El examen a la banca española trascenderá a la mera valoración de su cartera inmobiliaria. Las dudas externas sobre la solvencia del sector financiero nacional ha obligado al Gobierno a ir más allá que recalcular el precio de los activos asociados al ladrillo. En realidad, los bancos españoles serán sometidos a dos pruebas de esfuerzo (test de estrés) por parte de dos expertos independientes, con el objetivo de despejar las dudas sobre lo que hay dentro de sus balances. En estos ejercicios, la cartera crediticia total del sector (inmobiliario junto al resto de préstamos) será sometido a un escenario económico muy negativo, según fuentes de Economía.
Ello conllevará aplicar al volumen total de créditos de la banca mayores caídas en el precio de la vivienda, aumento de las tasas de paro y un mayor castigo en todo tipo de índices macroeconómicos. Un escenario "irreal", como reconoce la documentación del Ministerio, donde el 75% de los activos no problemáticos (92.200 millones) se convertirán en problemáticos, con una cobertura media del 50%.
"El Gobierno no ha tenido margen de maniobra en este decreto porque ha tenido que hacer lo que se le ha pedido desde Bruselas", admiten desde el sector. En Economía, si admiten que el Fondo Monetario Internacional sigue "de cerca" a la banca española, pero defienden que ha sido idea del Gobierno aumentar el examen que imponía Bruselas. "El Eurogrupo sólo pidió la valoración de la cartera inmobiliaria, pero el Gobierno ha sido más agresivo extendiendo el examen a toda la cartera de créditos", aseguran fuentes de Economía.
El resultado de estas pruebas de esfuerzo se conocerá dentro de 3 ó 4 meses, según los cálculos del ministerio que dirige De Guindos. Estos test arrojarán unas necesidades de capital para la banca que el Gobierno estima que ya están contempladas en el nuevo decreto de reforma financiera, aprobado ayer por el Consejo de Ministros.
Esta nueva reglamentación obligará a la banca a provisionar 30.000 millones adicionales a los 53.000 millones que dotó en febrero para iniciar la limpieza del ladrillo, que tendrán que sufragarse a costa de los resultados de las entidades. Esto implicará que la mayor parte del sector entre en pérdidas y tenga que realizar el saneamiento contra recursos propios.
Recapitalización de 40.000 millones para cerrar la reforma
Según los cálculos de Economía, esta nueva limpieza del ladrillo obligará a una recapitalización de 20.000 millones para todo el sector, que se efectuará mediante financiación privada y pública. La cifra se elevará hasta los 40.000 millones si se añade el capital extra que necesitará Bankia para su saneamiento, más los recursos adicionales en las dos entidades que se encuentran actualmente en proceso de venta (Banco de Valencia y Catalunya Caixa) y la más que previsible subasta de Novagalicia.
De esta cifra global de 40.000 millones, el Gobierno estima que las ayudas públicas pueden cifrarse en el entorno de los 15.000 millones, volumen en el que se incluye la recapitalización de Bankia. "Esta cifra aún puede variar en función del resultado de estas pruebas", reconocen fuentes de Economía.
Las entidades que no sean capaces de afrontar estos requerimientos sin entrar en un déficit de recursos propios o de capital principal, tendrán que pedir capital al mercado o, en su defecto, podrán solicitar ayuda al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En concreto, esta ayuda se ejecutará mediante la emisión de bonos convertibles contingentes ("cocos"), que será suscrito por el FROB, también mediante la venta de acciones. Los bancos que vendan "cocos" pagarán al FROB un tipo de interés cercano al 10 %, casi el doble del coste de la financiación del Tesoro al mismo plazo. Las entidades que recurran al FROB, deben devolver la ayuda en cinco años y presentar un plan de reestructuración.
El lunes, comunicación a la CNMV
El sector tendrá que comunicar, a primera hora de lunes, cual es el volumen de provisiones que tendrán que dotar de forma individual con el nuevo decreto. La comunicación se efectuará mediante un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Una de las primeras consecuencias del nuevo decreto se escenifica en los proyectos de fusión que ya estaban encauzados entre BMN, Liberbank, Unicaja e Ibercaja. "Las reglas han cambiado y todo lo que se había hablado y pactado hasta ahora no sirve de nada", admiten desde una de estas cuatro entidades. De hecho, la operación entre BMN y Liberbank, que se encontraba bastante perfilada, puede no llegar a cerrarse.
