Advero Properties, la socimi de viviendas presidida por el exdirectivo de los Laboratorios Diafarm, Pau Corbera, y con el fondo de la gigante de los laboratorios farmacéuticos Reig Jofre (Reig Jofre Investments) entre sus accionistas, ha sido el primer gran tenedor de vivienda en alquiler en España en fijar un umbral ante el mercado de inversores sobre el potencial impacto de la crisis del coronavirus en los ingresos vía inquilinos, una cifra cuya publicación o no es una cuestión "delicada" para importantes operadores del sector consultados por este periódico.
Advero, creada en 2017 a través del fondo Adequity Capital del expresidente de Natraceutical (luego Reig Jofre) Xavier Adserá y cotizada desde finales de 2019 en el Mercado Alternativo Bursátil con un capitalización bursátil de 13 millones de euros (y viviendas por valor de 18 millones), hará público, mediante hecho relevante, cualquier coyuntura que lleve a que la socimi deje de ingresar más de un 30% de las rentas mensuales previstas antes de la crisis.
La empresa alquila en estos momentos viviendas en zonas periféricas (por lo general, otrora pisos vacíos propiedad de bancos) de Barcelona a 84 familias.
"Voluntad de transparencia"
"Como compañía cotizada, queremos ser siempre transparentes con nuestros accionistas. A pesar de que la compañía tiene una posición de tesorería fuerte en estos momentos para poder hacer frente a cualquier impacto que la Covid-19 pudiera tener sobre el negocio, queremos mantener a nuestros accionistas puntualmente informados de la evolución de eventos extraordinarios como el que nos ocupa. El 30% no responde a otra cosa que a esa voluntad de transparencia si el efecto de la pandemia sobre Advero fuera en aumento", responden fuentes cercanas a la socimi en respuesta a Vozpópuli sobre el motivo de la publicación de la cifra.
Según señalan desde Advero, a inicios del corriente mes el 7% de sus inquilinos solicitaron de manera "concreta" aplazamientos totales o parciales de la renta de abril, por la que la socimi esperaba recaudar un total de 47.000 euros entre todos sus inquilinos.
Desde Advero aseguran ahora estar "tratando los casos de manera personalizada". "Deberemos ver en las próximas semanas si requieren extensiones", añaden desde la socimi, participada por Parwing, S.L. (11.63%), Jorge Vera (11.63%), Rimevi, S.L. (11.35%), Reig Jofre Investments, S.L. (8,99%), Riuaran (7,21%), y Ciganga (5,14%), además de socios minoritarios. La empresa ingresó 490.000 euros en rentas en 2019 (frente a los 63.000 de 2018), cerró el último año con un resultado de 65.000 euros y un flujo de caja neto de 155.000 euros.
"Respecto a planes de contingencia que garanticen la solvencia de Advero, esta situación nos ha cogido con una posición de tesorería de 2,2 millones de euros (para la adquisición de nuevos activos), lo cual nos permitiría seguir manteniendo los contratos de mantenimiento de nuestros edificios y nuestra estructura organizativa, a la vez que atender los compromisos de repago de deuda, durante más de tres años aún si nuestros ingresos cayeran al 100%", señalan desde Advero. "Es voluntad de Advero poder mantener activos todos los contratos con nuestros proveedores de servicios, no solo para seguir ofreciendo un buen servicio a nuestros residentes, si no también para proteger, en la medida que esté en nuestras manos, los puestos de trabajo en nuestras empresas subcontratadas".
El contexto de grandes tenedores
El Real Decreto anti-desahucios aprobado por el Gobierno obliga a los grandes tenedores (diez o más viviendas en alquiler) a, frente un inquilino que acredite vulnerabilidad económica sobrevenida por la Covid-19, elegir entre una moratoria de las rentas de hasta cuatro meses a devolver en tres años sin intereses o condonar el 50% de la renta de hasta cuatro meses.
Dicho decreto prevé, paralelamente, un programa de préstamos a interés cero a inquilinos (y de ayudas directas para quienes tengan dificultades para devolverlos), aunque no deja claro qué sucede si los grandes propietarios no cumplen con lo que se les impone. El Gobierno, además, previa redacción jurídica "ambigua" que algunos han considerado una puerta abierta a posibles expropiaciones, se ha comprometido a buscar y pagar vivienda en alquiler del mercado privado para atender la necesidad inmediata de un techo de colectivos vulnerables.
Antes del decreto general antidesahucios, el sentir general de los grandes operadores del mercado era favorable a acceder a moratorias, aunque distintas fuentes del sector matizaban que, pasados dos-tres meses, muchos operadores precisarían ayudas públicas para continuar con esos planes.
