El Gobierno calcula que las autopistas rescatadas requieren inversiones de, al menos, 317,6 millones de euros hasta 2022, tanto para su puesta a punto como para hacer frente a nuevas actuaciones, según la memoria que acompaña al nuevo esquema tarifario que hoy publica el Boletín Oficial del Estado.
La resolución establece las mismas tarifas para las nueve vías, con rebajas medidas del 30% respecto a los actuales peajes, así como extender a todas su gratuidad entre las 0:00 y las 6.00 horas.
Además, fija bonificaciones para los usuarios que paguen con dispositivos electrónicos (Tag), con descuentos en las tarifas del 18% en el caso de vehículos ligeros y del 10 % en el de los pesados.
Se fijan bonificaciones para los usuarios que paguen con dispositivos electrónicos, con descuentos en las tarifas del 18% en el caso de vehículos ligeros y del 10 % en el de los pesados
Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 15 de enero en las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la M-12 (Eje Aeropuerto), la Circunvalación de Alicante, la AP-7 (Cartagena-Vera) y la AP-36 (Ocaña-La Roda), que han revertido al Estado a lo largo de 2018.
En el caso de la AP-41, que discurre entre Madrid y Toledo, será de aplicación cuando pase a ser gestionada por la Administración a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt).
Cálculos según Ineco
Tras asumir la gestión de estas carreteras, Fomentó encargó auditar su estado a Ineco que, a falta de incluir los datos correspondientes a la AP-41, estima que habrá que invertir 317,6 millones de euros, principalmente para su "puesta a cero", es decir, para que recuperen los estándares adecuados.
Estas inversiones, cifradas en unos 300 millones sin IVA, tenían que haber sido acometidas por cada sociedad concesionaria "con carácter previo a la reversión al Estado", añade el documento, que señala que una vez llevadas a cabo, se deberá diseñar un nuevo esquema de tarifas de cara a la relicitación de estas vías.
Ese nuevo esquema deberá tener en cuenta el valor pendiente de amortizar de las infraestructuras, que será determinado en los procesos administrativos correspondientes a la liquidación de los contratos de concesión.
Según fuentes de Fomento, todavía no se ha calculado a cuánto se elevará la conocida como Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) o lo que es lo mismo, la cantidad que el Estado deberá pagar a los dueños de las concesionarias, en su mayoría fondos que compraron su deuda, por la inversión que se hizo en su día para construir las carreteras y que quedó pendiente de amortizar.
