La sentencia del Tribunal Supremo sobre el rider de Glovo va a suponer un antes y un después en los fallos sobre las relaciones laborales de estos trabajadores con las plataformas digitales. No en vano, también repercute de forma directa sobre el Gobierno, que lleva meses trabajando en un proyecto de ley que regule la situación laboral de los trabajadores de Glovo, Deliveroo o Uber Eats como trabajadores por cuenta ajena.
En concreto, este miércoles el Alto Tribunal sentenciaba que la relación existente entre un repartidor (rider) y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral y, por tanto, que son falsos autónomos. Aunque se ha pronunciado sobre el caso particular de un repartidor de Madrid, sostiene que Glovo no es una "mera intermediaria" en la contratación de servicios entre comercios y repartidores.
Un fallo que "refleja las actas de la Inspección de Trabajo y que es un paso muy importante", explican fuentes de CCOO a Vozpópuli, al tiempo que señalan que "hay que dar una respuesta integral al conjunto de fraude que suponen los falsos autónomos". En este sentido, desde los sindicatos miran al Gobierno y a la regulación en la que está trabajando el ministerio que preside Yolanda Díaz, que tiene como objetivo combatir el uso de falsos autónomos en estas plataformas digitales.
En este sentido, la sentencia del Supremo aprieta al Ejecutivo, que pretendía sacar adelante el proyecto de ley antes de que terminara el verano, y pone el foco sobre la nueva norma que prepara Trabajo y que, en teoría, garantizaría la relación laboral de estos repartidores con las plataformas para las que trabajan. Un proyecto que irá a diálogo social "en cuanto sea posible", apuntan fuentes de Trabajo.
Por lo pronto, ya miran hacia él los sindicatos, que se muestran contrarios a la creación de la figura del trade digital que proponen estas empresas. "No valen regulaciones a la carta sino hacer cumplir la legislación", subrayaba este miércoles el Secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, que pedía al Ejecutivo "no entrar en el juego" de las plataformas digitales.
La norma, en marcha
En este sentido, la sentencia del Supremo, que "unifica doctrinas", mira directamente al Ejecutivo. "Es importante porque el Gobierno está tramitando una norma que regula las condiciones de trabajo de los riders y, con sentencias contradictorias sobre la mesa, tendrá que decidir qué legislar", explica a este periódico Pilar López Asencio, abogada laboralista en Vaciero Abogados.
En opinión de Alberto Mendoza Novoa, socio del área laboral de Ceca Magán, "es evidente que las formas de prestación de servicios basadas en plataformas y en aplicaciones digitales tienen la sustantividad suficiente como para recibir un tratamiento normativo propio". En este sentido, apunta, "la clásica dicotomía trabajo por cuenta propia y trabajo por cuenta ajena no es un asunto de blanco y negro, hay una escala de grises que conviene estudiar, analizar y regular".
En lo que le toca al Ejecutivo, dice Mendoza, "esa regulación es deseable que sea más reposada y ordenada de lo que fue la que generó el trade, figura claramente fallida en nuestro Ordenamiento".
