El Gobierno ha anunciado este miércoles la suspensión de las reglas fiscales para todas las Administraciones del Estado (Central, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales o ayuntamientos y Seguridad Social) durante 2020 y 2021.
Esto supone en primer término que el Ejecutivo no presentará una senda de déficit y deuda pública para el periodo 2020-2023, fijando objetivos de déficit y deuda a los que tendrían que ceñirse las Administraciones y que tendrían que ser aprobados por el Parlamento como primer paso para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Esta decisión, de la que ya había informado Vozpópuli hace una semana, supone que el Ejecutivo únicamente presentará un techo de gasto (el límite máximo de incremento del gasto público que está previsto para el próximo ejercicio) y éste sí se votará en el Congreso y el Senado, pero no tendrá que someter a votación la senda de consolidación fiscal, sino que únicamente "informará" de cuáles son los objetivos estimados para el próximo año.
Cumplir esos objetivos no será obligatorio, ni habrá penalizaciones para las administraciones que no los cumplan. Simplemente servirán de guía para que cada Administración elabore sus Presupuestos sabiendo qué se espera de ella.
Los ayuntamientos usarán sus ahorros
Otra consecuencia de esta decisión es que, finalmente, los ayuntamientos que tengan remanentes de tesorería en el banco sí podrán hacer uso de ellos para afrontar el incremento del gasto derivado de la pandemia. El Ministerio ha sostenido hasta ahora que permitir a las corporaciones locales tener déficit no estaba amparado por la Constitución (con este argumento defendían que por eso era preferible que los ayuntamientos cedieran sus remanentes al Estado), pero han cambiado de idea y ahora sí les permitirán hacer uso de esos fondos.
El Ministerio de Hacienda aprovechará la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el próximo lunes 5 de octubre, para comunicar cuáles son esos objetivos.
El Ejecutivo ha tomado esta decisión en consonancia con la medida que tomó la Comisión Europea ya en el mes de marzo de activar la cláusula de escape de la Ley de Estabilidad, lo que permitía a los países de la Unión dejar de ceñirse al Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y aumentar su gasto público lo que fuera necesario para combatir el impacto de la pandemia.
De esta forma, no habrá consecuencias si su déficit público pasara este año o el próximo del nivel máximo del 3% del PIB, lo que en circunstancias normales les habría derivado al Procedimiento de Déficit Excesivo y a un mayor control y vigilancia por parte de Bruselas.
Miedo a un incremento desmedido de gasto y deuda
La principal implicación de suspender las reglas fiscales para este ejercicio y el próximo podría ser un incremento aún mayor del gasto público y, ante la caída prevista de la recaudación, un mayor desfase presupuestario y una desviación aún superior de la deuda pública, que aumenta progresivamente y pronto se instalará en niveles del 120% del PIB.
Este temor, que podría generar desconfianza en los mercados, es lo que ha llevado al Fondo Monetario Internacional (FMI) a recomendar al Gobierno que presente cuanto antes un plan que muestre un compromiso de reducir deuda y déficit tan pronto como se encauce la recuperación económica (previsiblemente no antes de 2022) y poder mandar así un mensaje de calma a los mercados.
España sigue la estela de otros países
Con esta decisión, España se ha sumado a otros muchos países de la UE que han ido activando desde marzo sus cláusulas de escapes nacionales.
En algunos casos como el de Portugal, Francia e Italia, la cláusula de escape se activó de forma automática al estar sus reglas nacionales vinculadas a las de la UE; mientras que otros han tenido que aprobarlo por su cuenta. Es el caso de Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, la República Checa y Rumanía.
Según explica el FMI, algunas cláusulas de escape imponen límites al tiempo en que la política fiscal puede desviarse de las metas establecidas en la regla, y el requisito de que la política fiscal vuelva posteriormente a dichas metas, pero en otros casos como en el de la UE no se establece una fecha concreta de vuelta al cumplimiento y se fija que dependerá de las condiciones.
"Teniendo en cuenta la fuerte incertidumbre, los países deberían elaborar planes basados en su escenario de referencia para la activación de la cláusula de escape. Por ello, es aún más crítico asegurar la plena transparencia del proceso (...) Para lograr un equilibrio entre la flexibilidad y la credibilidad, es crucial someter el proceso al escrutinio externo y a la aprobación parlamentaria", aconsejan.
Al activar estas cláusulas, "es fundamental contar con una estrategia de comunicación bien diseñada a fin de reforzar la credibilidad del marco fiscal y evitar reacciones adversas en los mercados. Esta estrategia debe basarse en mensajes sencillos y claros orientados a informar al público y a los mercados sobre la evolución reciente de la economía".
