo confederal. Y es que el artículo 134.6 de la Constitución señala que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". Sin embargo, Podemos quiere ahora quitar al Gobierno tal derecho, otorgando mayor poder la Mesa del Congreso. Y lo que es más significativo: pretende impulsar tales cambios no reclamando una reforma de la Constitución, sino únicamente mediante una modificación del Reglamento de la Cámara baja.
A tal fin, el grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha presentado en el Congreso una proposición de reforma del Reglamento de dicha Cámara, iniciativa que ha sido admitida. En concreto, la formación de Iglesias llega a plantear lo siguiente: "Si la Mesa considerase que la disconformidad del Gobierno no estuviese suficientemente motivada y que su admisión pudiera suponer una eventual violación de los derechos fundamentales o de la potestad legislativa que, de conformidad con el art. 23.1 y 2 y 66.2 de la Constitución asisten a los Parlamentarios, podrá, previa comunicación al Gobierno expresa y suficientemente motivada, proceder a su inclusión en el orden del día del Pleno".
Los diputados Gloria Elizo y Marcelo Expósito, vicepresidenta cuarta y secretario tercero del Congreso, firman la proposición y parten de que la Mesa de la Cámara, donde el PP no tiene mayoría, ya ha desatendido dos vetos del Gobierno, los referidos a sendas proposiciones de ley del PSOE para paralizar la Ley de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (Lomce) y para equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas. Ambas leyes continuaron su tramitación parlamentaria, pero el Ejecutivo -tras decisión del Consejo de Ministros del pasado 17 de enero- presentó los correspondientes recursos ante el Tribunal Constitucional denunciando un conflicto de competencias con el Congreso. Si el TC da la razón al Ejecutivo, todo lo que haya hecho el Parlamento con esas proposiciones de ley habrá sido inútil.
En la exposición de motivos de su iniciativa, Podemos dice que "aunque el recurso se refiere a estas dos iniciativas en concreto, el Gobierno con la interposición del recurso, busca el respaldo del Tribunal para vetar esta clase de iniciativas, basando su argumentación, fundamentalmente, en que la Mesa del Congreso de los Diputados no puede -en ningún caso-, oponerse a la disconformidad del Gobierno al tratarse de una prerrogativa constitucional del Gobierno consagrada en el artículo 134.6, y a que la aceptación de la disconformidad del Gobierno por parte de la Mesa, representa un uso o costumbre vinculante".
El meollo de la cuestión, lo que genera desconcierto, es que el Gobierno haga un uso abusivo de la facultad de veto
La formación de Iglesias basa su argumentación en las alegaciones de la letrada del Congreso que han sido remitidas al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, una de ellas dice que "sólo las Cortes Generales tienen atribuida por la Constitución la 'potestad legislativa' del Estado", no el Gobierno. Y por tanto, la aplicación del artículo 134.6 de la Constitución "invierte en cierto modo la jerarquía entre potestades normativas, pues permite que la potestad legislativa sea limitada por quien sólo tiene la potestad reglamentaria", refiriéndose al Ejecutivo.
En realidad, el problema no está en la utilización del poder de veto dado que es algo reconocido por la Constitución en dicho artículo 134.6 y, por ende, incuestionable (salvo que se quiera reforma tal precepto de la Carta Magna). El meollo de la cuestión, lo que genera desconcierto, es que se haga un uso abusivo de dicha facultad de veto, que fue precisamente lo que llevó al PP a denunciar ante el Tribunal Supremo un "cerrojazo parlamentario" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Aquel Ejecutivo socialista utilizó este veto hasta en 107 ocasiones, incluyendo tanto proposiciones como enmiendas. Y el Gobierno popular de Mariano Rajoy va ya por una treintena y todavía tiene que pronunciarse sobre las enmiendas a la primera ley de Presupuestos de la legislatura. Por contra, Felipe González (PSOE) sólo la empleó ocho veces, mientras que José María Aznar (PP) nunca se refugió en esta prerrogativa, ni siquiera en su primera etapa cuando gobernó en minoría y tuvo que recurrir a los votos de CiU y PNV.
Sin socios estables
Y es que precisamente esto último explica todo el conflicto actual, más allá de que Podemos haya registrado algunas proposiciones con unos números insostenibles (lógica y oportunamente vetadas). Sin socios más o menos estables (basta con ver la abstención de Ciudadanos en la votación del decreto de la estiba), los populares están dispuestos a estrujar el Reglamento del Congreso para evitar que lleguen al Pleno iniciativas donde los grupos de la oposición pueden coincidir demasiadas veces y propinarle sucesivos revolcones. El de Rajoy es el gobierno con menor apoyo parlamentario de la Democracia. Por ello, sólo si logra alianzas medianamente duraderas con otras fuerzas del hemiciclo podrá afrontar con mayor tranquilidad esos debates y no recurrir con tanta frecuencia al citado derecho de veto.
