El descontento de los socios de Pedro Sánchez con el aval del 20% de la hipoteca, una medida que han propuesto el PP y los bancos, ha estallado este martes en forma de declaraciones en el Congreso, pero no tendrá mayor efecto. La iniciativa, anunciada por Sánchez el domingo, no se incluye en la Ley de Vivienda y sólo necesita de su aprobación por el Consejo de Ministros.
Algunos de los portavoces de las formaciones que sustentan al Gobierno ha amagado con votar en contra de la propuesta en la Ley de Vivienda. De hecho hasta el propio portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dado a entender en rueda de prensa que la iniciativa se enmarcaba en la Ley, que vota la semana que viene el Pleno del Senado.
O que debía en cualquier caso votarse en las Cortes. "Cuando llegue al Congreso, hablamos", ha planteado López.
Sin embargo, fuentes del Grupo Parlamentario aclaraban poco después que la medida no iba a pasar por las Cámaras, como luego refrendó el Ministerio de Transportes tras su aprobación en el Consejo de Ministros. A pesar de la oposición de los ministros de Podemos.
Poco antes, López salía en su defensa y negaba que se trate de una iniciativa a propuesta del sector bancario, como habían asegurado Podemos y su secretaria general, la ministra Ione Belarra."Estoy convencido de que la presidenta del Banco Santander (Ana Botín) no forma parte de los gurús de cabecera de este Gobierno", ha dicho.
Y es que se trata de una medida que beneficia a los bancos, con los que el Gobierno compartirá hasta el 20% del riesgo de la totalidad del principal de cada hipoteca en igualdad de condiciones. Si la vivienda a adquirir dispone de una calificación energética mínima D o superior, el Ministerio de Transportes podrá avalar hasta el 25% del principal del préstamo.
La medida ha generado críticas de ERC, EH Bildu, Más País, Unidas Podemos, la CUP y BNG porque creen que tendrá un efecto nocivo para el mercado inmobiliario y terminarán inflándose los precios de la vivienda.
Sobre la ayuda que supone a los bancos, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha dicho que se trata de una medida "que la derecha aplaude" y es "contraria al interés general".
Por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha instado plantear directamente una nueva ley hipotecaria para poner "límites a la banca". Y es que, a su juicio, "más que avales", la gente "necesita un acceso real a una vivienda pública o a un precio adecuado, y no a precio de Palacio".
Este lunes, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ya había criticado la propuesta. "Que el Estado funcione como avalista para la compra de vivienda de aquellos que ya se lo pueden permitir es una transferencia de dinero público a manos privadas", llegó a decir.
La portavoz de la CUP, Mireia Vehí, ha planteado este martes que constituye "una transferencia directa del Estado al capital privado", y ha resaltado que Reino Unido puso en marcha una medida similar que implicó que los precios de la vivienda aumentaran. Desde el Grupo Socialista y el Gobierno se ha asegurado que no pueden compararse las medidas por haberla puesto en práctica en Reino Unido un Gobierno conservador.
Una vez que el Consejo de Ministros ha avalado los avales, queda pendiente que el mismo cónclave vuelva a dar el visto bueno al convenio que los desarrollará, que el Ministerio de Transportes y el ICO firmarán. Se podrán adherir las financieras que operan en las Líneas de Mediación del ICO y los potenciales beneficiarios podrán solicitar el aval a través de dichas entidades.
El periodo para formalizar las hipotecas que se acojan a esta línea de avales finalizará el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga de dos años en función de la demanda y las circunstancias económicas.
El préstamo a avalar con la Línea podrá ser de hasta el 100% del menor valor entre el de tasación y el precio de compra de la vivienda y el coste del aval otorgado por el Ministerio será asumido por la entidad de crédito.
Se detallará un límite máximo del precio de la vivienda que se puede avalar y que será diferente en función de las comunidades autónomas, "porque no es el mismo precio de venta en Madrid que en Castilla y León, por ejemplo, en Zamora", ha planteado la ministra de Transportes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Fuentes del Ministerio han aludido a precios estimados de 170.000 euros. En alusión a que el importe máximo de las hipotecas avalables por el Estado será de unos 170.000 euros, sujetos a diferencias entre comunidades. La cifra encaja con el 100% sobre los 143.000 euros de una hipoteca promedio (80% del valor del inmueble) en la actualidad, atendiendo al INE.
El plazo del aval otorgado por Transportes será por un máximo de 10 años con independencia del plazo de amortización del préstamo y de la existencia o no de periodo de carencia, lo que da seguridad a la banca sobre la potencial recuperación del dinero: el tiempo con respaldo público equivale a un tercio de la vida promedio de este tipo de préstamos.
El resto de las condiciones financieras se establecerán en el contrato de aval a formalizar entre el ICO y las entidades de crédito, de acuerdo con lo regulado en el Convenio a formalizar entre el ICO y el Ministerio.
Aire al negocio bancario
La política de riesgos de los bancos limita al 80% el tope para financiar la adquisición de una vivienda. Los reguladores y supervisores consideran que se trata del umbral de prudencia para garantizar que los hipotecados devuelven el crédito tras dar una entrada de al menos el 20%. Incluso hay entidades que son más estrictas y fijan un techo del 60% de la hipoteca a financiar, aunque siempre depende del perfil de riesgo del cliente.
Se pone de ejemplo como una mala praxis del sector durante el boom inmobiliario previo a la crisis financiera de 2008 que la cantidad que se financiaba alcanzara el 100% del valor del piso. Esta práctica estuvo muy extendida sobre todo entre las cajas de ahorros.
La medida del Gobierno llega en un momento en el que el sector asume un deterioro del negocio hipotecario para 2023. Las siete subidas de tipos hasta el 3,75%, máximos de los últimos 15 años, y la escasez de demanda solvente provocarán un desplome de la concesión de hipotecas de entre el 25% y el 35%, según estimaciones de BBVA y CaixaBank, dos bancos con un perfil muy hipotecario en España. Los avales del ICO insuflarán de esta manera aire al negocio bancario al elevar el universo potencial de solicitantes solventes.
Con la iniciativa ganarán, en suma, los bancos, y por dos vías: podrán colocar más hipotecas en un momento en el que la demanda está cayendo en un 15% intertrimestral, y podrán ganar más dinero a largo plazo por el importe que cobraban ahora a la entrada mediante los intereses. Esto último, en un momento en el que los tipos de interés rondan el 4%, el máximo de los últimos quince años.
