Las aerolíneas podrían tener un problema añadido a la crisis financiera que les ha provocado el coronavirus: la obligación de pagar más de lo que deberían por sus emisiones de CO2 tras el impacto de la pandemia. A partir de 2021 se comenzarán a aplicar las normas de programa CORSIA, ideado por el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y asumido ya por 82 países entre los que se encuentra España, para reducir y compensar estas emisiones en los vuelos internacionales.
Aunque el programa entrará en vigor el próximo año -y se extenderá hasta 2035-, las aerolíneas deberán informar de sus niveles de contaminación en los dos años previos (2019-2020), estableciéndose como una emisión máxima de combustible por kilómetro de vuelo que no debe superarse o tendrán que pagar compensaciones económicas. Es sobre este punto sobre el que radica el daño colateral al sector: el umbral mínimo de referencia estará previsiblemente más bajo de lo esperado por la prácticamente inactividad de las aerolíneas durante al menos marzo y abril de este año.
Los aviones de la mayoría de las aerolíneas descansan en tierra hasta nuevo aviso. Prácticamente todas las compañías han cancelado sus operaciones y han anunciado despidos temporales ante las restricciones que los diferentes países están imponiendo a los turistas por el riesgo del Covid-19. Apenas cuentan con un porcentaje mínimo de vuelos para mantener la conectividad aérea y desconocen aún cuándo volverán a la normalidad.
La patronal aérea IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) ya ha calculado que en estos meses y hasta junio se cancelarán un total de 420.000 vuelos, con unas pérdidas económicas de 113.000 millones de dólares. Una situación imprevisible e inédita para las compañías aéreas, que ahora buscan oxígeno financiero para sobrevivir a la crisis. De ellas no depende participar o no en CORSIA que tendrá comienzo el año que viene, sino de los Estados que ya han dado luz verde a la OACI.
82 países involucrados
España, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Suecia, México, Japón, Emiratos Árabes Unidos o República Dominicana son sólo algunos ejemplos de la larga lista de países que tienen la intención de participar voluntariamente en el citado programa y que representan el 76,64% de la actividad de aviación internacional.
El socio del despacho de abogados Dentons Risteard de Paor explica en conversaciones con Vozpópuli que "cuando los 82 Estados aceptaron el programa, no estaban contando con la pandemia, que ha reducido de manera muy significativa el volumen de vuelos que se realizan a nivel mundial. En este sentido, la base mínima que se establecerá será artificialmente baja y eso es un problema para las compañías aéreas, que tendrán que compensar más de lo previsto".
Sin embargo, Risteard de Paor apunta que una de las potenciales soluciones es que se flexibilicen los requisitos de CORSIA, una posibilidad que las aerolíneas ya contemplan. "El 2020 va a ser un año excepcional, con una caída del tráfico aéreo sin precedentes a nivel mundial, así que la pregunta es si se tomará de base este año o se reformulará esta cuestión", apuntan fuentes del sector.
El experto asegura que esta cuestión estará "muy presente" después de la crisis y pone como ejemplo el caso de Estados Unidos, donde las aerolíneas han solicitado un paquete de ayudas de 50.000 millones de dólares y varios miembros del Congreso han dejado claro que éstas tendrán que estar vinculadas con el programa para reducir las emisiones. La industria aérea se ha marcado como objetivo el crecimiento neutro en carbono a partir de 2020 y un recorte del 50% en las emisiones de CO2 para el año 2050, y tendrá que encontrar la manera de cumplir su compromiso.
